
El peronismo empezó a ordenarse detrás de un nuevo reclamo al Gobierno. En esta oportunidad se trata de la ley de movilidad jubilatoria que fue aprobada la semana pasada en el Senado, gracias a un acuerdo entre el peronismo, el radicalismo y el PRO. Una jugada que desorientó a Javier Milei y lo llevó a hacerle un reclamo público a Mauricio Macri.
Los diputados del partido fundado por el ex presidente habían votado en contra del proyecto, pero los legisladores del mismo partido lo apoyaron en la Cámara alta. Pocas horas después Macri respaldó el veto a la ley, decisión que habían anticipado en la Casa Rosada. Un extraño movimiento que generó suspicacias en el arco opositor.
Este lunes el gobierno nacional oficializó el veto a la ley. La oposición tiene la intención de volver a tratar el proyecto. La bandera la lleva el bloque de Unión por la Patria (UP), que apostará a articular un nuevo consenso amplio con todos los sectores opositores. Una construcción similar a la que hicieron para poder voltear el DNU sobre el financiamiento a la SIDE.
“Es difícil, pero no imposible. Si en el recinto hacen lo mismo que dicen en público, quizás lo podamos lograr”, advirtió una de las principales diputadas del bloque peronista. Aceptan la dificultad pero advierten que las posibilidades están vivas. Los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica son claves para poder estar cerca de cumplir el objetivo. Tras el veto, para aprobar el proyecto necesitan el voto de dos tercios de los presentes en el recinto.

En paralelo, la dirigencia peronista se mueve para poner en agenda el reclamo, despertar a la militancia y exponer los cuestionamientos en las redes sociales. Un grupo de dirigentes trabajan para juntar 1.000.000 de firmas para rechazar el veto y apoyar la ley que fue sancionada en el Congreso por una importante mayoría.
Uno de los más activos en el reclamo es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Le bajan los impuestos a los poderosos, pero le niegan una jubilación digna a quienes hicieron muchísimo por la Argentina. Vamos a juntar un millón de firmas y a movilizarnos por las y los jubilados. Tenemos la obligación de poner el cuerpo. El Congreso no puede dejarlos solos: debe rechazar el veto de Milei”, expresó en sus redes sociales.
#NoAlVeto y #ConLosJubiladosNo son los hashtag que promociona el peronismo en las redes sociales y que son para darle un valor simbólico a la lucha política. Así como el radicalismo se aferró a la pelea por el presupuesto de las universidades públicas, el peronismo hizo lo propio con la movilidad jubilatoria vetada por el Presidente.
Otro de los que levantó el reclamo fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que ayer hizo un pedido público para los legisladores. “Repudiamos la medida y les pedimos a los diputados y senadores que consigan los dos tercios necesarios para ponerla vigente”, indicó. Bianco es la mano derecha de Axel Kicillof, que alterna el perfil bajo con las recorridas de gestión, pero apoya la iniciativa de algunos de sus funcionarios.

Las firmas se están haciendo en forma escrita y también en una reconocida página web que se suele utilizar para realizar peticiones. Allí los organizadores escribieron que el “veto elimina la posibilidad de un aumento adicional en marzo basado en el 50% del índice de variación salarial” y que “estas medidas eran fundamentales para asegurar que nuestros jubilados no pierdan poder adquisitivo en medio de la creciente inflación”, en referencia al contenido de la ley.
En esa misma línea, marcaron que “a pesar de haber destinado 100 mil millones de pesos en fondos reservados a la SIDE por decreto, el presidente Milei se negó a negociar el déficit fiscal para mejorar los ingresos de los jubilados” y que “como resultado, en agosto, los jubilados que perciben la mínima cobraron solo 225.454 pesos, más un bono de 70 mil pesos, que tampoco está garantizado para septiembre”.
Esos argumentos estarán manifestados en la concentración que los movimientos sociales están diagramando para este miércoles. Será a las 15 frente al Congreso y fue motorizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), donde se concentran la mayoría de las organizaciones sociales vinculadas al peronismo. En las próximas horas se incorporarían algunos sectores sindicales.
Además, también está latente la posibilidad de hacer otra marcha en el caso de que el proyecto se trate nuevamente en el recinto. En el peronismo hay una idea clara de volver a ganar la calle como formato de reclamo y romper cualquier protocolo impuesto por el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, y que ha logrado una marcada reducción de los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.

“El número que presentó la oficina de Presupuesto del Congreso fue de 0,43 del PBI, que medido en términos de plata son un poco más de 2 billones de pesos. Es lo mismo que cuesta la baja de bienes personales y el pago anticipado, que el Congreso aprobó y que beneficia a 40 mil personas directamente, que son los altos patrimonios, y que aportan el 65% del tributo sobre los bienes personales”, detalló, un puñado de días atrás, el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, dirigente cercano a Sergio Massa, en referencia al costo que implica la ley.
Los diputados peronistas son una parte esencial de la avanzada opositora contra el veto. En gran medida, de ellos depende que existan posibilidades de poder juntar los dos tercios ante un eventual tratamiento del proyecto. Se pondrá en juego la pericia y expertiz de los negociadores, además de la voluntad de la oposición dialoguista, que está agotada de los destratos de Milei y promete limitar cada una de las decisiones polémicas del Jefe de Estado.
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