Una cámara del interior impugnó la paritaria de Camioneros y abre un inesperado frente de tensión sindical

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó este lunes una impugnación del último acuerdo salarial firmado entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector, en una situación que remite a un conflicto similar con la paritaria de marzo-abril, que fijaba un 45% de aumento en dos tramos y que el Gobierno se negaba a homologar porque superaba la pauta oficial.

La presentación fue efectuada ante la Secretaría de Trabajo de la Nación por CATSE, que lidera el empresario pyme Francisco Lo Bruno, mediante una nota en la que consideró que el reciente convenio salarial de Camioneros fue rubricado, entre otros, por el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), Ramón Jatip, cuya “legitimación no se encuentra debidamente acreditada” -denunció-, ya que el 14 de agosto pasado “la Inspección General de Justicia dispuso la intervención de la entidad y el desplazamiento de sus autoridades”.

“Resulta evidente la cuestionable participación del Sr. Jatip en el acuerdo paritario, afectando la transparencia del acto, ya que lo que está en juego resulta ser nada más ni nada que la invocación de ostentar un cargo del que se carece”, señaló la cámara empresarial de Santiago del Estero.

La entidad también criticó que en la paritaria con el gremio de Hugo Moyano se fijó “una recomposición salarial y la renovación automática de un ‘aporte extraordinario’ a la obra social de Camioneros que causan graves perjuicios a las pymes” que integran CATSE, por lo cual rechazó “cualquier acto de modificación del convenio colectivo de trabajo que pueda generar el acuerdo”.

Con respecto al porcentaje de incremento (11% en tres tramos de 4%, 4% y 3% para el trimestre septiembre-octubre-noviembre), la cámara encabezada por Lo Bruno advirtió que “los porcentajes de aumento acordados superan el acumulado de inflación no sólo del trimestre correspondiente, sino también del año en curso”, algo que consideró “injustificable y perjudicial para la economía de las empresas, ya que los aumentos establecidos impactan negativamente en su estabilidad financiera”.

Por otra parte, CATSE cuestionó “la arbitraria prórroga y aumento del aporte extraordinario a las obras sociales de Camioneros”, que pasó de $12.000 a $14.000 mensuales por trabajador que deben pagar las empresas. “Esta prórroga automática implica la pérdida de su carácter supuestamente “excepcional” convirtiéndola en una carga patronal fija adicional, que encima, en virtud de este acuerdo, se eleva”.

“Es claro que por vía paritaria no se pueden ‘crear’ impuestos o cargas patronales pues ello resulta ilegal, ya que termina resultando ‘ultractivo’ pues su vigencia excede al convenio y a fin de ‘ocultar’ dicha circunstancia se lo renueva automáticamente, lo que hace cuestionable este tipo de acuerdos por ser pasibles de reproche constitucional al afectar el derecho de propiedad”, agregó la nota.

Sobre este punto, CATSE sostuvo en su presentación ante la Secretaría de Trabajo que “es por demás discutible su razonabilidad, ya que este aporte se aplica a la totalidad de los trabajadores, sea o no afiliados a la obra social” y “además no se justifica las razones que imponen esta contribución: realizar una referencia de que se atraviesan una situación de emergencia no resulta suficiente, puesto que se deben indicar las razones que llevaron a las obras sociales a esta situación, sobre todo en el contexto actual, en que el manejo de los fondos sindicales está siendo cuestionado en la sociedad”.

“Tampoco se ha dispuesto la realización de una fiscalización adecuada sobre el uso de estos recursos adicionales -advirtió- ni tampoco se ha observado en estos meses de vigencia una mejora en los servicios que presta la obra social. Este aporte ha implicado una recaudación mensual significativa para los sindicatos sin un retorno claro en beneficios para los afiliados”.

Por último, la cámara de Santiago del Estero consideró que “el acuerdo (con Camioneros) no considera la situación de emergencia en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas debido a la recesión económica”, tras lo cual enfatizó en “la imposibilidad de estas empresas para enfrentar los nuevos aumentos y cargas salariales puede llevar a la desaparición de muchas de ellas, lo cual repercutiría negativamente en el empleo y en la estabilidad de los trabajadores”.

Por esos motivos, la entidad que preside Lo Bruno solicitó a la Secretaría de Trabajo que “se suspenda el trámite homologatorio” del acuerdo salarial y “se convoque a una nueva audiencia paritaria con las observaciones mencionadas a los fines de dar curso a la negociación”.

En esa dependencia oficial, que encabeza Julio Cordero, aclararon a Infobae que “aún no se analizó” la presentación efectuada por la cámara santiagueña del transporte automotor de cargas. Hace cinco meses, una impugnación similar presentada por CATSE y las cámaras de Córdoba, Mendoza y San Juan habían servido de excusa para frenar la homologación del acuerdo salarial de Camioneros que fijaba un 45% en dos tramos, una cifra objetada porque “no era razonable”, como reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo: “Esto tiene que tener una lógica -dijo-. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”.

La impugnación obedeció a una interna que estalló en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) cuando aquellas cámaras del interior se rebelaron contra sus autoridades porque en el acuerdo con Moyano se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y del aporte para la obra social, cuyo pago “afectará a las pymes”.

Lo Bruno denunció en ese momento “supuestos aprietes del sindicato” a FADEEAC para que, sin autorización de otras cámaras, se incorporen otros ítems en el acuerdo salarial que “terminan favoreciendo a las multinacionales o las grandes empresas y afectan a todas las pymes del país”.

Tras la presentación de esas cámaras del interior, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros se declaró en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el acuerdo salarial y acusó a Lo Bruno y a sus colegas José Arata (de CEDAC, Córdoba) y Ricardo Squartini (de APROCAM, Mendoza) de “presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento por parte de las autoridades nacionales”.

El 5 de marzo, la conflictiva situación originó el escrache y el bloqueo contra Expreso Lo Bruno, la pyme del titular de CATSE en la que trabajan unos 100 empleados en Villa Lugano: los activistas de Camioneros pegaron afiches contra el empresario, acusándolo de “boicotear” el acuerdo salarial.

Finalmente, en medio de una tensión política y sindical en ascenso, Cordero logró que Moyano aceptara reformular la paritaria para que pudiera ser homologada: se pactó un incremento de 15% para marzo y del 9% para abril y revisarlo recién en junio (sin aumento alguno en mayo), un esquema que estaba en sintonía con las pautas inflacionarias del Ministerio de Economía.

En la práctica, el nuevo acuerdo tuvo sabor a empate entre el Gobierno y Camioneros. El oficialismo pudo decir que el sindicato de Moyano cedió al reformular el convenio, no fijar ningún aumento en mayo y extender su vigencia hasta junio, mientras que el gremio consiguió que la mejora en el bolsillo de los trabajadores se mantuviera en casi un 45%, tal como lo establecía la paritaria sin homologar.

Ahora, el problema no es el porcentaje pactado la semana pasada porque, según fuentes oficiales, Economía acepta que “los salarios le puedan ir ganando despacio a la inflación” siempre que las paritarias marquen “un camino de deflación que es muy importante”. Pero, como en el conflicto anterior, una cámara empresarial del interior impugna el acuerdo con Camioneros con argumentos que, a priori, parecen razonables desde el punto de vista jurídico y económico. Trabajo aún no analizó la presentación y la intriga vuelve a agregar tensión a la relación Gobierno-sindicatos.