Veto a ley jubilatoria: Milei busca dar una señal económica, pero su problema central sigue siendo político

La sucesión de derrotas legislativas despertó de golpe en el oficialismo la necesidad de recrear el clima de negociaciones previo a la coronación, costosa, de la Ley Bases, hace ya dos meses. Pasó bastante tiempo: ahora están en juego el veto presidencial a la ley sobre jubilaciones y el rechazo al DNU de fondos para la SIDE. Eso expone el delicado cuadro del Congreso y pone en foco además a los gobernadores. Son días, claro, en que trasciende el malestar creciente entre jefes provinciales de diferente vínculo con el oficialismo. Suenan las demandas de espacios provinciales, de algunos peronistas que rechazan la línea de oposición dura y de la decena identificada con lo que fue la marca de JxC, que analiza hacer un planteo concreto en breve.

Javier Milei y su círculo decidieron procesar lo ocurrido en el Congreso recurriendo -nada nuevo- a un discurso cargado de descalificaciones contra legisladores. Y agregaron un elemento con destino no sólo político, sino básicamente económico. En esa línea, el anuncio repetido del veto a la ley sobre movilidad jubilatoria es expuesto como un gesto de firmeza dirigido a los mercados, para ratificar que el núcleo fiscal de su gestión está fuera de discusión.

El problema es precisamente la confusión entre lo que se busca presentar como firmeza política y lo que se define realmente como sustento político. La sanción de la referida ley -con significativas mayorías en Diputados y en el Senado- y la votación en la Cámara baja contra el DNU de los fondos para la SIDE ponen a la vista de cualquiera los graves problemas del oficialismo en el Congreso. Se trata de un tema crucial, señalado hace tiempo en el frente externo -lo hizo y repitió el FMI abiertamente-, que hace a la necesidad de garantizar consensos. Dicho de otra forma: un mecanismo de negociación para generar acuerdos y dar margen para la diferenciación.

Por eso mismo, parece claro que la relación con aliados y dialoguistas fue por lo menos desatendida. En esa franja política usan palabras más ásperas. Pesa el nivel de los operadores y se supone que un primer gesto sería rearmar puentes poco transitados desde hace tiempo. Pero en medios vinculados a esos bloques y también a gobernadores circulan dos términos para describir el cuadro actual: “incumplimiento” y “ninguneo”. Expresan enojo por algunos compromisos que se demoran o se empastan a la hora de hacerlo efectivos, en el caso de los jefes provinciales, y malestar por el estado de las relaciones en el Congreso.

El tema de los gobernadores venía creciendo después de las negociaciones que acompañaron al paquete fiscal aprobado junto con la Ley Bases. Entraron en esas tratativas cuestiones como la parálisis de obras y demandas puntuales sobre fondos, diferentes según las provincias. Existen al menos tres puntos de reclamo bastante generalizado. El primero: la demanda por el cumplimiento de pagos de deudas de la Nación con contratistas para formalizar el traspaso de obras públicas a cada distrito. La segunda: el flujo para cajas jubilatorias, en algunas provincias. Y el tercero: la compensación de fondos por el acuerdo fiscal de 2017, que fue incumplido antes por el gobierno de Alberto Fernández. Esto último, el arrastre de una gestión a otra, está emparentado con otros planteos como el reclamo por el fallo de la Corte que sostiene la Ciudad de Buenos Aires.

A eso se suma cierta irritación entre dialoguistas por un par de acuerdos con provincias en manos de gobernadores hasta ahora identificados con la oposición más dura. Señalan, por ejemplo, entendimientos con el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán. Habrá que ver cómo se decodifica el gesto inusual de fastidio del senador José Mayans hacia Cristina Fernández de Kirchner. Remite, al menos, a fatigas de la interna.

Pero al margen de cuestiones domésticas, un dato significativo es el contexto en que asoman los reclamos provinciales, en forma cada vez más explícita. Algunos ya llegaron de manera individual a la Casa Rosada y puede añadirse en los próximos días una declaración y pedido de encuentro con Milei por parte del conjunto que mantiene la marca de JxC.

Los gobernadores, aun lejos de tener poder ordenador en los bloques legislativos, mantienen cierto grado de capacidad para incidir en el interior de los bloques legislativos. Son una vía para allanar decisiones cuando las bancadas no logran articular un mínimo denominador y, ya ha ocurrido, pueden gravitar en caso de pulseadas que se definen en el recinto de manera muy ajustada, por un puñado de votos o de ausencias.

En ese tablero se anotan los reclamos renovados de jefes provinciales. Y operan a la vez como contrapartida frente al juego de presiones que plantea de hecho el Gobierno, en el marco del veto a la ley de jubilaciones. Desde el círculo de Olivos sugieren que, si el veto es rechazado por el Congreso -en rigor, si las dos Cámaras insisten con la ley, en base a la mayoría especial de dos tercios-, las provincias serían afectadas por nuevas podas presupuestarias para cubrir las necesidades de fondos que demandaría el sistema previsional. Eso, sin descontar la vía de la judicialización, para disgusto de la Corte.

Registrado ese panorama, el mensaje político a los mercados que intenta el Gobierno con el veto presidencial sería por lo menos parcial, si el oficialismo no rearma un sistema de acuerdos que juegue como sustento -no automático, por supuesto- en el terreno legislativo y en la relación entre el poder central y los gobernadores.

No es todo. Produce cuanto menos extrañeza, también en el exterior, el agregado de las exposiciones de luchas domésticas en el oficialismo. Está clara la tensión entre Milei, su estrecho círculo, y Victoria Villarruel, que se mueve con agenda propia. A veces más evidentes y otras más subterráneas, persisten las disputas y los recelos de integrantes del gabinete -desde Sandra Pettovello a Patricia Bullrich- con Santiago Caputo. Y completan la pintura, los trazos de las disputas en el Congreso, que llegó a niveles penosos en el bloque de diputados. Nada que pueda sumar en términos prácticos y de imagen.