El Gobierno enfrentará otra semana más de malos resultados parlamentarios, lo que lo obligará a recurrir a lo más duro de su discurso para mantenerse a salvo en un contexto en el que las internas propias están desgastando rápidamente el poder político construido en los primeros meses de gestión.
Sin posibilidades de avanzar con proyectos de ley anunciados hace un mes, como la Ley Hojarasca, la modificación de las relaciones laborales y la ley que regula a los sindicatos, el Ejecutivo apela a decretos y resoluciones para ir avanzando y buscar victorias que apuntalen la narrativa.
Mientras el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, festeja la eliminación del ranking de puntualidad de las aerolíneas y aeropuertos —algo que se realiza en buena parte del mundo para medir la eficacia de las compañías—, Diputados frena cualquier intento de modificación de las reelecciones de los sindicalistas, de la mano de las representaciones sindicales de los trabajadores y de los empresarios.
Un caso similar es el intento de prohibir los bloqueos a empresas. Con el articulado de la Ley Bases frenado en la Justicia y sin número para avanzar en el Congreso, la ministra Patricia Bullrich creó por resolución un Comando Conjunto de las fuerzas federales con “el objetivo específico de tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”. Es decir, frente a un bloqueo en una minera, petrolera o puerto, se activará el Comando.
Este escenario, al que se suma la sangría de legisladores en ambas cámaras y una fuerte interna dentro de los bloques —en donde los dichos de Lilia Lemoine en Diputados y de Bartolomé Abdala sobre el uso de asesores del Senado para hacer campaña en su provincia—, muestra un segundo semestre muy complicado en el Palacio Legislativo para el oficialismo.
Como si eso no fuera suficiente, esta semana La Libertad Avanza volverá a vivir otra derrota parlamentaria. Los bloques de la oposición, que hasta hace poco eran dialoguistas, decidieron insistir con la ley de movilidad jubilatoria y rechazar el veto presidencial. El miércoles, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la UCR, la izquierda y la Coalición Cívica buscarán alcanzar los 172 votos que, como máximo, se necesitan para darle nuevamente media sanción al proyecto. El número aún no está confirmado, y es un “piletazo”, reconoce un radical. “Hay que hacerlo antes de que comience el debate por el Presupuesto, porque ahí los gobernadores negocian votos, presencias, ausencias, por obras o algún anexo del proyecto”, agregó.
La esperanza del oficialismo es frenar el empuje de la oposición contra el veto, pero no solo no cuenta con el número, sino que sus aliados, el bloque del PRO, no estaría en condiciones de asegurar los 37 diputados.
Este viernes iba a partir un grupo de diputados del oficialismo y la oposición, que forma parte del grupo de Amistad con China, en un viaje al país asiático. Los diputados Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Juan Marino (UP) ya se bajaron del viaje. La libertaria Juliana Santillán y Martín Ardohain (PRO) querían seguir con el viaje, lo que significaba dos ausencias para el oficialismo. “Notaron que Agost y Marino estaban firmes y se pusieron a negociar con la embajada para ver si se puede reprogramar, porque se dieron cuenta de que pierden votos”.
Donde parece no tener salida es en el Senado de la Nación. La semana que viene, Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical aprobarán la ley de presupuestos universitarios, y el Gobierno ya adelantó que la vetará, lo que generará un nuevo conflicto con el Parlamento y con los sectores universitarios, que hasta ahora fueron los que generaron masivas movilizaciones que preocuparon a la Casa Rosada.
Lo más probable es que, en la misma línea, se avance con la derogación del Decreto 656, que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados. En este caso, el Ejecutivo no puede hacer más que aceptar.
Todo esto ocurre mientras sigue buscando las firmas que le permitan llevar al recinto los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia —Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla—, algo que hasta ahora no ha podido lograr.
Es en este contexto en el que el presidente Javier Milei planea desembarcar en la Cámara de Diputados para presentar el proyecto de ley de Presupuesto. Planea hacerlo en el recinto, ya que todos los diputados pueden asistir a las comisiones, y lo más probable es que sea de esa manera. No estará abierto a preguntas, como sucede habitualmente cuando ese rol lo cumple el ministro de Economía.
“Milei va a venir y va a decir lo que se le ocurra. Va a buscar volver a la centralidad. Aunque no le gusta o no es el rol que más le divierte, ya lo vimos reuniéndose con diputados del PRO, LLA y el MID. Eso es algo que no había hecho hasta ahora. Se está involucrando en la política para ver si logra destrabar, porque el Congreso ya no es el mismo del primer semestre”, explicó un diputado que participará de la presentación del Presidente.
La ley estipula que el 15 de septiembre —o el día hábil siguiente, que será el lunes 16— es el momento en el que Jefatura de Gabinete tiene que enviar el proyecto de ley. En la Casa Rosada y en el Congreso, estiman que el Presidente irá ese mismo día. “Mientras más rápido, mejor”, dijeron desde el entorno del titular de la Cámara, Martín Menem. El propio Menem se está encargando de la organización.
Con esta medida, Milei busca volver a la centralidad en lo que se refiere a su intercambio con el Parlamento y, además, proteger al ministro Luis ‘Toto’ Caputo. El funcionario se niega a ir al Congreso; no se siente cómodo en esa instancia. El presidente Milei se lo adelantó la semana pasada al titular de la comisión de Presupuesto, el diputado libertario José Luis Espert, quien se mostró de acuerdo con la idea.
Caputo envió en julio un adelanto del Presupuesto 2025, en el cual establece que el tipo de cambio con el dólar se elevaría a $1.016,1 (+58,3% interanual) y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicaba en un 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una baja promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral de -2,3% en el año.
Respecto a los impuestos, la administración nacional presupuestó un aumento de la recaudación “un 54,4% respecto a la proyectada para 2024″. Sin embargo, se aclara que esto significará “una reducción de 0,45 puntos porcentuales del PIB respecto al año anterior”. Asimismo, la presión tributaria “pasaría de 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025″. Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación como consecuencia de la finalización de la vigencia del impuesto PAIS.