El gobierno de Javier Milei redobló la ofensiva sobre la dictadura que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a un punto límite. La canciller Diana Mondino firmó hoy un solicitud a la Corte Penal Internacional para que se disponga el arresto de los cabecillas del régimen, debido a las violaciones a los derechos humanos que se registran en ese país, agravadas después de unas elecciones fraudulentas.
En términos diplomáticos, Mondino firmó una carta para exhortar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan “órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro”. El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.
“En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”, establece esa normativa.
Según consideran el gobierno argentino, la evidencia que tiene la causa es suficiente para pedir su detención. Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial.
La decisión se tomó después de una fuerte embestida de parte de la diplomacia argentina en los foros internacionales y a menos de un mes que la Casa Rosada dispusiera el regreso de la Argentina a la causa que impulsaron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018. Es que la gestión de Alberto Fernández se retiró de ese proceso en el 2021.
El 19 de julio pasado, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al proceso y resaltó que se trató de una “decisión que es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023, frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio Mondino.
Ahora, la Canciller dio otro paso. Se trata de un gesto que tensiona aún más el vínculo ya roto entre ambos países. De hecho, el régimen de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y Brasil tuvo asumir la representación de los intereses argentinos ante la dictadura chavista, igual que hace más de 40 años, con la guerra de Malvinas.
La carta con el pedido de arresto fue dirigida al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.
“El pedido de detención no sólo tiene que ver con las anteriores violaciones a los derechos humanos que ya están siendo investigadas, sino a los nuevos episodios gravísimos que ocurrieron después de las elecciones fraudulentas. Hubo graves episodios que deben ser investigados y sus responsables condenados”, explicó la misma fuente.
La demanda original había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue en ese entonces la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
El expediente titulado Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela involucra a Maduro, Cabello y un grupo amplio de líderes del régimen opresivo chavista. Entre los delitos que se investigan, además de supresión de garantías mínimas, está la tortura ejercida por líderes de la aparato represor del régimen.
La ofensiva
La decisión de pedir la detención de Maduro se inscribe en una ofensiva internacional del gobierno de Milei. En el Consenso de Brasilia, un organismo que es como el sucesor de la UNASUR, donde están todos los países sudamericanos, el miércoles pasado la representación argentina propuso una cláusula democrática, cargada de intención.
Otro planteo fue realizado la semana pasada en la CELAC, en una reunión de coordinadores nacionales por la delegación que representó el subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara. Los cuestionamientos tuvieron que ver con las violaciones a los derechos humanos.
Sobre el Consenso de Brasilia, la hoja de ruta de esa institución tiene hasta ahora nueve puntos y el décimo, en caso de ser aprobado en las próximas sesiones, sería el que planteó Argentina sin inocencia: “No se mencionó a Venezuela, ni a Bolivia y tampoco tendrían motivos para oponerse. ¿O no son democracias?”, planteó el informante con deliberada mordacidad.
Esa cláusula, en concreto, propone expulsar a aquellos países que vulneren los principios democráticos, un planteo que figura también en instancias hemisféricas, como la Organización de Estados Americanos. “Venezuela le quiere hacer creer al mundo la farsa de las elecciones. Si el régimen de Maduro se opone a la aprobación de esa cláusula va a quedar en evidencia de qué lado está. Bolivia planteó que hace dos meses tuvo un intento de golpe de Estado”, afirmó la fuente consultada por Infobae.
La denuncia
El informe de los expertos convocados por la OEA señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas (hasta ese momento) por su oposición política al régimen de Nicolás Maduro. En ese documento se destacó “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela”, empleando herramientas como la persecución política y el acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas.
Además, el informe señaló la existencia de 131 asesinatos cometidos durante las protestas de 2014 y 2017, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y los colectivos chavistas. También se identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, y más de 12.000 venezolanos que fueron detenidos arbitrariamente o encarcelados tras las elecciones de 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.
El informe, que incluye 489 páginas, recopiló testimonios de decenas de víctimas y testigos, y analizó evidencias de organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, se incorporaron 26 testimonios recogidos en las audiencias públicas organizadas por la OEA y documentos presentados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
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