Hay una disputa silenciosa que mueve todo el espectro político y a todos los distritos del país. Es la batalla por el control del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo estratégico que administra discrecionalmente una caja millonaria que sirve para costear proyectos de desarrollo. Es controlado por los 24 gobernadores y se financia con un porcentaje de fondos coparticipables. Históricamente, fue conducido por el peronismo. Ahora, los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) ven una oportunidad única para disputar la llave de ese ente. Pero la rosca es con sordina y de forma meticulosa.
El arte de la política es especular al ajedrez. Los dirigentes analizan ingeniosamente sus próximos pasos, hacen cálculos hacia adelante pensando en posibles movimientos de sus oponentes, pero mantienen sigilo. Tanto en el tablero como en las disputas de poder, resulta clave no mostrar las cartas ni anticipar la siguiente jugada. El silencio permite el efecto sorpresa y evita la obliteración por parte del adversario. La rosca entre los gobernadores por el control del CFI se da con esa lógica. Muchas nueces, poco ruido. Las negociaciones suceden con cautela. Pero existen.
El CFI es un organismo interestadual que fue fundado en 1959 en un acuerdo entre las provincias. La conducción la ejercen los gobernadores a través de una Asamblea, que es la que elige al Secretario General que se encarga de la gestión y articulación. Durante 30 años, ese rol lo ocupó José Ciacera con aval del peronismo. El dirigente murió en 2020 y el PJ designó como sucesor a Ignacio Lamothe, actual titular del Consejo. Se trata de un politólogo que llegó a ese sillón con el respaldo del senador nacional Eduardo Wado De Pedro, ex ministro del Interior de la Nación, y la mayoría de los jefes provinciales.
Con sede en el barrio de Retiro, el edificio del CFI suele funcionar también como punto de encuentro y reuniones entre los gobernadores.
Una caja millonaria y discrecional
Si bien se lo asocia a La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner se despega de Lamothe y asegura que “no es orgánico”. Es, más bien, un técnico cuya carrera política comenzó antes que esa organización exista. Llegó al Poder Ejecutivo en 2008 de la mano de Juan Carlos “Chueco” Mazzón, operador histórico del peronismo. Luego, durante la gestión de Florencio Randazzo en Interior, fue designado al frente de una secretaría. Y en 2020 regresó al Gobierno de la mano de De Pedro, quien lo impulsó para liderar el CFI. Al igual que el ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Lamothe es también es oriundo de Mercedes.
Sin embargo, De Pedro niega ser su jefe político. “No es de Wado”, se desmarcan en el círculo del senador nacional de Unión por la Patria.
De fondo asoma una pelea por una caja de casi $100 mil millones de pesos al año. Y, acaso, lo más codiciado: esa cifra para financiar proyectos de desarrollo en las provincias se maneja de forma discrecional, sin injerencia directa del Gobierno nacional. Esos fondos del CFI están determinados en el artículo 15 de su acta constitutiva, que dispone que se determina por “una tasa máxima del 0,75% a aplicarse sobre el monto que en concepto de coparticipación le corresponda” a cada provincia.
Milei y el nuevo mapa de poder
Desde que Javier Milei llegó a la Presidencia, el mapa político cambió. Pirque el sistema de partidos se fragmentó. Además, Juntos por el Cambio perdió la presidencial pero le arrebató al PJ seis provincias y retuvo las cuatro que ya gobernaba. Esa situación equilibró la relación de fuerza con los mandatarios peronistas, que otrora controlaban la mayoría de los 24 distritos. Este nuevo escenario es el que motiva al PRO y a la Unión Cívica Radical (UCR) a disputar la conducción del CFI.
En este marco, Lamothe se mueve con cautela, busca consolidar la confianza del peronismo y trata de seducir a mandatarios de otros partidos. Al mismo tiempo, cultivó un buen vínculo con Balcarce 50.
En algunas provincias dialoguistas hay sospechas sobre la posible injerencia de Milei en las negociaciones a través de Santiago Caputo, el principal asesor y estratega de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada está al tanto de la rosca por el CFI pero, deslizan, se mantiene al margen. “El Gobierno no está en esa discusión ni estamos empujando ningún candidato”, le aseguró a Infobae una alta fuente de Balcarce 50.
Sobre este manto se tejen conversaciones reservadas por el control del CFI. El artículo 9 del Acta Constitutiva establece que el Secretario General tiene un mandato de cuatro años y será designado por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea. Cada provincia tiene un voto. Si ningún candidato obtuviera dicha mayoría, se hará una segunda votación y si tampoco se lograra, en una tercera será designado por simple mayoría. Antes de fin de año, los gobernadores deberán proponer a un nuevo candidato o, en caso de haber consenso, votar la continuidad de Lamothe.
Mientras tanto, los gobernadores sustraen las negociaciones de la mirada pública. Evitan dar nombres y quedar expuestos detrás de alguna candidatura. Hoy la aritmética no da para que ninguno logre dos tercios. Por ende, la definición sería por mayoría simple: se necesitan el voto de 12 gobernadores para conducir el CFI.
La batalla silenciosa por el CFI
Actualmente, los de JxC reúnen a ocho gobernadores. Los del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), y el aliado al PRO Marcelo Orrego (San Juan); los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Cabe recordar que Jorge Macri (CABA) tiene menos incidencia por que la Ciudad no vota. Al igual que Claudio Poggi (San Luis), porque su provincia se retiró del Consejo.
Dentro de ese grupo sobresale Sebastián García De Luca, ex diputado nacional y ex jefe de campaña de Patricia Bullrich, como un armador político que se mueve para acercar posiciones. El dirigente, que suele frecuentar a Mauricio Macri, tiene línea directa con los 10 mandatarios de JxC, así como también con gobernadores de extracción peronista.
Por el otro lado, los peronistas más opositores a Milei integran una entente de seis con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), y el radical K Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Este grupo está dispuesto a conversar la continuidad de Lamothe. “Para nosotros están bien las actuales autoridades, venimos trabajando muy bien con ellos”, le dijo a Infobae un dirigente del círculo de la gobernación con sede en La Plata.
Dos casos especiales son Osvaldo Jaldo (Tucumán), que si bien es de estirpe peronista, tiene excelente sintonía con la Casa Rosada y está distanciado de Juan Manzur. Así como también el de Raúl Jalil (Catamarca), que mantiene una postura “dialoguista” con el Gobierno.
Luego están los gobernadores anclados en coaliciones provinciales, como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Según supo este medio, Bruno Screnci, ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires, es otro dirigente que interactúa desde hace semanas con las provincias con foco en la Secretaría General del CFI. Especialmente con algunos distritos del centro y otros, bajo control radical. Fue íntimo de Diego Santilli, pero se distanciaron en las últimas elecciones. Si bien es amigo desde hace años de Llaryora, el gobernador se desmarca públicamente de estar detrás de alguna candidatura para el Consejo. El cordobés asume su amistad con Screnci, pero asegura ante sus íntimos que “no tiene que ver con la postura de Córdoba” sobre el futuro del organismo.
En tanto que Felipe Álvarez, ex diputado nacional riojano, también resuena dentro de los que articulan con un grupo de provincias. En los últimos años, se acercó al partido de Claudio Vidal. Empero, el santacruceño no exteriorizó su postura sobre la disputa por el CFI.
En JxC mantienen cautela. No moverán hasta no tener certezas de un escenario factible. Conocen que deben apostar all in por un pleno. En caso contrario, desistir. Con el actual mapa político, en el PRO y la UCR prestan atención a la interna del peronismo. La elección del CFI puede coincidir con la votación para la presidencia del PJ, que será el 19 de noviembre.
Los cambiemitas apelan a que la pelea de Kicillof contra La Cámpora, a lo que se suma una rispidez entre Sergio Massa con De Pedro, puede allanarles el camino para terciar el escrutinio en la Asamblea del CFI. Es una batalla silenciosa y, por ahora, ninguno quiere mostrar sus cartas.