Los trabajadores estatales aeronáuticos definieron hacer un paro salvaje el jueves: podría afectar a 27 aeropuertos y se agrava el conflicto

La actividad en los principales aeropuertos del país volvería a verse afectada este jueves, cuando los trabajadores estatales que dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y nucleados en ATE, lleven adelante un paro de al menos 11 horas, en simultáneo con una jornada de asambleas que realizarán los empleados de Aerolíneas Argentinas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA),

Según anunciaron desde ATE, el cese de la prestación de servicios se realizará en dos franjas horarias: entre las 6.00 y las 12.00 y entre las 17.00 y las 22.00. Durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado, indicaron desde la organización gremial.

“Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto”, expresó el secretario general de ATE/ANAC, Marcelo Belelli.

Desde el Gobierno señalaron que la medida de los empleados estatales de la ANAC “no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”. “De momento, no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo”, indicaron en un comunicado.

Belelli confirmó que el cese de tareas no afecta a la operación del control aéreo de las terminales, pero sí “los servicios que complementan a la torre de control”. “Estamos en áreas administrativas, reglamentarias, de fiscalización y gestión de licencias aeronáuticas, y en áreas operativas como el servicio de control terrestre de los aeropuertos, el servicio de sanidad aeronáutica y de extinción de incendios”, sostuvo.

En un contrapunto con el Gobierno, ante el comunicado oficial, el titular de ATE-ANAC señaló que “es falaz” que no se verán interrumpidos servicios aeronáuticos y advirtió que la medida de fuerza “bajará el nivel de categoría de asistencia a los aeropuertos”. “Es una acción gremial que va a tener un alto impacto”, insistió, en diálogo con AM 750. “Si deciden no informar a los usuarios de esta situación, corren el riesgo que se vuele en aeropuertos que no cuentan con el sistema necesario para atender a las aeronaves”, resaltó.

La huelga se comunicó formalmente el pasado 11 de septiembre, con un plazo de “cinco días hábiles de anticipación”. Desde las redes sociales, el sindicato señaló que “es responsabilidad del Gobierno generar un esquema de vuelos alternativos fuera de las franjas horarias de la medida de fuerza” y que no hubo ninguna comunicación para abrir un canal de negociación.

El paro de los gremios aeronáuticos de APLA y Aeronavegantes provocaron ,entre el viernes y sábado pasados, pérdidas millonarias en Aerolíneas Argentinas, más de 37 mil pasajeros afectados y la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el Aeropuerto de Ezeiza. El conflicto se profundizará este jueves, cuando ambas organizaciones lleven a cabo nuevas asambleas para definir la continuidad de las acciones.

“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó a Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.

Entre las alternativas bajo análisis, los sindicatos evalúan concretar otro paro de actividades en forma inmediata, probablemente este mismo fin de semana. Otra de las opciones es paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que redundará en la afectación del servicio en cierto plazo porque no habrá personal que tenga la revalidación de sus permisos para trabajar.

En el caso de los controladores aéreos, desde ATE indicaron que la tensión con el Poder Ejecutivo no es por “motivos políticos o partidarios”, sino por “despidos y situaciones que han puesto luces de alerta en nuestra organización”. “Vamos a trabajar para lograr una salida de este conflicto y que se puedan normalizar las operaciones para ese día”, planteó Belelli.

La escalada del enfrentamiento entre los gremios y la gestión de Javier Milei tiene otros ingredientes, como la decisión del Gobierno de aplicar el decreto de Javier Milei que declaró oficialmente como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial y, por lo tanto, obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con 5 días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.

Los gremios APLA y AAA no acatarán lo contemplado en el decreto y se presentarán en la Justicia para impugnar esa norma porque “atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

“Es ilegal e ilegítima la medida que dispuso el Gobierno. Vamos a ir a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho de huelga es fundamental y sólo puede estar regulado cuando hay un peligro superior, como la vida humana”, sostuvo el titular de APLA, Pablo Biró, enrolado en el kirchnerismo.

El sindicato de pilotos, además, se prepara para resistir la decisión del Gobierno de excluir a Biró del directorio de Aerolíneas en la asamblea de la empresa que fue citada para este viernes.

Según la aerolínea de bandera, el motivo para remover al sindicalista del directorio es que su accionar público y gremial “ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa”. La acción, agregaron, se basa en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades que estipula la responsabilidad ilimitada de los directores por los daños ocasionados a Aerolíneas.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, anticipó que “se les va a reclamar al sindicato y a él por los daños y las pérdidas que le han generado a la compañía”. Para el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, se trata de un trámite burocrático a pedido de la Secretaría de Transporte, que es el accionista mayoritario de la empresa y que para comenzarlo hay que llamar a una asamblea.

En los sindicatos creen que el Gobierno se endureció porque quiere “privatizar la empresa o incluso cerrarla”. En el Congreso ya hay gestiones en el oficialismo para reactivar un proyecto.