Horas más tarde de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizara su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación, en donde ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el funcionario profundizó al advertir que “toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos, por supuesto que va a ser vetada”.
La audiencia que duró unas seis aproximadamente, puesto que el funcionario público respondió unas 3.500 formuladas por los diferentes bloques partidarios. Entre los cuestionamientos volvió a criticarse el veto total que el Presidente Javier Milei le aplicó al proyecto de ley que pretendía actualizar los montos percibidos por los jubilados y pensionados.
“El Presidente tomó la decisión de vetarlas totalmente y nosotros mantenemos esta posición porque no vamos a aprobar ninguna norma que implique llevarnos a un déficit fiscal”, ratificó al destacar que el Gobierno aún mantiene como eje fundamental mantener el equilibrio fiscal. A su vez, argumentó que los análisis que realizaron sobre las políticas económicas impulsadas por las gestiones pasadas les permitieron interpretar que el déficit fiscal “fue el causante de todos los problemas económicos de la Argentina”.
Por este motivo, planteó que el objetivo del Gobierno será “mantener la actual fórmula de actualización de las jubilaciones que está relacionada al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, la cual fue sancionada en el Decreto N° 274/2024. De hecho, la misma había sido mencionada en el veto como la única medida capaz de asegurar que los jubilados no volvieran a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
En ese mismo escrito, el Poder Ejecutivo había rechazado la iniciativa por no precisar de dónde se obtendrían los fondos públicos para abonar las liquidaciones correspondientes, a lo que se refirieron como un error técnico de la norma propuesta. A raíz de esto, el jefe de Gabinete sentenció que “toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes, que no tenga su partida presupuestaria, por supuesto que va a ser vetada por el Presidente”.
Durante una entrevista para el programa A dos voces, emitido por la señal de TN, Francos adelantó: “Seguiremos en este proceso hasta que nosotros como La Libertad Avanza (LLA) tengamos los votos para impedirlo”, en referencia al avance de los proyectos de ley que fueran considerados contrarios al plan económico de la gestión. Asimismo, señaló que “hay que analizar estos temas con responsabilidad”, al hacer énfasis en que el Presidente cuenta con un apoyo por encima de 50% de la sociedad argentina para implementar los cambios necesarios para mejorar la situación económica del país.
En línea con este objetivo, el también ministro del Interior se refirió a la reunión que el mandatario sostuvo junto con varios de sus funcionarios y los diputados del PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) al explicar que “el Presidente quiere involucrarse más en transmitir para tratar de evitar que se sancionen leyes sin fundamentos presupuestarios”. Y negó haberse apartado de su rol como negociador político al aclarar que en el último tiempo estuvo centrado en sus funciones como ministro coordinador.
A lo largo de la conversación fue consultado sobre las denuncias por represiones a los manifestantes que defendieron a la fórmula de movilidad jubilatoria vetada en las afueras del Palacio Legislativo, por lo que no se privó de ironizar sobre las edades de las personas que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. “Se ve que el sistema jubilatorio argentino ha permitido que muchos jóvenes, sobre todo del Partido de Izquierda, se jubilaran temprano porque se estaban manifestando por sus derechos”, satirizó, para después repudiar que “mandan a un grupito de jubilados adelante para generar la sensación de que reprimen y, en realidad, lo que se está haciendo es cumplir el protocolo”.
Respecto de las críticas que recibió el Decreto 780/2024 que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública para excluir los datos relacionados con la vida privada de los funcionarios públicos, el titular del Gabinete afirmó que “no va a caer el decreto”, pero que se encuentran dispuestos a escuchar las observaciones realizadas por otros espacios políticos. “Escucharemos cuáles son los comentarios y cuestionamientos que se hacen a la norma para saber si hemos incurrido en algo que violente a la ley”, aseguró.
En este sentido, el ministro defendió que “la privada de los funcionarios es privada”, pero que el cambio en la reglamentación no afectaría a futuras investigaciones judiciales, en caso de que se viera involucrado el uso de fondos públicos en algún tipo de actividad, hecho y/o situación por fuera de la norma.
Por el momento, Francos no reveló si ya hubo alguna reunión pactada con los detractores de la norma. Aunque confirmó que la intención por parte del Gobierno será conversar con ellos “para ver cuales de las disposiciones de la norma no entendieron o le parecieron que de alguna manera obstaculizan la ley de acceso a la información pública”, la postura inicial es que la modificación no sería contraria a la ley.