El conflicto sindical en Aerolíneas, un caso testigo para el Gobierno en el que se juega mucho más que un reclamo salarial

“Son dos trenes que avanzan de frente, en la misma vía y a alta velocidad. ¿Qué pensás que puede pasar?”. En esos términos graficó un funcionario mileísta el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, que se está convirtiendo en un caso testigo para ambos: ninguno puede ni quiere ceder un milímetro en sus posiciones, quizá porque se está jugando mucho más que un reclamo salarial.

Para el gobierno de Javier Milei, la intransigencia de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), con sus paros que atormentan a los pasajeros, es la excusa perfecta para reflotar el proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas, un objetivo oficial postergado hace tres meses para salvar la sanción de la Ley Bases en el Senado.

Y, a la vez, la actitud sindical le permite a la Casa Rosada amagar con medidas para disciplinar al gremialismo rebelde: desde la reglamentación del derecho de huelga en el sector aeronáutico hasta las demandas judiciales contra los cabecillas de las protestas, Pablo Biró (APLA) y Juan Pablo Brey (AAA), pasando por el anuncio de Aerolíneas de que echará del directorio al líder de los pilotos.

Para los sindicatos aeronáuticos, hay un argumento formal basado en que, según sus números, desde noviembre pasado hasta hoy los sueldos de los trabajadores del sector se ubican un 72% por debajo de la inflación. Por eso rechazaron la oferta de un aumento salarial del 10% y reclaman un 25%.

Pero, al mismo tiempo, los dirigentes gremiales -mayoritariamente alineados con el kirchnerismo y algunos con el moyanismo- son enemigos ideológicos de Milei, aferrados al sostenimiento de Aerolíneas como una empresa estatal y a la oposición de la política de cielos abiertos, y en esta pulseada están tratando de sumar a su causa, basada en un reclamo salarial, a otros sectores políticos, sindicales y sociales para que parezca en disputa el destino de la aerolínea de bandera.

La mejor escenificación, en ese sentido, se comenzó a dar en las últimas horas. Hace 48 horas, los sindicatos aeronáuticos sellaron un acuerdo con los gremios universitarios (como FATUN, Conadu, FEDUN y FAGDUT) para “consolidar una alianza estratégica basada en la solidaridad y lucha colectiva de ambos sectores, de cara a enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Milei”. Y este martes, en la sede de la CGT, Brey logró sumar a la reunión del Consejo Directivo cegetista a Biró y Rubén Fernández, titular de la Unión de Personal Jerárquico (UPSA), como invitados e incluso el líder de los pilotos habló sobre el conflicto con Aerolíneas y confirmó los nuevos paros. Además del apoyo de la CGT a sus reclamos, los dirigentes aeronáuticos se llevaron el respaldo de cuatro gobernadores del PJ que participaron del encuentro, con foto final conjunta y sosteniendo la bandera de Aerolíneas.

La postura inflexible del Gobierno, curiosamente, ayudó a unificar un frente sindical caracterizado por sus diferencias. Hay 11 sindicatos aeronáuticos, entre los cuales los pilotos siempre fueron considerados una “aristocracia” con mejores sueldos y privilegios que terminaron dividiendo a los gremios en algunos conflictos laborales y salariales. Incluso con perfiles distintos: Biró es más combativo (siempre que no gobierne el peronismo) que Brey, de perfil negociador, hasta tal punto que hace dos años adecuó el convenio colectivo que hoy -asegura- es “pura productividad”.

El dilema sindical de Aerolíneas no es nuevo. El conflicto actual que paraliza los vuelos con tanta frecuencia tiene reminiscencias del que mantuvo la empresa paralizada durante 24 días durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todo comenzó cuando APLA dispuso a mediados de 1986 un paro por tiempo indeterminado en Aerolíneas en reclamo de “compromisos salariales y laborales pendientes”, lo que derivó en la decisión de suspender todos los vuelos y en el despido de los 561 pilotos ante la postura irreductible del sindicato. La mediación del vicepresidente Víctor Martínez, pedida por APLA, terminó tres semanas después con compromiso de ambas partes a abrir un período de seis meses de paz social para negociar, a cambio de la reincorporación de todos los despedidos.

¿Avanzará hoy el Gobierno en sanciones que pueden llegar a los despidos para encarrilar el conflicto? Los pasos que dio en las últimas horas parecen ir en esa dirección. Si algún funcionario actual estuvo revisando los diarios de la época alfonsinista habrá descubierto que el acuerdo con APLA significó, en la práctica, un triunfo de los pilotos, a quienes incluso la Justicia avaló en sus reclamos salariales. Un año después, el gobierno radical tampoco pudo privatizar parcialmente Aerolíneas: su proyecto de entregar la gestión a la aerolínea escandinava SAS fue frenada por el peronismo en el Congreso. Sí, en cambio, el alfonsinismo logró la privatización de Austral Líneas Aéreas, resistida por los sindicatos.

Desde el gobierno de Carlos Menem (período en el que Aerolíneas se vendió en noviembre de 1990 a un consorcio liderado por la española Iberia) hasta hoy, nadie pudo resolver exitosamente la encrucijada de cómo relacionarse con ese combo indescifrable que forman los gremios aeronáuticos. Incluso tampoco pudo lograrlo Cristina Kirchner, pese a que, tras reestatizar Aerolíneas en 2008, la convirtió en una suerte de trinchera de La Cámpora, sostenida por millonarios subsidios.

Pero la ex presidenta tampoco pudo contener a los gremios aeronáuticos: en 2010, por ejemplo, les reclamó que busquen “métodos más novedosos” para protestar porque las medidas de fuerza le hacen “mucho daño” a la actividad turística. “Les pido a los trabajadores que no paralicen el servicio”, dijo. Incluso habló en términos que podrían repetir ahora los funcionarios libertarios: “El servicio no puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea técnica”, señaló, tras lo cual enfatizó: “Un servicio público, como Aerolíneas o el agua, no puede ser paralizado para que las consecuencias no las pague el usuario y a la larga las terminen pagando los trabajadores y el país”.

Pasan los gobiernos, incluso los más cercanos a su ideología, pero algunos sindicatos no cambian. Y las consecuencias, como había advertido Cristina Kirchner, las siguen pagando los usuarios.