El Gobierno gana tiempo y se pospuso la sesión en el Senado por presupuesto universitario y Boleta Única

Tras una tensa reunión de Labor Parlamentaria, los principales jefes de bloque del Senado -salvo el kirchnerismo-, y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, decidieron posponer la sesión pensada para mañana y la misma se realizará el jueves de la semana próxima, desde las 14. Así, el Gobierno ganó algo de tiempo y dilatará la sanción del proyecto que blinda el presupuesto universitario, las modificaciones a la Boleta Única de Papel (BUP) y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre millonarios fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La definición de esta cuestión, que generó 48 horas de un clima muy espeso en el Senado, tuvo en el centro del problema a una Unión Cívica Radical (UCR) cada vez más dividida y conflictiva que, sin embargo, ayudó esta tarde a La Libertad Avanza. Desde ayer, la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi y que tiene en sus filas al titular del partido a nivel nacional, el porteño Martín Lousteau, puso reparos -de manera insólita- al acuerdo sobre la BUP que ellos mismos empujaron desde julio pasado.

“Ya no se trata más de revisiones técnicas. Es puramente político lo que pasa con los radicales”, señaló una importante fuente del oficialismo a Infobae. De cara a la sesión será trascendental la intervención de la Casa Rosada, que dio por sentado -y operó- un encuentro en el recinto que nunca estuvo confirmado. De hecho, el Ejecutivo supo todo lo que ocurría en la Cámara alta casi en simultáneo.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, la UCR validó la idea de posponer la sesión junto a otros espacios y dejó en soledad al kirchnerismo, que pujaba para sancionar la ley educativa y rechazar el DNU relacionado con inteligencia. El deseo del Frente de Todos también es evitar la BUP y seguir con la clásica boleta sábana. En el encuentro de esta tarde, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, tuvo fuertes cruces con el presidente provisional de la Cámara alta, el puntano Bartolomé Abdala.

Cerca de la noche y, ofuscado con el resultado -traspié- de la jornada, el kirchnerismo presentó una nota a Villarruel para que “arbitre los medios necesarios en orden a garantizar las condiciones necesarias para la celebración de una sesión ordinaria a celebrarse el jueves 5 de septiembre -es decir, mañana- a las 14 horas”, con el financiamiento universitario y el DNU de la Side. Si fracasa, convertirá esto en una improvisada conferencia de prensa para repartir críticas.

El proyecto que refuerza las partidas fue dictaminado ayer, en las comisiones de Educación; y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa cuenta con la aprobación de Diputados y el Gobierno ya deslizó que está dispuesto a vetarla.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Una oposición unida descartó los argumentos del oficialismo -los libertarios incluso sugirieron que implicaría un gasto mayor, tras números acercados por el Ministerio de Capital Humano- y dijo que el proyecto representa el mínimo indispensable para el funcionamiento de las universidades.

La ley impone actualizar los créditos destinados a las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

El objetivo es devolver la iniciativa en segunda revisión a la Cámara baja lo más rápido que se pueda -pierde estado parlamentario el último día de febrero próximo- y avanzar con un cambio institucional de relevancia en cuanto al sistema electoral que, en principio, adoptaría el modelo mendocino por sobre el cordobés.

Ambas provincias realizaron varios comicios sin problemas y aplican una sola papeleta para todo. Son bastante similares. La diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo, el sistema cuyano presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.

Para el consenso -siempre atado con alambres- fueron importantes los modelos impresos que el Gobierno proveyó al senador del peronismo disidente y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien se encargó de preparar un texto final y lo circuló entre legisladores dialoguistas. La Casa Rosada siguió de cerca todo esto en los últimos días, tras varias idas y vueltas desde el Ejecutivo que complejizaron un acuerdo viable.

De esta manera, la ley de BUP no tendría la posibilidad, a contramano de lo que ocurre en Córdoba y Mendoza, del casillero para votar lista completa en las generales, cuestión que el proyecto de Diputados no contempla para las PASO. Un pedido de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y de los dos misioneros renovadores -no massistas-, que son claves junto a otros senadores para sellar el acuerdo. Los últimos también están a favor del modelo cuyano, que da mayor visibilidad a los partidos en la papeleta.

El proyecto aún genera fricciones por la llamativa disidencia que apareció ayer gracias a la UCR, que informó al oficialismo que no podía contar con los votos de todo el bloque. Las acusaciones entre los propios legisladores del centenario partido fue constante en las últimas horas, con reuniones entre senadores donde se habla de una cosa y después, por picardías usuales de dos o tres actores, se ejecuta otra.

La norma del Ejecutivo, que destinó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ya fue rechazada por Diputados y la Cámara alta tienen en sus manos el destino del mismo. El Congreso tomaría una acción de este tipo por primera vez desde 2006, cuando se reglamentó la ley que, en su momento, impulsó como legisladora Cristina Kirchner.