El Gobierno de La Libertad Avanza continúa con las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Los primeros distritos compulsados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en este caso, se comenzó con la balnearia ciudad de Mar del Plata. Los resultados a los que accedió este medio revelan, según las palabras de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), “un esquema de corrupción” a través del que representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año.

Según la documentación a la que accedió Infobae, las autoridades nacionales iniciaron una batería de auditorías en agosto. En esta primera etapa abarca a casi 29.000 pensionados que viven en CABA y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Las provincias de Chaco, Jujuy y Salta, que suman alrededor de 175.000 pensiones, serán las siguientes en ser investigadas.

Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”. La falta de contacto con muchos de estos beneficiados con pensiones no contributivas por discapacidad laboral obligará a las autoridades nacionales a “una segunda citación a través de diversos medios, incluyendo cartas documento y correos electrónicos”.

La revisión de los expedientes y el chequeo de cada caso personal realizados con los peritos médicos arrojaron como resultado que “muchos de ellos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”. De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la primera ronda de auditorías en la provincia de Buenos Aires, se citaron 900 pensionados que viven en la ciudad de Mar del Plata. De ellos, 180, esto es un 21%, no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo. De ese total, el 13% “carece de la documentación necesaria”.

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.

Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.

“Los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”, le anticipó a este medio el titular de la ANDIS, y explicó: “La falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un desvío de fondos estimados entre $1.200 y $2.000 millones de dólares al año”. Spagnuolo también agregó que “las auditorías continúan, y los resultados serán informados a la Fiscalía que lleva la causa penal en trámite”.

Se refiere a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan y que instruye su colega Gerardo Pollicita. Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023, entre las personas que accedieron a esa pensión fueron presos que no tenían ninguna discapacidad.

Sobre este tema, el fiscal Marijuan, afirmó en su denuncia: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobado en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Un alto funcionario del Gobierno le dijo a este medio: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que estos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.

Para Spagnuolo, “este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el objetivo de garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a estas prestaciones”. El abogado del presidente Javier Milei recordó que su gestión frente a la ANDIS “avanza en pos de la transparencia y justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso” y aseguró que “no se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda”, pero que sí lo perderán “aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones”.