La oposición rechazó esta madrugada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Es la primera vez que el Congreso desactiva una norma de este tipo, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
Al momento de la definición, el rechazo del DNU obtuvo 49 votos a favor -unidos el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical, excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri-,11 en contra y dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina. Hay tres del PRO que se sumaron a la desactivación de la norma: la porteña Guadalupe Tagliaferri -ya lo había anunciado-, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
El aterrizaje de este debate al recinto fue dificultoso. El miércoles, la UCR primero dio un guiño a favor de posponer la discusión para la semana próxima. No obstante, una nueva reunión del centenario partido, durante el mediodía de ayer, revirtió esa postura.
Todo salió a la luz cuando quedó explícito en el recinto que el jefe de la bancada en la Cámara alta, el correntino Eduardo Vischi -el miércoles se sacó una foto con Javier Milei en Casa Rosada-, no había firmado el plan de Labor Parlamentaria acordado junto al resto de las bancadas dialoguistas y el oficialismo, que no incluía el DNU.
Bajo este panorama, al inicio de la sesión se decidió mantener dicho plan, aunque con el agregado del DNU que pidió el propio radicalismo. Tuvo la anuencia del Frente de Todos, que comanda José Mayans, que impulsó desde el minuto uno el rechazo a la norma y salió beneficiado con el devenir de la extensa jornada.
Pasada la 1 de mañana, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) aseguró que la norma “viene a poner una actualización por el contexto inflacionario, con delegaciones de la SIDE en exterior, pasajes y estadías, viáticos” y “adquisición de tecnología, que es secreta”.
El legislador oficialista luego habló de un “sistema desfinanciado” y detalló: “No hay país que no tenga inteligencia. En un contexto donde se ha reeditado no una guerra fría, pero sí con un nivel de conflictividad entre grandes potencias, donde la Argentina es objeto de análisis, la inteligencia no sólo permite detectar niveles de posibilidad de agresión del narco terrorismo, sino de otras ideologías que se han introducido en el país”.
Desde el radicalismo, Pablo Blanco (Tierra del Fuego) criticó “la metodología” de este tipo de decretos, que “parece moneda corriente”, y leyó el punto tres del artículo 99 de la Constitución, que expresa: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Allí también se señaló: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. Blanco subrayó: “No discuto si se necesitan $100.000 millones o $500.000 millones, sino el instrumento legal”.
“Nos perdimos una oportunidad de escuchar a los responsables”, manifestó el jefe de la bancada macrista en la Cámara alta, Luis Juez. El cordobés relató que “se intentó, hasta último momento, ver la posibilidad de tratarlo la semana que viene, pero la decisión está tomada”. Para el legislador, “esas oportunidades son difícil que las volvamos a tener”, en cuanto que “el Senado pudiera tener toda la información que merece”.
Durante los cierres de la discusión, Mayans advirtió: “No nos perdimos ninguna oportunidad. Van a tener que venir a explicar”. El formoseño también se quejó del intento oficialista para concretar una sesión secreta por este tema, con la presencia de funcionarios nacionales de diversas áreas, incluida la de inteligencia.
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