El senador que utiliza a sus asesores para hacer campaña en San Luis contrató en realidad a 20 personas

Bartolomé Abdala confesó que tiene más de 15 empleados en el Congreso y la mayoría de ellos trabaja en su proyecto político personal. Un relevamiento de Infobae determinó cuántos son en realidad sus asistentes. Cómo funciona el sistema de “módulos” que utilizan los legisladores para contratar personal

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La polémica se desató esta semana cuando el senador libertario Bartolomé Abdala admitió que 13 de sus 15 asesores se encuentran en San Luis, abocados a su campaña para la gobernación. Lo hizo en una entrevista ofrecida a TN, ante la sorpresa de sus entrevistadores.

Sin embargo, un relevamiento de Infobae de la base de datos del Senado, permite observar que el legislador tiene 20 empleados: 6 con carácter de permanente y 14 transitorios. Los 6 senadores libertarios, pertenecientes al bloque de más reciente creación, tienen un total de 88 empleados.

El senador libertario aseguró que de sus 15 colaborares, 13 se encuentran en San Luis

El tema vuelve a poner sobre el tapete la cantidad de empleados que dispone cada legislador y las tareas que cumplen. El personal del Senado de la Nación suma 4.386 trabajadores, incluyendo a quienes tienen cargos permanentes y transitorios. De ese total, los 72 senadores tienen 1.309 empleados trabajando para sus despachos (un promedio de 18 por legislador), con un pago en sueldo por mes de $1.245 millones. En el año, representa un costo de $16.193 millones, incluyendo los aguinaldos. A este valor hay que sumar 370 contratados, que al cabo de un año, con datos de marzo, insumían un costo laboral de $1.320 millones.

El resto de los trabajadores cumple funciones en los bloques y distintas dependencias como la presidencia y la presidencia provisional, las vicepresidencias, las secretarías y prosecretarias administrativas y parlamentarias, las comisiones permanentes y las bicamerales.

Según un análisis realizado por la unidad de datos de Infobae, hay 6 senadores que tienen más de 30 empleados para asistirlos en su tarea legislativa en el Congreso y, como quedó expuesto ahora, también realizar tarea política en sus provincias. Este número no incluye los contratados, ya que la página oficial del Senado no informa el destino de quienes están bajo un contrato de locación de servicios. De ese conteo, la senadora Carolina Moises (Jujuy), de Unidad Ciudadana, es la que tiene mayor cantidad: 40 en total: 14 permanentes y 26 transitorios.

La información surge de analizar los listados del área de Transparencia de la Cámara Alta, que publica regularmente la composición de su planta de trabajadores, con datos de legajo, nombre y destino. Los datos oficiales incluyen desde los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y para los distintos bloques políticos, hasta el personal de las comisiones, las distintas direcciones, secretarías y áreas administrativas.

El tema del personal del Senado siempre fue objeto de observaciones. La evolución a través de los años muestra que en 2019 sumaban 5.565, antes de que Cristina Kirchner asumiera la presidencia de la Cámara Alta. Tres años más tarde, en 2022, fueron 5.175 y el año pasado 4.994, es decir 312 más que ahora. En 2015, último año de la gestión de Amado Boudou, el número de empleados había alcanzado el récord de 6.081

Al analizar la variación por tipo de planta, se observa que el año pasado, había 2.769 empleados permanentes, cuando en ahora sumaban 2.694, apenas 75 menos. Esa condición les asegura a los trabajadores continuar en sus puestos, más allá de las renovaciones legislativas. Como mucho, les puede tocar cambiar el lugar de trabajo dentro del Palacio, ya que es usual que pasen de un despacho a otro del mismo signo político o la misma provincia. Es lo que se conoce en la jerga política como “capas geológicas” que dejan los senadores cuando se van, y negocian dejar a algunos de los que habían nombrado en otro destino en planta transitoria, o con un pase a planta permanente, que les garantiza estabilidad laboral, más allá de las funciones que pasen a cumplir.

El gasto en salarios y cómo funciona el sistema de módulos

Cada senador en su llegada al cargo dispone de un total de 7.338 módulos para la asignación de personal asistente y asesores. Esta atribución se basa en la vigencia de los decretos 362/03 y 520/95. Siendo el valor del módulo de $1.966 esa cantidad se traduce en $14,4 millones por mes, que están a la discreción del senador para la contratación dentro de un abanico que va desde la categoría más alta, la A1, hasta la más baja, la A14. Adicionalmente, cuentan con la opción de contratar personal bajo el régimen de locación de servicios por un período de hasta un año, cuyos honorarios son deducidos del monto total de módulos disponibles. A ese paquete presupuestario se le suma el personal de planta permanente que “hereda”, y que no les consume la cantidad de módulos que reciben.

Los sueldos de los asesores , según la escala de mayo, varían entre $1.661.940 (categoría A1) y $271.417, la más baja. Estos valores son brutos y sin adicionales, por lo que pueden aumentar, ya que hay que considerar antigüedad, título u otros pagos como el de capacitación, a los que se asigna una determinada cantidad de módulos por categoría

En cuanto a los contratados, -todos con fecha de inicio de actividades el 1 de enero pasado y con contratos por 12 meses-, su salario depende de la cantidad de módulos que se les asignan. Hay 9 casos con 845 módulos asignados, es decir con salarios brutos de $1.661.270, que es el equivalente al de la máxima categoría. En el repositorio de datos del Senado no hay información disponible con relación al destino de los contratados, por lo que no se sabe para quién o para qué oficina trabajan.

Según información oficial, el crédito inicial para el funcionamiento del Senado durante 2024, es de $66.121 millones, tal como reportó Infobae oportunamente. El documento consigna que los gastos de personal, incluyendo a los 72 senadores más los trabajadores de los despachos, bloques y demás dependencias, insumen $61.912 millones al año, es decir, casi el 94% del total del presupuesto.

La necesidad de transparentar la información sobre los contratados surge en un contexto donde la claridad y la accesibilidad de los datos referentes a la gestión y administración pública son cada vez más demandados por la ciudadanía.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

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