Piquete salvaje de los empleados de Aerolíneas Argentinas: hay 319 vuelos cancelados y más de 37 mil pasajeros afectados

El conflicto en Aerolíneas Argentinas se sigue profundizando y entró en una etapa de final imprevisible. Al mediodía de este viernes comenzará un nuevo paro salvaje de 24 horas, que ya provocó 319 cancelaciones y que afectará a más de 37 mil pasajeros. La protesta fue calificada por la empresa como “intempestiva, abusiva y fuera de contexto, promocionada por dirigentes gremiales de forma irresponsable”.

Los gremios de pilotos y de aeronavegantes analizan nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuesta a sus reclamos salariales y los despidos de 3 comandantes que se negaron a operar un avión que debía devolverse con el argumento de que no querían avalar “el achique” de la aerolínea de bandera.

Aerolíneas Argentinas estimó que el costo económico de este paro “superará los 2 millones y medio de dólares, producto de la pérdida de ventas y por las multas, compensaciones, hotelería, traslados, comidas y otros gastos derivados del daño directo a pasajeros”. Informó, además, que del total de pasajeros afectados, unas 28 mil personas tenían planeados viajes dentro del país, otras 5.500 a destinos regionales, y las restantes 3.500, al Caribe, Estados Unidos y Europa.

“La compañía realizó su máximo esfuerzo por modificar su programación de la manera más eficiente posible, dentro de las restricciones impuestas por los propios gremios, para atenuar el perjuicio que este paro provocará a nuestros pasajeros -sostiene un comunicado de Aerolíneas-. En este sentido, se reprogramaron vuelos, adelantando y demorando salidas por fuera de la franja de la medida, y se crearon vuelos especiales para redistribuir tráfico afectado”.

Este escenario explosivo se desarrolla mientras fracasó un intento de mediación de la CGT para tratar de lograr un acercamiento del Gobierno con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). La gestión reservada se instrumentó entre este martes y miércoles desde el sector dialoguista de la CGT con sus mejores contactos oficiales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo, pero la respuesta libertaria fue negativa: “No se puede negociar si hay un nuevo paro declarado”, dijeron a los mediadores cegetistas.

El paro de 24 horas que comenzará este viernes a las 12 será cumplido por los trabajadores afiliados a APLA y AAA, pero otros dos sindicatos del sector, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), anunciaron que harán asambleas que, en la práctica, afectarán la actividad en Intercargo y en las aerolíneas extranjeras.

La medida de fuerza también afectará a Flybondi y Jetsmart. En el primer caso, la empresa anunció que, “en el marco de la conflictividad gremial y ante la falta de confirmación de la normal prestación del servicio de rampa en Aeroparque, trasladará su operación a partir de las 12 horas del mediodía del viernes 13 y hasta el mediodía del sábado 14 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza”.

Las señales de la Casa Rosada apuntan a mostrar mayor dureza contra los sindicatos y la mejor demostración fue el mensaje que difundió anoche el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “El presidente @JMilei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…”, escribió en su cuenta de X.

La decisión de reglamentar ese artículo del DNU 70 se difundió luego del paro del viernes pasado de APLA y AAA, que afectó a 185 vuelos y a más de 16 mil pasajeros en Aeroparque y Ezeiza. Esa medida equivale a regular el derecho de huelga en la actividad aerocomercial mediante la definición de un porcentaje de servicios mínimos que deben cumplir los trabajadores.

La reglamentación de la esencialidad del servicio aeronáutico comercial fue elaborada entre Sturzenegger; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Si se anuncia este viernes quiere decir que se utilizará para disuadir a los huelguistas en Aerolíneas porque el no acatamiento de los servicios mínimos los dejará expuestos a duras sanciones.

De todas formas, los sindicatos consideraron que la reglamentación de la esencialidad del servicio aeronáutico para garantizar los vuelos es “arbitraria e ilegal” y, en ese sentido, advirtieron que esa medida “compromete a responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios”.

“El intento de valerse de un atajo inconstitucional, el DNU 70/23, para, a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones -sostuvieron-: primero, porque el propio DNU lo es, como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año invalidando, incluso, la parte con que el mismo intentaba modificar la propia Ley 25.877 en materia de huelga, y porque la única forma de regular de manera distinta el derecho de huelga, como lo demuestra la propia inclusión del mismo en el capítulo laboral del DNU, es modificando la ley que lo reglamenta”.

Tras el paro del viernes pasado, Aerolíneas Argentinas había informado que demandará a los gremios de pilotos y aeronavegantes por las medidas de fuerza que afectaron sus operaciones y provocaron pérdidas superiores a 2 millones de dólares. Además de la demanda por el lucro cesante y los reclamos de los pasajeros perjudicados, se denunciará a Biró y Brey, los principales sindicalistas.

La aerolínea estatal ha aplicado descuentos salariales a más de 400 empleados, entre pilotos y tripulantes de cabina, por incumplir con sus tareas durante las jornadas de protesta. Los descuentos oscilan entre los 150 mil pesos por día para pilotos y 50 mil pesos por día para tripulantes.

La compañía estatal también anunció que iniciará acciones legales para expulsar a Biró de su directorio, argumentando que su accionar público y gremial ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa. La acción se basa en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que estipula la responsabilidad ilimitada de los directores por los daños ocasionados a la compañía.

La tensión en el sector aeronáutico creció en las últimas horas, por otra parte, luego de que tres pilotos de Aerolíneas fueron despedidos este jueves por haberse negado a operar un avión Embraer que debía devolverse, para no avalar “el achique” de la empresa, que terminará, según denunciaron APLA y AAA, con la privatización de la aerolínea de bandera. La negativa de los comandantes, según trascendió, le ocasionará a la empresa una pérdida de “cientos de miles de dólares”.

En Aerolíneas Argentinas descartaron cualquier intención de “vaciamiento” y explicaron que la aeronave que se negaron a pilotear tenía que “ir en devolución” porque es “habitual que la compañía incorpore y desafecte aviones”, y aseguraron que “este año se sumaron 3 y debe debe devolverse esa misma cantidad, por lo que se mantiene la flota que había el año pasado”.

En respuesta a la huelga, el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, calificó la acción sindical como “salvaje”, subrayando que los gremios “no han entendido que la Argentina ha cambiado”. Sin embargo, desde APLA, Pablo Biró ha sostenido que las propuestas salariales ofrecidas por la empresa fueron “provocativas” y “insuficientes”, justificando así las medidas de fuerzas.

Biró dijo que los trabajadores del sector tienen “salarios muy por debajo de los más precarizados del país”, pero Lombardo reveló que los pilotos ganan entre 3 y 10 millones de pesos por mes, según la antigüedad y los viajes que realicen, y que el sueldo promedio es de $5.200.000 por mes.