La decisión del gobierno nacional de impedir que los municipios cobren tasas a través de las boletas de luz y gas generó revuelo. Es que el sistema de regulación de los servicios es diferente en uno y otro caso. En electricidad, la Nación mantiene el control del área que perteneció hasta los ‘90 a Segba. Pero cada provincia regula la prestación de este servicio en su jurisdicción. No ocurre lo mismo con el gas, que está regulado por el Estado federal.
La pregunta de qué hacer ante la normativa emitida por el Ministerio de Economía de la Nación obligó a las autoridades de los estados del litoral argentino a repasar su situación. Cada uno tiene una realidad distinta, pero existen coincidencias normativas que harían superflua la resolución 267.
El foco está puesto en la electricidad, ya que Misiones y Corrientes no hay desarrollo de gasoductos. En el último caso, sólo cuatro ciudades cuentan con acceso al fluido a través de la red que va al Brasil. Por el contrario, Entre Ríos sí posee una red gasífera propia. Fue construida con los fondos de la privatización de la compañía eléctrica en los ‘90, durante la gestión del justicialista Jorge Busti.
En la tierra colorada
La provincia tiene una empresa estatal como prestataria del servicio eléctrico: Energía de Misiones. También existen cooperativas que actúan como distribuidoras en varias localidades.
Desde el año 1995, una y otras están reguladas por la Ley X N° 17. En su artículo 55° inciso 7mo, la norma especifica: “Las facturas por suministro de energía y potencia no podrán incluir ningún otro concepto ajeno al servicio de suministro eléctrico, ni aún en caso de expreso consentimiento del usuario”.
Esta normativa, en definitiva, se adelantó a la normativa nacional y obturó el cobro de otros tributos o cargas a través de la boleta de luz.
En el Gobierno misionero indicaron ante la consulta de este medio que en la provincia no se cobra otro concepto que no sea electricidad en la factura. Por eso, entienden que la resolución 267 “no nos afecta”.
En Corrientes la situación es parecida. Pablo Cuenca, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), fue taxativo: “Acá no tenemos ese problema”, dijo ante la consulta de Infobae sobre cómo ordenarían el cobro de tasas municipales en la factura eléctrica.
En la Provincia hay una distribuidora estatal. Se trata de la Dirección de Energía de Corrientes. Atiende el 95% de la demanda. También existen cuatro cooperativas que cubren la zona rural.
El servicio eléctrico está regulado desde 1983 por la ley 3.840. Esa norma solo habilita el cobro del alumbrado público a través de la boleta de energía. “Nuestra factura está limpia de cargas municipales. Solo tiene IVA”, reseñó Cuenca.
La queja de los correntinos pasa por otro lado. Sin acceso al gas natural, subsidian el consumo de las “zonas frías” de la Argentina con un sobrecargo que pagan en las garrafas. Es por una ley que amplió el área de cobertura, impulsada por Máximo Kirchner durante el mandato de Alberto Fernández.
En Entre Ríos la situación no está tan clara. La Provincia tiene una distribuidora controlada por el Estado y varias cooperativas en áreas importantes, como las ciudades de Concordia y Gualeguaychú.
Para analizar la situación planteada por la 267, el gobernador Rogelio Frigerio reunió el martes a los intendentes de toda la provincia. Hubo dos conclusiones del encuentro. El primero fue solicitar al gobierno nacional que extienda el plazo de adecuación que fijó la resolución de Economía de 30 a 120 días. El segundo, crear una comisión integrada por tres intendentes de cada espacio político (Juntos por Entre Ríos, el PJ y el vecinalismo) para analizar la cuestión.
De igual modo, en el gobierno provincial deslizan que la boleta de luz en la provincia sólo incluye dos tasas municipales: alumbrado público y uso del espacio público. Ambas estarían dentro de los límites que fija la 267. La norma puntualiza que las facturas “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”. En la interpretación que se hace sottovoce, ambas tasas cumplirían con ese requisito.
“El tema tiene muchas aristas distintas que deben ser atendidas con la correspondiente particularidad”, graficó un vocero de la gestión entrerriana.
“Vamos a armar varios planes pensando en todos los escenarios. Pero hay que hacerlo en articulación con los municipios, naturalmente. Es un tema muy importante para dejar algún escenario sin un plan acorde”, precisó.
Rosario Romero, intendenta de Paraná y presidenta de la Liga de Intendentes del PJ, avaló esta postura. “Cómo es propio de los ámbitos democráticos, entendemos que las líneas de acción entre provincia y municipios requieren un trabajo conjunto de gestión, reconociendo nuestros distintos puntos de vista y la escasez de recursos”, expresó.
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