Senado: la oposición dictaminó la ley que blinda el presupuesto universitario y presiona para sancionarla

La oposición avanza a paso firme con el proyecto que blinda el presupuesto universitario, tras el dictamen obtenido esta tarde en las comisiones de Educación; y de Presupuesto y Hacienda del Senado. La iniciativa, que ya aprobó Diputados, podría sancionarse mañana y el Gobierno ya deslizó que está dispuesto a vetarla.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

El kirchnerismo, que no quiso integrar la comisión de Educación durante más de nueve meses, aprovechó la ocasión y días atrás puso en la presidencia al camporista Eduardo De Pedro, quien dejó en claro que el proyecto “es un rescate urgente para garantizar el funcionamiento mínimo”.

“No es un gasto, es una inversión que tiene que ver con la cultura, con la identidad argentinos. Es la democratización del conocimiento y tiene que ver con los pilares esenciales de una Nación, que son la educación y un sistema argentino muy reconocido a nivel mundial”, destacó el legislador bonaerense.

Fue curioso el dato que utilizó De Pedro para pedirle al Gobierno que “recapacite”, ya que habló de un acumulado inflacionario desde noviembre de 2023 -cuando el kirchnerismo seguía en el poder central- a junio de 2024 de “poco más de 135%”, y “una recomposición salarial de docentes que fue de apenas el 57%, lo que significa que el poder de compra de los docentes bajó un 33%”.

“Hoy nos decían los rectores de la provincia de Buenos Aires un dato muy duro: el 80% docentes se encuentran debajo línea de pobreza”, dijo en relación con un encuentro que mantuvo junto a su compañera de bancada Juliana di Tullio y el también bonaerense del radicalismo Maximiliano Abad. Según el legislador kirchnerista, del 0,68% del PBI del presupuesto universitario vigente, ese valor se encuentra en la actualidad en un 0,34%.

Desde La Libertad Avanza, el jefe del oficialismo y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, argumentó que el Ejecutivo subió un “70%” partidas educativas que “venían muy atrasadas desde 2022″. “Era una cuestión que no se reclamaba y empezaron a reclamar, y era razonable”, aseveró. No obstante, el jujeño apuntó a “salarios de docentes y presupuestos adecuados” siempre y cuando se cuide “el bolsillo de los pagadores de impuestos”.

“La OPC dijo que rondaba -el costo fiscal del proyecto- casi 800 millones de dólares. El Ministerio de Capital Humano, según sus cálculos, tiene que superaría los 1.100 millones de dólares. Es alto y se tiene que revisar, independientemente que salarios valgan cada vez más”, enfatizó.

Quien respondió fue el vicepresidente de la comisión de Salud y experimentado ex rector universitario, Flavio Fama: sostuvo que el proyecto “no reclama un presupuesto extra, para no entrar en una discusión descontextualizada” y tampoco “hace hincapié sobre puntos como la obra pública suspendida”. Seguido a ello, evaluó que la ley “es de corta duración, hasta 31 de diciembre, y en poco tenemos el Presupuesto 2025 y ahí estará la discusión”.

Fama además sugirió no “desconfiar ahora” sobre los informes de la OPC y, sobre una potencial “sospecha de alguna maniobra poco santa, que “el artículo 75 -de la Constitución Nacional, inciso 19, que consagra la autonomía universitaria y la autarquía financiera”. Y sintetizó: “Si se mete a todo el sistema universitario -bajo sospecha-, es injusto”.

“No invalido la discusión de hacia dónde queremos ir, pero si hay algo que iguala a argentinos es nuestro sistema de educación público”, señaló el legislador catamarqueño. En cuanto a los salarios, observó que “quedaron un 15% debajo de la pauta que el mismo gobierno nacional estableció para el resto del sector público”, y aclaró que el 90% del presupuesto se destina a sueldos. Durante el plenario también sumó otros datos el titular del partido, Martín Lousteau.

Desde un sector del PRO, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero manifestó que el debate que se da en el Senado sobre este tema debe ocurrir con la “seriedad que merece”. En tanto, el kirchnerista Fernando Salino afirmó que la reciente baja del impuesto PAIS realizada por el Gobierno implica “entre un 0,13% a 0,18% del PBI”, lo que se equipara con el costo fiscal de la ley, según la OPC.