El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.

Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Antonio Russo, la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.

Como publicó Infobae, la decisión, anticipada de manera exclusiva a este medio por el abogado Spagnuolo, se tomó después de conocerse los primeros resultados de una auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, que detectaron “inconsistencias alarmantes”. Por ejemplo, el 57% de este tipo de pensiones otorgadas en CABA por el gobierno anterior son “truchas”. En la ciudad balnearia, ese porcentaje subió al 80%.

Según el director de la ANDIS, la auditoría llevada adelante por su área, y que fue ordenada por Javier Milei, revela un “escandaloso negocio con la discapacidad” que “representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”. “Hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”.

Desde la Casa Rosada explicaron a este medio que: “Se hace referencia a decretos anteriores que habían ampliado los criterios de acceso a la pensión modificando discrecionalmente el espíritu de la ley. Estas modificaciones, con fines de utilizarlo como clientelismo político, resultaron en desvío de fondos del Estado vulnerando los derechos de las personas destinadas a esta ayuda” y argumentaron que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.

Una primera auditoría y análisis de documentación determinó que: “El Gobierno Nacional se encontró con un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, imposible de auditar y muy susceptible al fraude”. También que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, un hecho que se contraponía con acciones políticas en plena campaña electoral, cuando se otorgaba el beneficio en menos de tres meses a personas que no tenían discapacidad, no eran vulnerables y hasta eran empleados municipales en distritos gobernados por el anterior oficialismo.

“Las pensiones durante el kirchnerismo estuvieron al servicio de la política ya que se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos, principalmente con intendentes y gobernadores. Durante este tiempo han recibido pensiones personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad. Muchos de ellos, incluso, trabajaban”, anunció el gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

De hecho, en su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada, Adorni mostró que un médico había firmado, como argumento para la obtención del beneficio, una presunta lesión de un paciente, introduciendo en el legajo la radiografía de un perro. Una demostración de la falta de control que operaba. Varios médicos y directores de hospitales están procesados por firmar certificados apócrifos.

El nuevo decreto establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
• No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
• Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
• Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.

“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.

Las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan.

Entre los puntos más destacados, los funcionarios nacionales derogaron “los decretos que habían flexibilizado discrecionalmente los criterios de acceso a la pensión, volviendo a los lineamientos originales, al núcleo duro y fundamental de la ley”. En el artículo 1° se establece que para acceder a la pensión se requiere “incapacidad total y permanente” y detalla que: “Se presume que la incapacidad es total si hay una disminución del 66% o más en la capacidad laboral. Se requiere de Certificado Médico Oficial (CMO) y documentación médica respaldatoria”.

Entre 2003 y 2015 la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número tan alto que ni siquiera existe antecedente en países que han sufrido guerras mundiales. En la actualidad, los beneficiarios superan los 1.250.000.

El Decreto 843/2024 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Antonio Russo, argumenta que las flexibilizaciones introducidas por la gestión del Frente de Todos “además de desvirtuar la esencia de la pensión concebida en la ley mencionada, generan el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición, dilapidando con ello los recursos del Estado”.

También argumenta: “Resulta necesario restablecer los requisitos de encontrarse incapacitado en forma total y permanente y de no poseer un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente para poder acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez”.

Y sostiene: “Una de las premisas del Estado Nacional es lograr la máxima eficiencia en la administración de los recursos públicos para lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de todas las personas que habitan el territorio argentino”.

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios —sobre 29.000— contactados en CABA, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”. La falta de contacto con muchos de estos beneficiados con pensiones no contributivas por discapacidad laboral obligará a las autoridades nacionales a “una segunda citación a través de diversos medios, incluyendo cartas documento y correos electrónicos”.

La revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizado con los peritos médicos arrojaron como resultado que: “Muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”. De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. De los exactamente 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, es decir el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Es decir que, por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la primera ronda de auditorías en la provincia de Buenos Aires —sobre 300.000—, se citaron 900 pensionados que viven en la ciudad de Mar del Plata. De ellos, 180, esto es un 21%, no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumple con los requisitos, como tener una discapacidad o no tener un empleo. De ese total, el 13% “carece de la documentación necesaria”.

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS, “son los más alarmantes” y que, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.

Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.

En diálogo con Infobae, Diego Spagnuolo explicó que: “Las auditorías continúan y los resultados serán informados a la Fiscalía que lleva la causa penal en trámite”. Se refiere a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan y que instruye su colega Gerardo Pollicita.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes, incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023. Entre las personas que accedieron a esa pensión se encontraban presos que no tenían ninguna discapacidad.

Sobre este tema, el fiscal Marijuan afirmó en su denuncia: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobadas en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Un alto funcionario del Gobierno le dijo a este medio: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.

Para Spagnuolo, “este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a estas prestaciones”. El abogado del presidente Javier Milei recordó que su gestión frente a la ANDIS “avanza en pos de la transparencia y justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso” y aseguró que “no se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda”, pero que sí lo perderán “aquellas personas a las que les fue otorgado de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.

Al día de hoy, existen 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Dentro de ellas, las auditorías parciales también revelaron:

• 100.000 niños cobrando la pensión
• 25.000 personas que trabajan
• 60.000 con incompatibilidad de requisitos (entre los que encontramos gente con más de 1 auto, más de 1 casa, con barcos, aviones, gente que probablemente se fue del país, entre otras cosas)
• 30.000 extranjeros de los que no sabemos si fue corroborada su condición de residencia y radicación, y otros de los que no tenemos datos y estamos investigando.

“Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”, cerró Spagnuolo.