El viernes, cuando se cumplió un mes desde que Fabiola Yañez lo denunció en la Justicia por violencia de género, Alberto Fernández llevaba casi cuarenta días encerrado en su departamento de Puerto Madero. Su verdadera cuarentena.
Se recluyó en ese departamento del complejo River View que le presta su amigo Enrique “Pepe” Albistur, y que en algún momento compartió como vecino con Amado Boudou -una noche se toparon en el hall del edificio, por una evacuación-, desde que supo que el diario Clarín estaba por publicar la información. Desesperado, el ex presidente recurrió, sin éxito, a algunos viejos interlocutores para tratar de retrasar la primicia o, en todo caso, moderar los dichos de su ex pareja. Cuando comprendió que no era posible, se derrumbó anímicamente. Sus amigos, algunos ex funcionarios, corrieron a verlo. Lo notaron psicológicamente destrozado. Pidieron que le suministren algunas pastillas para calmarlo. Y que lo vea su médico personal. El martes 6 de agosto, después de negociaciones truncas y de varias llamadas y mensajes entre Madrid y Buenos Aires, la ex Primera Dama lo denunció finalmente ante el juez Julián Ercolini.
Desde ese momento, Fernández se transformó en una especie de mancha venenosa. Un paria. Rodeado solo por su medio hermano, el jefe de su custodia y una empleada que lo asiste desde hace años, él mismo les aconsejó a los ex funcionarios y dirigentes que integraron su gobierno que no lo visitaran, para evitar las insistentes guardias periodísticas. Apenas un puñado de ellos lo defendió públicamente. El más dedicado fue su amigo Jorge Argüello: le pidió unos segundos a Carlos Pagni en Odisea Argentina para mostrar su sorpresa por la denuncia de Yañez mientras el peronismo en pleno hacía fila para patearlo en el piso.
Santiago Cafiero, Juan Manuel Olmos, Vilma Ibarra, Julio Vitobello, Albistur y el ex embajador en los Estados Unidos, entre algunos otros, siguieron a tiro de teléfono. También colaboradores muy antiguos, de otras épocas, que se apiadaron de él. Muchos de ellos están convencidos de que la manera en la que ejerció el poder fue vergonzosa. Pero les cuesta creer que haya golpeado a su ex pareja. Fernández enloquece con los que no lo entienden. “El tipo era un desastre, pero no le pegaba”, razonó en estos días un ex secretario de Estado.
Este mes, sin embargo, la Justicia acumuló pruebas. Fernández cambió el número de teléfono después de que le secuestraran su aparato. El ex presidente activó entonces la duración temporal de los mensajes para que estos se borren 24 horas después de enviados o recibidos, una herramienta que no usó durante su paso por la Presidencia y que tal vez le podría haber ahorrado algunos dolores de cabeza. Infobae le envió varios mensajes de WhatsApp en las últimas semanas, pero no obtuvo respuesta.
Un amigo con el que Fernández habló esta semana le aseguró a este medio que lo notó “entero”. El ex presidente le dijo, vía WhatsApp, que estaba exclusivamente abocado a “desarticular la operación” a la que, según él, está siendo sometido desde hace más de un mes.
Hasta estos días, el ex jefe de Estado solo había presentado en la Justicia el testimonio de tres empleadas cercanas, certificados en una escribanía y destinados a desacreditar la denuncia de Yañez con una serie de infidencias sobre la vida cotidiana de la ex Primera Dama en Olivos.
A diferencia de 2021, cuando la Justicia lo investigó por los festejos en Olivos en plena cuarentena, esta vez Fernández no envió ningún emisario a los tribunales federales. En aquel momento, no le sirvió de mucho. Ahora tampoco: sabe el ex presidente que no tiene ningún sentido, y que, más allá de las pruebas, cosechó en Comodoro Py una larga lista de enemigos. Mientras se suceden las declaraciones testimoniales, en la Justicia preparan en sigilo su indagatoria. Fuentes judiciales explicaron que, con el material con el que cuentan, tienen pruebas suficientes para avanzar por ese camino.
Fernández prepara su defensa, asesorado por la penalista Silvina Carreira que le acercó Albistur, en la soledad de Puerto Madero. Sus antiguos colaboradores están seguros de que, más allá de la suerte que corra en la Justicia, la condena social difícilmente se revierta. No solo por la denuncia de su ex pareja, sino también por el material que trascendió este mes y que desnudó los deshonrosos pasatiempos en los que ocupó buena parte de su gestión al frente del Ejecutivo. Para peor, muchos de los ex funcionarios que se identificaron con él hasta el final del mandato se vieron obligados a bajar drásticamente el perfil. “Estamos cancelados”, exageró uno de ellos que, a esta altura, se imaginaba con otra agenda pública.
La situación del ex presidente es un signo de la época. Una señal de la descomposición del peronismo: la caída de Fernández agudizó su crisis. “Torcido y desordenado”, escribió Cristina Kirchner en la carta pública que posteó este viernes, justo un mes después de la denuncia de Yañez. Un mensaje al corazón del PJ en plena disputa por la renovación de autoridades, y en medio de una batalla cada vez más evidente en el seno del kirchnerismo, que Javier Milei aprovechó para polarizar en un disparatado cruce de chicanas que siguieron durante todo el fin de semana.
El miércoles, media docena de gobernadores -solo seis- de los más opositores a La Libertad Avanza se encontraron en la casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires para intentar unificar criterios para la etapa que viene. Entre ellos, Axel Kicillof y Ricardo Quintela, los dos jefes provinciales que ya blanquearon sus intenciones presidenciales. El gobernador de La Rioja pretende además tomar las riendas del PJ nacional, acéfalo desde la renuncia formal y forzada de Fernández de hace casi un mes; escuálido y anárquico desde la derrota del Frente de Todos en manos de Milei.
Para muestra basta un botón: de los diputados nacionales de ese espacio, menos de cuarenta aportan de sus dietas unos $40.000 mensuales para el funcionamiento del partido, y de la conducción que sobrevivió en los papeles a la debacle electoral y política solo un grupo minúsculo colabora para su financiamiento.
En ese contexto, la dupla “Qui-Ki” empezó a instalarse como la única opción verdadera para liderar el PJ en las elecciones que tendrán lugar en noviembre. “No hay nada definido: no está cerrado Quintela como muchos están diciendo”, aseguró el viernes por la noche un dirigente provincial que suele tener información privilegiada.
La disputa interna en el peronismo es, de a ratos, descarnada. Kicillof, el dirigente mejor posicionado según la mayoría de los estudios de opinión, enfrenta un dilema para nada menor: necesita robustecer su proyecto presidencial sin recursos y en medio de una guerra sin cuartel con La Cámpora y el Instituto Patria que se libra mayoritariamente en el Gran Buenos Aires, pero que se esparce por el interior del país.
El fin de semana pasada, Andrés Larroque, muy distanciado de Máximo Kirchner y la cúpula de La Cámpora, fue recibido en Santa Fe con carteles con consignas sobre la ex presidenta, firmados esa organización. “El Cuervo” no disimula su trabajo territorial para ampliar por fuera de Buenos Aires el proyecto de Kicillof. Pero no es el único apuntado: también Jorge Ferraresi, que en su momento intentó, sin suerte, darle forma al “albertismo” y que empezó a meterse en otros municipios gobernados por el camporismo. Por ejemplo, Lanús. El intendente de Avellaneda -ya no integra el listado de autoridades del Instituto Patria- está dispuesto a disputarle a la agrupación K en todas las canchas. Incluso en el fútbol: el jueves por la noche ceno con Diego Milito y le prometió apoyo en Racing frente a Víctor Blanco, que tiene buenos vínculos con el kirchnerismo.
Pero no es solo Larroque o Ferraresi: todos los dirigentes que colaboran con el proyecto de Kicillof por fuera del radar del Patria pasaron en el último tiempo a la lista negra de la ex presidenta. Es que el diálogo entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense es escaso, y nunca estuvo atravesado por tanta desconfianza. Hasta ahora, todos los intentos para intermediar fueron infructuosos.
Como si fuera poco, hace una semana la interna sumó un nuevo capítulo cuando Eduardo “Wado” de Pedro decidió declararle públicamente la guerra al Frente Renovador de Sergio Massa por un panorama de Marcelo Bonelli en Clarín. El ex ministro y ex candidato presidencial enfureció. E hizo saber su enojo. El canal de la aplicación Telegram de La Cámpora, que suele tener muchísima actividad, publicó el posteo de X del senador, pero no hubo más repercusiones que esa. Los dirigentes de esa agrupación no acompañaron el mensaje en redes. ¿De Pedro se cortó solo, sin consultar con la jefatura de la ex presidenta? Es una de las hipótesis dentro de la organización. ¿Lo hablaron Massa y Cristina Kirchner? Suelen cenar una vez por mes. Desde un sector del Frente Renovador cuestionan que “Cristina no conduce”.
Existe otro sector del peronismo que, en medio de este vendaval de pujas internas, quiere que la ex presidenta se postule para conducir orgánicamente al PJ. Se trata de una verdadera encrucijada para el peronismo, que arrastra desde hace más de una década la misma disyuntiva: si hay peronismo por fuera del Instituto Patria. “Ese es el problema de fondo, es un problema de representación. Es tal el problema que solo hablamos de peronismo cuando decimos ‘peronismo no kirchnerista’”, analizó un reconocido consultor de opinión pública.
En el 2015, con el triunfo de Mauricio Macri, un grupo de gobernadores -Juan Manzur fue el primero en hacerlo público- intentó jubilar a la ex presidenta. Cuatro años después volvió al poder con Fernández como presidente. La historia vuelve a repetirse.
En el seno del cristinismo quieren que la ex presidenta sea candidata en el 2025. Es lo que, según trasciende, impulsa en particular su hijo Máximo. Por lo pronto, la carta del viernes volvió a ponerla en el centro de la escena. Milei recogió el guante. ¿Hay un acuerdo implícito entre ambos?
En ese marco, los gobernadores del PJ analizan cómo avanzar frente a la conducción de Cristina Kirchner y la irrupción de Milei como articulador central de la agenda pública. Es una inquietud que corroe por igual al PRO y el radicalismo, en particular a sus gobernadores.
Ayer, los ocho de ese sector de la ex coalición de Juntos por el Cambio que tienen representación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) -San Luis y la Ciudad no tienen sillón en ese órgano- volvieron a conectarse a un zoom para intentar encolumnarse detrás de un solo candidato y birlarle al PJ la conducción de ese organismo administrado por Ignacio Lamothe, que controla este año una caja de unos $100.000 millones. El viernes, el encuentro virtual que tuvieron los jefes provinciales no tuvo un buen resultado.
Hay al menos dos postulantes -el dirigente Sebastián García de Luca y el consultor Gastón Douek- que no llegan a unificar voluntades. Hay serias sospechas de que varios de esos jefes provinciales no ven para nada mal la continuidad de Lamothe.
Es que las negociaciones cruzan las fronteras habituales de cada sector. Sucede, por ejemplo, y especialmente, en las tratativas en torno a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema. “Negocio yo”, ordenó la ex presidenta hace ya varias semanas a sus legisladores. Le envió entonces mensajes subterráneos a través de “interpósitas personas” a Santiago Caputo, el asesor estrella de la Casa Rosada. A Cristina Kirchner, la Justicia es un rubro que le interesa de manera particular. También a Macri.
Ese cruce de intereses se traslada a las provincias. Ignacio Torres, por caso, designó en el Tribunal Superior de Chubut a un juez que operó en el sur del Gran Buenos Aires, con mucha llegada a los tribunales federales orales de la Ciudad y que llegó a ese lugar apadrinado por el peronismo K.