Luego de tironeos en el Gobierno, avanza la reglamentación de la reforma laboral con un cambio clave sobre los bloqueos

Desde hace dos semanas se anuncia como inminente la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la reforma laboral, pero seguía trabado en los despachos oficiales y recién este martes se activó el expediente formal para la norma sea firmada, por lo que ahora sí saldría en los próximos días. ¿Por qué estaba demorado? Fuentes oficiales, sindicales y empresariales coincidieron en que el motivo era el fuerte tironeo en el Gobierno entre un sector que quería aceptar los cambios que pedía la CGT en el decreto y otro que rechazaba la presión del sindicalismo.

El origen de la controversia dentro de la administración libertaria fue el artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas al considerar que representan una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado. Ese punto constituye un fuerte golpe contra gremios como Camioneros que utilizan habitualmente esta polémica modalidad de protesta, pero el sector dialoguista de la CGT, necesitado de tener el apoyo de Hugo y Pablo Moyano, reclamó hace semanas al Gobierno que este artículo fuera atenuado a través de la reglamentación.

En las últimas semanas, los que no se ponían de acuerdo sobre el tema eran Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, partidario de conformar a la CGT en la reglamentación de la reforma laboral, y el ala dura que encarna Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que buscaba que la redacción final del decreto mantuviera la misma firmeza original.

El artículo que divide al Gobierno, en realidad, lo que hace es incorporar al bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un empresario pueda denunciar y gestionar la cesantía de un empleado que bloquea sin pagar la indemnización, aunque esa resolución después tendrá que ser dirimida por un juez. Lo que exigía la CGT era quitarle al empleador la facultad de despedir previamente al trabajador que bloquea una empresa y obligarlo a presentarse primero ante la Justicia para hacer ese pedido.

Uno de los negociadores de la CGT admitió a Infobae que “lo que se estuvo hablando con el Gobierno es un procedimiento judicial previo para que el juez determine si hay injuria grave en los casos de bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador”. Agregó: “Es similar al procedimiento previo que existe para el desafuero de un delegado, donde existe una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional”.

Ese cambio era rechazado por los empresarios. “Es inaceptable porque desnaturalizaría la figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo”, advirtieron en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde había alarma: el procedimiento por el que presionaba la CGT en la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases le hubiera dado a la Justicia del Trabajo, un poder clave para avalar o no los despidos por bloqueos, y ese fuero, coinciden en el sector empleador, está influenciado por el kirchnerismo y suele dictar fallos adversos a los empresarios.

A Cordero le llegaron sugerencias de entidades empresariales y de la diputada del PRO Verónica Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), para reglamentar el polémico artículo con más rigor hacia los sindicatos. “Una vez constatado el bloqueo, y si luego del preaviso (el responsable del bloqueo) no se depone la acción, el empleador queda habilitado para despedir con justa causa a los empleados intervinientes en el bloqueo que no hayan desistido luego del preaviso”, fue la propuesta de las actuales autoridades del MEAB, encabezadas por Juan Méndez.

Los planteos sindicales y empresariales sobre la reglamentación pusieron en aprietos a Cordero, un abanderado del diálogo cuyo objetivo fue que el texto del decreto pudiera consensuarse entre las partes. Pero Santiago Caputo apuntaló la posición de la CGT y Sturzenegger se resistió a convalidar esa modificación del artículo “anti-bloqueos” en contra del empresariado. Hasta el viernes pasado, los dirigentes cegetistas que viajaron al Vaticano para ver al Papa estaban convencidos de que el Gobierno había aceptado su pedido, pero admitían que no tenían garantías sobre la redacción final. “Creo que ordenamos el capítulo laboral. La reglamentación no desprotegerá la libertad sindical ni los derechos fundamentales del trabajo. Pero veremos cómo queda”, dijo a Infobae un jefe de la CGT.

Mientras los tironeos oficiales estaban en su apogeo, en la Secretaría de Trabajo idearon una “alternativa intermedia” para evitar las quejas de cualquiera de los sectores involucrados: no reglamentar el artículo en cuestión. La variante es la “más ecuánime”, como dicen en el entorno de Cordero, para salir de la encerrona entre la versión suavizada de la CGT y la más dura del empresariado. Y, admiten en la Casa Rosada, será la que terminaría plasmada en el decreto reglamentario.

En la práctica, una resolución con sabor a derrota para la CGT y los Moyano, agravada incluso porque ya rige el protocolo de actuación ante los bloqueos que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que apunta de lleno contra quienes bloquean una empresa: fija la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que recabarán pruebas sobre el desarrollo de la protesta, que incluirán la identificación de los responsables con el fin de su “inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal”. También facilita a los empresarios la denuncia oficial de los bloqueos mediante una línea telefónica, WhatsApp o mail.

Desde hace meses que el tema de los bloqueos sufre los zigzagueos del Gobierno. Cuando la Ley Bases se debatió en la Cámara de Diputados, el capítulo laboral de 58 artículos sufrió una drástica poda en busca de mayor consenso político, en una jugada piloteada por el oficialismo y motorizada desde el Congreso por el diputado Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos, quien logró imponer una consigna entre sus colegas: “No incluir nada que afecte a la CGT”. Así, 42 artículos quedaron afuera del proyecto para no irritar a los gremialistas y, entre ellos, uno que modificaba el Código Penal para fijar penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.

En su afán de facilitar la sanción de la ley, el Gobierno ya había aceptado aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción sería reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, antes de ser suprimido, en el último borrador de la modernización laboral que iba a tratar la Cámara Baja, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció el artículo que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. Pero este último punto fue añadido en la Ley Bases por iniciativa del bloque de la UCR en el Senado y activó las alarmas en Camioneros, uno de los principales gremios que adoptó los bloqueos como una marca registrada.

Las últimas señales del Gobierno hacia los sindicalistas fueron de una mayor intransigencia, como quedó demostrado, por ejemplo, en el conflicto en Aerolíneas Argentinas y la eliminación del “registro Moyano” para choferes de camiones, que jaquea el poder de la “patria camionera”. Ahora, todo indica que perdió el sector del oficialismo que quería pacificar la relación con los dialoguistas de la CGT, aunque tampoco ganaron los que proponían mayor dureza contra los “bloqueadores”. Por eso, recién en los próximos días, cuando por fin salga a la luz el decreto reglamentario, podrá conocerse la reacción sindical y, sobre todo, si Milei está más cerca o más lejos del tercer paro general.