El Gobierno anota seguramente con cautela las primeras reacciones generadas por la presentación del Presupuesto 2025. Se trata de cierto aire en el áspero clima legislativo, pero sin final asegurado. Se anudan la expectativa favorable de los mercados por la ratificación del déficit cero y el tanteo inicial con los gobernadores, salvo el núcleo del kirchnerismo duro. De hecho, son dos elementos que refieren a la capacidad de negociación del oficialismo para darle sustento político al proyecto, anunciado en una inédita puesta en escena por Javier Milei. Eso mismo pone en crisis su juego exclusivamente defensivo en el Congreso.
Los primeros mensajes de un lado y otro de la mesa de negociaciones son formalmente cordiales, pero no disimulan la tensión de la pulseada abierta. Punto central: el ajuste que Olivos demanda a las provincias, con cifras y versiones que mezclan escasa seriedad y bastante incertidumbre. Están a tono con la letra difundida desde el círculo presidencial para el caso de que fracasen las tratativas. Se advierte que naturalmente se debería seguir administrando con adecuaciones presupuestarias, pero el acento está puesto en el margen discrecional con que contaría el Ejecutivo. Abriría así un fuerte debate político y hasta jurídico, además de emitir una señal negativa también en el frente externo.
¿El oficialismo está dispuesto a una negociación realista? Por lo pronto, los primeros gestos fueron la cita con los gobernadores y la reafirmación de su propia sociedad con el PRO y otros aliados, que le permitió sostener el veto a la movilidad jubilatoria y, por el contrario, no le alcanzó para frenar el hecho sin antecedentes del rechazo a un DNU por parte de las dos cámaras del Congreso.
En línea con el objetivo de asegurar la alianza legislativa, Milei recibió anoche en Olivos a los diputados que bloquearon el intento opositor de insistencia con la ley de jubilaciones. Hasta allí, razonable. El ruido fue aportado por el sentido de “celebración” y la banalización del término “héroe” para convocar al asado, algo que, más allá del contrapunto que ensayó de manera hipócrita la oposición dura frente a una deuda social de largo arrastre, aparece como un gesto casi provocador antes que una reafirmación del énfasis fiscalista.
Lo que está por verse ahora es si esa mesa es el límite del armado político de Olivos. El oficialismo perdió iniciativa en el Congreso después de la lejana sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. No pareció un descuido, sino el resultado de una concepción que volvía a suponer que el juego es dominado exclusivamente por el Presidente. La ley de movilidad jubilatoria señala que al menos para algunas franjas de la sociedad se trata de costos. El financiamiento universitario sugiere algo similar. Y el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE, de escaso efecto práctico, expone un problema no sólo de gestión.
La reacción defensiva exhibió sin vueltas su utilidad y sus límites. El contexto de esas peleas es también interesante. En medios oficialistas y opositores se cruzan en estos días interpretaciones bastante básicas sobre el estado de la imagen presidencial. Hay elementos contradictorios. La mayoría de los consultores registraron en julio y agosto una caída de la valoración sobre Milei. Y en los últimos días, algunos sondeos exponen un freno a esa tendencia y hasta cierto rebote en lo que va de septiembre. Son datos que juegan en los escritorios de la política, empezando por el oficialismo, y ya tratando de proyectar para el año electoral que viene.
Lo que parece claro es que la suerte del Presupuesto no será un elemento exclusivamente legislativo o de muy temprana apuesta electoral. Será un dato político central para la economía y en el paño externo: se anotan gestiones fuertes en Washington y gestos para abrir las negociaciones con el FMI.
En esa perspectiva, no resultó una señal menor la reunión con los jefes provinciales que siguió a la presentación del Presupuesto. Valen distintos ingredientes: la participación, el clima del encuentro y las evaluaciones posteriores. La mayoría de los gobernadores intervino de manera virtual pero directa y sólo tres estuvieron representados por otros funcionarios. El Gobierno puso frente a la mesa a Guillermo Francos y Luis Caputo, junto a otros negociadores. No hubo postal porque la cita fue sobre todo virtual.
De un modo u otro participaron 20 de los 24 distritos. No se conectaron Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela -que juega junto al gobernador bonaerense con pretensiones internas- y Gustavo Melella. En cambio, estuvieron en la conversación los diez que mantienen la marca de JxC en ese ámbito -radicales, del PRO y aliados-, cinco provinciales y cinco peronistas de diversos matices. Una suma significativa.
Según fuentes vinculadas a varias provincias, el inicio del encuentro fue marcado por el malestar y hasta enojo que causó el reclamo presidencial de un ajuste en torno de los 60.000 millones de dólares. Después, esa cifra fue podada a un tercio por representantes del oficialismo y no está claro el número y los tiempos. Como sea, los jefes provinciales fueron frontales en el rechazo a tal reclamo y en destacar sus propias podas presupuestarias.
Las provincias, en líneas generales, sostienen que la posible caída de ingresos proyecta un recorte cercano al 20 por ciento de la inversión de este año. Y tienen sus demandas: compromisos sobre traspaso y ejecución de obras públicas, transferencias para cajas previsionales -en algunos casos- y arrastre de deuda por el pacto fiscal de la época de Mauricio Macri, incumplido por la gestión peronista/kirchnerista de Alberto Fernández y por lo que va de este gobierno.
En ambas veredas de la negociación se describe como positivo el encuentro. Por supuesto, los jefes provinciales insisten con su posición y desde el círculo presidencial sostienen que deben profundizar el ajuste. Señal de que esto recién empieza, con agregados de cada distrito.
Un caso especial, con proyección sobre la negociación más amplia: este miércoles está agendado un nuevo encuentro de Jorge Macri con Economía. La Ciudad insiste con su reclamo de cumplimiento de la resolución de la Corte, por la cifra de coparticipación, el mecanismo de las transferencias y la deuda acumulada desde la poda que dispuso Alberto Fernández, con sello de CFK . Ahora, añade que el Presupuesto no contempla el tema.
A esta altura, nadie desconoce que un acuerdo con los gobernadores no se traslada mecánicamente al Congreso. Pero está claro además que si el clima es de ruptura con los jefes provinciales, no hay chance de consenso legislativo: sería un escenario de batalla abierta o al menos de fisuras con dialoguistas de diferente origen -radicales, provinciales, peronistas con juego propio- y también el PRO, principal aliado político.