La Comisión de Acuerdos del Senado realizará una nueva audiencia pública con la presencia del abogado García Mansilla

La convocatoria se da una semana después de que el otro candidato propuesto por el Gobierno, Ariel Lijo, respondiera a las preguntas de los miembros de la comisión

El abogado constitucionalista Manuel García Mansilla

Luego de que fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará hoy una audiencia pública con el objetivo de tratar el nombramiento como juez de la Corte Suprema del abogado constitucionalista Manuel García Mansilla.

La audiencia comenzará a las 10 y se espera que otro candidato del presidente Javier Milei para el máximo tribunal defienda su postulación. Por esto mismo, deberá responder por diversas cuestiones de los senadores que se presenten. A diferencia de lo que sucedió con Lijo, las potenciales firmas de un dictamen son un misterio y el Gobierno se aferra a la teoría “los dos o ninguno”.

El debate podrá seguirse por el canal de YouTube del Senado de la Nación, a través del cual se realizará la transmisión en vivo.

García deberá responder a las preguntas de los senadores

Esta convocatoria forma parte del proceso de selección que establece la Constitución, y se enmarca dentro de las actuaciones del expediente PE N°36/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Manuel José García Mansilla”. La Comisión de Acuerdos cuenta con otros 17 integrantes y es presidida por Guadalupe Tagliaferri, del bloque del PRO.

La convocatoria a la audiencia se formalizó el pasado 19 de julio, mediante una comunicación realizada por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. En ella, se establecieron las fechas para el tratamiento de las dos candidaturas: la de Lijo y la de García Mansilla.

Así, el Ejecutivo especificó los requisitos para la presentación de preguntas, que apunten a precisar “las calidades y méritos de los aspirantes propuestos”, entre los cuales se destacan los datos personales del presentante, si es funcionario público o representante de una asociación o colegio profesional. “La exposición fundada por escrito de las observaciones formuladas a las calidades y méritos del aspirante cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo; la indicación de la prueba que dé sustento a sus afirmaciones, acompañando la documental que obre en su poder; todas las preguntas que quiera le sean efectuadas al interesado durante la audiencia pública”, fijaron.

La comisión trató la semana pasada el nombramiento de Lijo (Jaime Olivos)

En ningún caso se aceptarán observaciones o preguntas que tengan algún contenido discriminatorio”, aclaró el edicto, al tiempo que se detalló que el modo y lugar de presentación será en el horario de las 10 a 17 , en forma digital -a través de la página web del Senado- o en forma presencial en la sede de la Comisión de Acuerdos.

La audiencia de Lijo se llevó a cabo el pasado 21 de agosto. Comenzó cerca de las 10, tal como estaba previsto, y se extendió durante más de 8 horas. En ese tiempo, Lijo no sólo blindó con argumentos jurídicos su actuación en distintos fallos en los que estuvo involucrado y de notoriedad pública, sino que además respondió sobre la cuestión de género en la justicia, tratados internacionales con rango constitucional, federalismo y coparticipación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación de la Corte, mejora en la tramitación de procesos para evitar dilaciones, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dolarización y la potencial baja de edad de imputabilidad de menores, entre otras cuestiones.

El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico, un error clave en este tipo de instancias. De hecho, casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.