El Gobierno asumió la conducción de la Universidad Madres de Plaza de Mayo y denunciará por usurpación al personal

El conflicto entre el Gobierno y los integrantes de la Universidad Madres de Plaza de Mayo registró otro capítulo. En las próximas horas un grupo de personas será denunciado por “usurpación” del edificio donde funcionó la sede la de la casa de estudios fundada por Hebe de Bonafini, ubicado en la calle Defensa 119 de la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto se originó por la decisión del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, de revisar las últimas universidades que creó el kirchnerismo antes de dejar el gobierno. Una de ellas era la organización que fundó Bonafini y que después de su fallecimiento fue absorbida y financiada por el Estado. Esa medida implicó que se dejaron de transferir recursos y se desconocieron las autoridades.

La Justicia, en dos instancias, rechazó la medida cautelar presentada por ese centro de estudios, contra la decisión oficial de “establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas cinco instituciones universitarias”, aprobada por el Parlamento el 27 de septiembre de 2023. Hasta ese momento funcionaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.

En ese contexto, hoy el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, prohibió el ingreso “a las instalaciones a esa casa de altos estudios por razones de seguridad e higiene”. Según explicaron a Infobae autoridades nacionales, los seguros de vida de los trabajadores de la institución y elementos de seguridad, como matafuegos, están vencidos.

A través de un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que el Gobierno de Javier Milei “impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede para cumplir sus tareas”.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias desacreditaron los términos del mensaje y aclararon: “La de hoy es una medida preventiva y de seguridad que se levantará en cuanto se normalice esta situación”.

Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias aseguró: “Ante la campaña del miedo que fomentan algunos, no vamos a cerrar ninguna universidad creada por ley. Estamos analizando los contenidos y la calidad educativa de algunas universidades. Pero no las vamos a cerrar”.

La disposición generó la reacción de personal y asistentes a esa entidad, quienes convocaron a una movilización. El perímetro fue reforzado por efectivos de la Policía de Seguridad que impidieron el ingreso que por la fuerza quiso realizar un grupo de manifestantes.

En las afueras se vivieron momentos de tensión pero no hubo incidentes entre quienes protestaban y los numerarios enviados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Antes que llegaran los efectivos, un pequeño grupo de personas lograron entrar y permanecían en el edificio. Según pudo acreditar este medio, esa es la razón por la cual el rector realizará la denuncia judicial.

El inmueble pertenece al Ministerio de Justicia. Pero la planta baja y dos pisos más habían sido cedidos por el gobierno anterior para el funcionamiento, primero del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y, a partir del 27 de septiembre de la universidad que lleva el mismo nombre.

Con la llegada a la Casa Rosada de La Libertad Avanza, la Secretaría de Educación, que depende de Capital Humano, puso en suspenso el funcionamiento de esa casa de altos estudios y de otras cuatro que fueron creadas por ley, a instancias del Gobierno de Alberto Fernández, tres meses antes de dejar el poder.

En la resolución, firmada por la ministra Pettovello, se suspendía el inicio “de las actividades académicas de esas universidades hasta determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido”, y dejó de girarles los fondos necesarios para su administración. También se desconocía la elección de las autoridades de la Universidad Madres de Plaza de Mayo porque fueron electas antes de la aprobación parlamentaria para que funcione como tal.

El 14 de agosto, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo Rita María Ailan, falló a favor del planteo de Capital Humano con el que dejó sin efecto la designación como rectora a la abogada Cristina Caamaño Iglesias Paiz; ya que su nombramiento “no tendría el carácter de rectora” porque las elecciones en asamblea fueron realizadas dos meses antes de que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fuese elevado a la categoría de Universidad Nacional. “Durante la gestión anterior de Gobierno ya le había sido señalado el 06/12/2023 a la actora -por Caamaño- que no podía celebrar comicios, pues todavía no tenía Resolución Ministerial de puesta en marcha de la universidad”, argumentó entonces la cartera de Pettovello.

De esta manera, el Juzgado Federal N°4 en lo Contencioso Administrativo tomó como válidos los argumentos presentados desde Capital Humano por la subsecretaria Legal, Leila Gianni y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano.

En los tramos más salientes de su resolución, la jueza rechazó el pedido de la Universidad Madres de Plaza de Mayo para “suspender los efectos de la Resolución Ministerial 45/2024 del Ministerio de Capital Humano y todos los actos que se dicten en consecuencia de ella”. La resolución aludida, fechada el 26/02/2024, tiene por objetivo “la revisión de la creación e inicio de actividades académicas de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa)”.

Los cuestionamientos sobre la universidad no es nueva. El 21 de julio de 2017 el gobierno de Mauricio Macri había decidido intervenir el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. La iniciativa fue tomada por la decisión de Bonafini y del cofundador, el parricida Sergio Schoklender, de cambiar el objeto social de la ONG Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependía el centro de estudios y el proyecto Sueños Compartidos, envuelto en un escándalo multimillonario de deudas y denuncias de corrupción.

El 19 de julio pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials ya había rechazado otra medida cautelar interpuesta por Universidad de Madres de Plaza de Mayo para que el Gobierno de Javier Milei le transfiera más de 556 millones de pesos para financiar su funcionamiento.

El reclamo también lo había presentado esa institución después que el Ministerio de Capital Humano decidiera frenar la apertura de las cinco nuevas universidades -lo hizo a través de la resolución 45/24 firmada por Sandra Pettovello el 26 de febrero de 2024- y que establece el “proceso de revisión de la creación e inicio de actividades de las nuevas universidades nacionales”, creadas un mes y medio antes de la llegada al poder de La Libertad Avanza.