Avanzan los juicios a dos comunidades mapuches por usurpar predios públicos y privados en Río Negro

Los integrantes de las comunidades mapuches Lof Quemquemtreu y Lafken Winkul Mapu afrontan procesos judiciales en Bariloche por usurpar tierras públicas y privadas en la provincia de Río Negro. La primera de ellas aún sostiene la presencia en el territorio en conflicto. Los abogados de la segunda anticipan un fallo desfavorable para sus defendidos: “La sentencia está firmada”, aseguran.

El primero de los procesos comenzó el lunes pasado e involucra a la Lof Quemquemtreu, mientras que desde este jueves la Justicia Federal iniciará el proceso para juzgar a siete mujeres, integrantes de la Lafken Winkul Mapu por la usurpación de tierras pertenecientes a Parques Nacionales, ubicadas en Villa Mascardi.

La primera de ellas enfrenta un juicio por usurpación, tras la denuncia que presentó el poseedor de las tierras. El grupo permanece en el predio, al que ingresó de forma intempestiva.

Los integrantes de la agrupación Lof Quemquemtreu ocupan el banquillo de los acusados por la usurpación que protagonizaron en septiembre de 2021 y que mantienen actualmente en un campo ubicado entre Bariloche y El Bolsón, al que ingresaron como parte de una supuesta recuperación ancestral.

El juicio oral comenzó este lunes y los siete imputados en la causa siguieron con atención las exposiciones de quienes estuvieron al frente del operativo y del inicio del proceso judicial.

El argumento mapuche es la preexistencia en el territorio de sus ancestros, aunque desde el inicio de la usurpación careció de sustento técnico para demostrarlo. En las próximas jornadas, testigos de la defensa intentarán convencer a los jueces sobre los derechos que tienen sobre el predio en litigio y, al mismo tiempo, poner en duda la figura del querellante como titular del lugar.

Las tierras en conflicto están ubicadas en el paraje Cuesta del Ternero, sobre la ruta provincial 6, entre Bariloche y El Bolsón. Rolando Rocco, en la figura de querellante, es un empresario que explota forestalmente el campo usurpado y, según su presentación durante la primera jornada del juicio, lo adquirió en 1984 aunque nunca lo escrituró.

Los imputados aseguran que las tierras pertenecen al estado rionegrino y el denunciante es “apenas un concesionario”. Cuando ingresaron en 2021, aseguran, el campo “estaba abandonado”, dato que fue desmentido por el empresario.

El gobierno rionegrino se mantuvo al margen del conflicto. Antes del juicio, los denunciados acudieron al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck para solicitarle la creación de una mesa de diálogo, con la idea de intentar una solución alternativa al conflicto, alejada de los tribunales. La estrategia fracasó.

Cuando ingresaron a la propiedad, los integrantes de la Lof Quemquemtreu emplearon métodos violentos para sostener la usurpación. Enfrentaron a efectivos policiales, intimidaron al fiscal de la causa Francisco Arrien, cortaron rutas nacionales y protagonizaron numerosos incidentes.

Sin embargo, desde ese momento, elevaron bandera blanca y convivieron en la misma tierra con el empresario forestal. Ellos se ubicaron en un cuadro de 10 hectáreas y Rocco pudo seguir explotando, parcialmente, la madera del campo. La tregua llegó a su fin y la querella decidió seguir adelante con el juicio por usurpación, en la que siete de los mapuches figuran como imputados.

Durante el juicio, los fiscales sostendrán la orden de desalojo que solicitaron y que se ejecutó seis días después del inicio de la usurpación, cuando se ordenó la restitución del lugar al damnificado. En la ocasión, cuatro de los integrantes de la agrupación fueron procesados.

En ese mismo campo, en noviembre de 2021 – cuando la ocupación ilegal llevaba 2 meses – fue asesinado Elías Garay, integrante de la comunidad, quien fue baleado por dos socios comerciales de Rocco. Diego Ravasio, socio del demandante, fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio.

Los acusados son Mauro Vargas, Ariadna Mansilla Cedrón, Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas, Alejandro Morón y Romina Jones.

El testimonio central de la segunda jornada fue del retirado comisario general Osvaldo Tellería, en ese momento jefe de la Policía de Río Negro, quien coordinó las primeras diligencias policiales, y luego el enorme movimiento de efectivos, grupos, móviles, equipos y recursos que demandó la situación. Todo a cargo del juez Ricardo Calcagno y los fiscales Francisco Arrien (El Bolsón) y Betiana Minor (Bariloche), además de otros funcionarios judiciales.

La violenta agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu, responsable de la usurpación en el paraje Villa Mascardi – a 35 kilómetros de Bariloche – será enjuiciada desde este jueves en Bariloche.

Las audiencias se realizarán en dependencias de Gendarmería Nacional, con acceso restringido. Siete mujeres que forman parte de la agrupación están imputadas en la causa, que comenzó en 2017, con la irrupción en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales.

La anulación de un acuerdo que alcanzó la gestión del ex presidente Alberto Fernández, a partir del planteo que encabezó Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales, dio lugar a las audiencias, que se extenderán hasta el próximo lunes.

El pacto frustrado que impulsó el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, contemplaba el regreso de la comunidad a las tierras públicas en conflicto. El Estado, además, se había comprometido a construir viviendas en el territorio y a ceder otro espacio de 10 hectáreas para la instalación de una parte del grupo.

Siete mujeres, entre quienes está la autoridad espiritual de la comunidad, Betiana Colhuan, ocuparán los banquillos de los acusados. Junto a ella fueron imputadas María Nahuel, Luciana Jaramillo, Yessica Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Tapia y Cristian Colhuan.

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina ejercerá la defensa de las acusadas. En la víspera del inicio del juicio, los abogados aseguraron que “la sentencia ya está cerrada” y anticipan un fallo adverso luego de las audiencias.

Laura Tafettani, secretaria general de la Gremial, aseguró que la entidad defendió siempre la idea que este tipo de conflictos se resuelve “fuera de los ámbitos penales”. Atribuyó la violencia del conflicto a la respuesta del Estado para intentar resolverlo, aunque omitió mencionar los hechos vandálicos que se le atribuyen a la Lafken Winkul Mapu como los ataques vandálicos e incendiarios, los ataques a turistas e incluso a las fuerzas de seguridad.

“Llegamos a lo que siempre se buscó, y es la condena” de los mapuches, y aseguró que “esa condena ya está escrita”.

Gustavo Franquet, otro de los integrantes de la Gremial, adelantó que es un juicio “de alto contenido simbólico y político”. Mencionó que la delegación de la parte acusadora está integrada por funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación, por entender que en el juicio “está en juego la soberanía nacional”.

“Si existe una sentencia condenatoria, estaríamos ante una clara violación de los tratados internacionales firmados por Argentina”, sostuvo.

El presidente de Parques Nacionales confirmó su participación en el proceso. La postura del organismo que conduce es “evitar cualquier pacto posible con quienes desconocen al Estado Argentino como tal y emplean métodos violentos para llevar a cabo sus reclamos territoriales”.