Senado: hubo acuerdo entre los bloques y se debatirán este jueves la Boleta Única de Papel y el presupuesto universitario

Tras más de 24 horas de pura incertidumbre, el Senado confirmó la sesión de este jueves, donde se debatirán, desde las 14, las modificaciones del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) y la ley que blinda el presupuesto universitario, que sería sancionada y expondría al Ejecutivo a un nuevo veto presidencial. Además, se pospuso para la semana próxima el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre millonarios fondos para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La definición de todo esto se dio en la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque del Senado y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La cumbre fue tensa y la sesión tuvo varias idas y vueltas, en una jornada al borde del delirio y que, más que un encuentro entre legisladores, pareció una puja de consorcio.

El objetivo es devolver la iniciativa en segunda revisión a la Cámara baja lo más rápido que se pueda -pierde estado parlamentario el último día de febrero próximo- y avanzar con un cambio institucional de relevancia en cuanto al sistema electoral que, en principio, adoptaría el modelo mendocino por sobre el cordobés.

Ambas provincias realizaron varios comicios sin problemas y aplican una sola papeleta para todo. Son bastante similares. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo, el sistema cuyano presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.

Para el consenso -siempre atado con alambres- fueron importantes los modelos impresos que el Gobierno proveyó al senador del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien se encargó de preparar un texto final y lo circuló entre legisladores dialoguistas.

Este proyecto estuvo en riesgo en los últimos 10 días por los radicales, que fueron parte del entendimiento inicial para destrabar la iniciativa y luego dudaron. Nunca fue por cuestiones técnicas, sino por plata, tal como contó Infobae el último domingo. La pelea por una eventual compensación de cajas jubilatorias no transferidas a Nación -13 distritos en esta situación- fue el motivo principal del embrollo. Una nueva voltereta puso esta tarde a la UCR, en principio, a favor de la ley.

Al tratarse de un área electoral, la BUP precisa la mayoría absoluta de votos en el recinto -37- y no puede ser desempatada por Villarruel. Es decir, el oficialismo -hay un integrante de La Libertad Avanza que no confirmó aún su presencia mañana- y la oposición dialoguista están más que justos, y la resolución será a todo o nada. Importante desafío para la titular del Senado y el Gobierno.

La BUP no tendrá la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que el proyecto de Diputados no contempla para las PASO. Un pedido de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores -no massistas-, que son claves junto a otros senadores para sellar el acuerdo. Los últimos también están a favor del modelo cuyano, que da mayor visibilidad a los partidos en la papeleta.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión activa una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Una oposición unida descartó los argumentos del oficialismo -los libertarios incluso sugirieron que implicaría un gasto mayor, tras números acercados por el Ministerio de Capital Humano- y dijo que el proyecto representa el mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades. En el recinto podría conseguir los dos tercios de los votos y forzar a Javier Milei a un nuevo veto.

Una hora antes de la reunión de Labor Parlamentaria, circuló la versión -luego confirmada en los hechos- de una jugada de la Casa Rosada establecida en el artículo 18 del reglamento de la Cámara alta, que deja en claro que las sesiones son públicas y, con carácter excepcional, “pueden ser secretas” cuando “se trate cualquier asunto que tenga el carácter de secreto a criterio de la Cámara, la que debe aprobarlo por una mayoría de dos tercios; “por resolución fundada del presidente”; “por pedido del Poder Ejecutivo”; y “a petición fundada de cinco o más senadores”.

Cinco minutos antes del encuentro, ingresó una nota desde el Ejecutivo en el que solicitó a Villarruel una sesión secreta especial para discutir el DNU, pero con las exposiciones en el propio recinto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; y del secretario de Inteligencia de Estado, Sergio Neiffert, para que “puedan brindar explicaciones sobre el mismo”.

En Labor Parlamentaria, este tema no tuvo acuerdo y por ello se pospuso el tratamiento para la semana próxima. En principio, no sería secreto, luego de las críticas del kirchnerismo y un puñado de radicales. De hecho, mañana podrían solicitar el debate del DNU. Necesitarán dos tercios para tratarlo sobre tablas, aunque el Frente de Todos no reconocería eso y haría otro planteo.

Un tema no menor: el kirchnerismo no estará completo mañana en el recinto, ya que tendría entre tres y cuatro ausencias. Esto ayudará al oficialismo. A partir de ahí, el foco de atención estará puesto en radicales y otros dialoguistas, que quedarían pegados a la bancada que comanda José Mayans, que ya piensa decenas de cuestiones de privilegio para demorar la sesión. La finalidad es que, a toda costa, no vuelva a Diputados la Boleta Única de Papel.