
En 15 días, el Gobierno libertario tendrá que enviar y defender en Diputados el Presupuesto 2025, donde se espera un intenso debate. En la previa de esto, la oposición senatorial buscará marcarle la cancha al oficialismo, con un plenario de dos comisiones que se reunirán el martes para iniciar el tratamiento de leyes que redireccionan -con ciertos argumentos válidos- recursos hacia las provincias, en medio del feroz ajuste aplicado y continuado sin fisuras por la Casa Rosada.
Las comisiones involucradas son las de Coparticipación Federal de Impuestos; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. La primera es presidida por el radical Víctor Zimmermann (Chaco), mientras que la segunda corresponde al jefe de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy).
Uno de los proyectos del temario involucra al actual gobernador chubutense, Ignacio Torres, que como senador presentó una iniciativa para destinar el 50% del impuesto al cheque “a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y el cincuenta por ciento se ingresará a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548 y sus modificatorias”.
El tributo en cuestión tuvo diferentes etapas durante el último trimestre del siglo pasado. Recobró vigor en 2001, meses antes de la mega crisis del gobierno de la Alianza, con radicales y kirchneristas aún con diferentes cargos ejecutivos y legislativos, en la actualidad, diseminados por todo el país. El problema de este impuesto fue su prórroga constante con un único objetivo: dinero rápido a cargo de la gestión nacional de turno, en detrimento de contribuyentes y empresas.

La ley empujada el año pasado por Torres, antes de llegar al poder chubutense, tuvo el aval y la firma de otro senador y hoy gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck. Su reemplazante, Mónica Silva, tiene un voto muchas veces clave en la Cámara alta. Además de un puñado de radicales, otro que estampó la rúbrica es el kirchnerista Carlos Linares, entre otros.
Otro texto a analizarse el martes próximo, desde las 14.30, es el del peronista disidente y de buenas relaciones con el Ejecutivo libertario Juan Carlos Romero (Salta), que crea el “Sistema de Coordinación Financiera y Fiscal”, con “el objeto de establecer un régimen simplificado y equitativo de distribución de recursos tributarios recaudados por el Gobierno Federal entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. También apunta a “un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los niveles de gobierno” y “límites al endeudamiento y al tamaño de las jurisdicciones”.
En el temario también se incluyó una iniciativa de la radical Mariana Juri que modifica el régimen de coparticipación federal e imponer que “el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central incluidos en esta recaudación la totalidad de los Impuestos, los tributos al Comercio Exterior, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”.
A continuación de dicha reunión, la comisión que comanda Zimmermann realizará la “jornada académica” sobre “Jerarquía Constitucional de la Coparticipación de Impuestos y el Federalismo de Concertación”. Disertarán el juez de la Cámara Nacional Electoral y profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Dalla Vía; el juez del tribunal superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de derecho administrativo de la Universidad Torcuato Di Tella, Luis Francisco Lozano; el profesor titular de derecho constitucional de la UBA, Daniel Sabsay; y el profesor titular plenario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de dicho distrito, Antonio María Hernández.
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