A la espera de un veto total de Javier Milei a la ley sancionada días atrás sobre Financiamiento Universitario, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, expondrá esta tarde en la jornada “Educación: desarrollo y libertad”, donde se espera un mensaje político relacionado con el adoctrinamiento.
La reunión se realizará, desde las 18, en el Salón Azul del Congreso. No sólo disertará Villarruel, ya que aparecen como invitados el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone; el ingeniero y director educativo de la escuela técnica ORT Argentina, Alejandro Ferrari; y la profesora y directoria de la escuela secundaria 7 de Chascomús, Silvina Mengarelli.
El jueves pasado, una abrumadora mayoría -holgados los dos tercios- sancionó en el Senado la ley que mejora y blinda el presupuesto universitario. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, de la pampeana Victoria Huala (PRO).
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el articulado especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, el camporista Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, que en la noche del jueves se mostró preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.
En tanto, desde el radicalismo, el bonaerense Maximiliano Abad señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.
Durante los cierres del debate y discursos de jefes de bancadas, el peronista disidente Juan Carlos Romero criticó a sindicalistas por “no hablar de la calidad educativa” y deslizó que fue “un error hacer política creando universidades” en la última década, con la posterior “duplicación de oferta a poca distancia”. “Si un 85% de los recursos va a salarios, hay carreras humanistas que no necesitan tanto equipamiento, pero para las técnicas no alcanza si se gasta ese 85% en salarios”, concluyó el senador salteño.
Mientras se aguarda la decisión del Ejecutivo sobre esta ley, la Cámara alta tendrá una semana con poca actividad. Más allá de la jornada sobre educación -en la hablará Villarruel-, para este martes está agendada una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dirige el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), para analizar tres iniciativas relacionadas con delitos viales, de las legisladoras Huala, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el exsenador sanjuanino Roberto Basualdo.
Para dicho encuentro fueron convocados expertos en criminalística, abogados que representan a la Asociación “Madres del Dolor” y el joven aunque experimentado director ejecutivo de la Agenda Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli.