El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento finalmente no avanzó este martes en la conformación de una comisión especial que investigue la visita de los seis diputados de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
Debido a la falta de acuerdo entres los principales bloques de la oposición, no se firmó ningún dictamen y apenas se acordó citar para la semana que viene a los involucrados para que hagan su descargo. La convocatoria no es obligatoria, por lo que los diputados pueden desestimarla o presentar una respuesta por escrito.
Según pudo saber Infobae, la semana que viene se avanzará probablemente en un repudio, que también podría incluir sanciones leves. Sin embargo, la posibilidad de echarlos de la Cámara -como reclaman los organismos de Derechos Humanos- quedó prácticamente descartada.
Uno de los principales desacuerdos que marcó el debate fue la facultad reglamentaria de crear una comisión investigadora sin pasar por el recinto: mientras que el peronismo pretendía avanzar desde la propia comisión, la presidente a la comisión de Peticiones Silvia Lospennato argumentó que no estaba dentro de sus facultades.
“En todo caso lo que podían hacer los peronistas era avanzar con un dictamen de mayoría para conformar una investigación y votarlo en el recinto. Pero el problema es que sabían que no tenían los votos, por eso querían hacerlo desde acá”, explicaron a Infobae desde las filas del PRO.
En ese sentido, los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron al PRO y a la UCR por anteponer excusas reglamentarias. “Si el PRO está de acuerdo con investigar, ¿por qué no va a acompañar la creación de una comisión investigadora? Si hay voluntad real, que todos los bloques dictaminen la creación de una comisión investigadora. Para darle seriedad hace falta voluntad política para investigar”, planteó la camporista Paula Penacca.
“Los antecedentes de este cuerpo son claros. En el caso Varela Cid -investigado por sobornos-, la comisión se constituyó en comisión investigadora y citó testigos”, detalló Martín Soria. En la misma línea, Vanesa Siley enumeró una serie de medidas de prueba, como citar a Patricia Bullrich o al titular del Servicio Penitenciario Federal, para que expliquen si se facilitó el ingreso en condiciones indebidas al penal de Ezeiza.
Por su parte, desde el radicalismo tomaron distancia y destacaron la importancia de respetar el derecho a la defensa y propusieron pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene para darle tiempo a los diputados involucrados de hacer un descargo en forma presencial o por escrito.
“Siempre un organismo con potestad sancionatoria debe tener que garantizar el derecho a ser oído. Desde nuestro bloque queremos asegurar este derecho, creemos que los diputados tienen que tener la posibilidad de hacerlo”, dijo Fernando Carbajal.
La diputada del PRO, Silvia Lospennato insistió en más de una oportunidad en que ese plenario no podía convertirse en comisión investigadora pero sí podía avanzar con el dictamen para crearla. Este dictamen luego se votaría en el recinto.
“Lo que no podemos hacer es convertir a esta comisión en lo que no es. Hasta que no se defina la creación de una comisión no se puede dar curso a esos pedidos”, dijo en relación a las diferentes propuestas para citar testigos.
Sin consenso político para conformar una comisión investigadora, la semana que viene se podrá avanzar con un repudio o incluso alguna propuesta de sanción para los diputados. La eventual sanción también deberá ser ratificada en el recinto.
“Acá no hay nada que investigar porque no hay delito ni falta de decoro. Sería sentar un precedente horroroso en esta Cámara. Acá hay diputados que han ido a visitar a criminales como Nicolás Maduro, los hermanos Castros, Daniel Ortega, o terroristas de Hamas. La única sanción es el voto popular”, resumió el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro.
La última vez que se conformó una comisión investigadora, en el marco del artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, fue a raíz del escándalo que tuvo como protagonista a Juan Emilio Ameri, también conocido como el “dipu-teta”, quien en medio de una sesión virtual le besó un seno a su pareja. Antes de que la comisión se expresara, el legislador del por entonces Frente de Todos renunció.
Un caso anterior, en 2021, fue el del legislador de Unión por la Patria, Alberto Vivero, acusado de empujar e invitar a pelear al diputado del PRO, Fernando Iglesias: se conformó la comisión que dictaminó que Vivero tenía que hacer un pedido de disculpas público. Dos meses más tarde, el secretario parlamentario leyó una carta del diputado de UxP, en la que éste pidió disculpas a su par de Juntos por el Cambio en particular y a la Cámara en general.