La CGT, las dos CTA y otros 43 oradores expondrán sobre los proyectos laborales en una maratónica reunión en Diputados

Signada en las últimas semanas por los escándalos, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se apresta a afrontar este jueves una maratón de expositores que opinarán sobre los proyectos de ley que limitan al poder sindical: hay 45 anotados a propuesta de cada bloque, con una abrumadora mayoría de gremialistas y abogados cercanos al peronismo y la izquierda.

En la nómina que acompaña la citación al encuentro, que comenzará a las 10 en el Anexo de la Cámara Baja, figuran los tres cotitulares de la CGT (Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña), los líderes de las dos CTA (Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy), el dirigente trotskista de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, sindicalistas como Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Federico Recagno (APOC, que milita en la UCR), profesores universitarios y miembros de entidades de abogados.

Uno de los expositores que puede aportar una mirada distinta es el abogado Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y a último momento se sumaron Juan Méndez y Ariel Rey, directivos del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que darán su perspectiva sobre los distintos proyectos como víctimas de las protestas extorsivas y los manejos irregulares del poder sindical.

Cada expositor tendrá entre 5 y 8 minutos para dar sus fundamentos sobre las iniciativas, por lo que se estima que la reunión informativa durará no menos de 6 horas. Ya está estipulado un intervalo, de 13 a 14, aunque no hay garantías de que se cumpla con los tiempos previstos a la luz de los últimos encuentros de la comisión, presidida por el radical Martín Tetaz, que terminaron con escándalos.

Los diputados deliberan desde mediados de agosto para definir la agenda de 28 proyectos que proponen cambios laborales que afectan a la caja sindical mediante las trabas a las cuotas solidarias, limitan los mandatos de los dirigentes y exigen más transparencia en los gremios.

La mayoría de las iniciativas analizadas en la comisión son impulsadas por el PRO y la UCR, además de la Coalición Cívica y parte de Hacemos Coalición Federal, y proponen profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

Curiosamente, ninguna de los proyectos laborales lleva lleva la firma de los libertarios. La única excepción es Rocío Bonacci, de La Libertad Avanza, que no es autora de ninguno, pero acompaña la iniciativa que promueve Verónica Razzini, del PRO, ex titular del MEAB, la más activa en empujar para que haya más cambios que limiten al poder sindical y favorezcan a las pymes.

Otra curiosidad es que hay un solo proyecto de diputados de Unión por la Patria, presentado por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Rosana Bertone, entre otros, que apunta a blindar la protección que brinda la tutela sindical ante despidos con justa causa de los representantes gremiales en los casos que “se verifique la existencia de peligro para las personas o bienes de la empresa”, algo que surge de la aplicación del decreto 467/88, que modifica la Ley 23.551.

En la primera reunión, que se realizó el 13 de agosto, 6 diputados de Unión por la Patria abandonaron intempestivamente las deliberaciones para frustrar el avance del tratamiento de los 28 proyectos. Con la consigna de “esta es una agenda gorila”, legisladores como Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Mario Manrique se fueron apenas una hora después de comenzado el encuentro.

Luego de ese gesto de los diputados peronistas, Tetaz publicó en las redes el siguiente mensaje: “Lamentablemente el kirchnerismo se retiró cuando vio el enorme consenso del resto del arco político para avanzar en: 1) Límites a las reelecciones de los sindicalistas, 2) Participación de las minorías (25%) en los cuerpos directivos, 3) Más libertad en las obras sociales, 4) Fin de los descuentos forzosos para cuotas sindicales y otros ítems, y 5) Más transparencia en los sindicatos”.

Palazzo, quien lidera la Asociación Bancaria, señaló a Infobae: “Nos fuimos porque consideramos una falta de respeto un país donde más de 600.000 trabajadores desde que asumió Milei dejaron de pagar cargas sociales, es decir se quedaron sin empleo, y en la Comisión de Legislación del Trabajo hay proyectos de la izquierda y nuestros declarando la emergencia ocupacional y suspendiendo los despidos, pero lo único que se discute es sobre la Ley de Asociaciones Sindicales”.

La semana pasada, en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados se registró una bochornosa pelea de Fernando Iglesias (PRO) con Mario Manrique y Julia Strada (ambos de Unión por la Patria), que incluyó el intercambio de acusaciones, amenazas e insultos como “maricón”, “energúmeno”, “misógino”, “sinvergüenza” y “te voy a arrancar la cabeza”.

Todo comenzó luego de que Iglesias acusó al sindicato de mecánicos (SMATA) por haber supuestamente colaborado con la dictadura militar, siguió con la fuerte réplica de Manrique, actual secretario adjunto de ese gremio, que le dijo “maricón”, y luego con el ataque de Julia Strada (Unión por la Patria) contra el legislador macrista, a quien tildó de “energúmeno que incita a la violencia”.

El encuentro terminó en un amenazante acercamiento de Manrique a Iglesias para comentarle algo al oído: “Te voy a arrancar la cabeza”, le habría dicho. Al menos eso es lo que denunció a viva voz el diputado del PRO segundos después y que, según anunció, motivará una denuncia penal contra su par de la bancada de UxP: “Repita ante el juez lo que dijo, Manrique, si tiene lo que hace falta”.

Entre los proyectos promovidos desde el PRO y la UCR figuran muchos puntos que quedaron afuera de la modernización laboral incluida en la Ley Bases, a partir del acuerdo con la CGT para eliminar 42 artículos de su versión original, como la transparencia en el manejo de los fondos de los gremios, la democratización sindical, los aportes sindicales y las cuotas solidarias, entre otros puntos.

Uno de los proyectos es de María Eugenia Vidal (PRO), acompañada por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, entre otros, en el que se plantea la obligatoriedad de que los dirigentes sindicales presenten regularmente declaraciones juradas patrimoniales y la limitación de los mandatos a 4 años, con el derecho a ser reelegidos por una única vez.

Otro, presentado por Martín Tetaz (UCR), junto con diputados de distintas bancadas como Sabrina Ajmechet, Fabio Quetglas, Margarita Stolbizer y Carla Carrizo, entre otros, apunta a la democratización de los sindicatos y de las obras sociales, con medidas como la derogación de la reelección perpetua, la limitación de los mandatos y la inclusión de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones alcanzan al menos el 25% de los votos de sus afiliados.

Razzini (PRO), por su parte, impulsa un proyecto de ley que replica el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70, junto con Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni. Ricardo López Murphy, Martín Yeza y Damián Arabia, entre otros. En el texto figuran el artículo que suprime las cuotas solidarias, el recurso para financiar los gremios mediante aportes de todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, finalmente excluido de la Ley Bases, y otros puntos como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y el transporte, y los cambios en el régimen del teletrabajo.

La iniciativa de la diputada y empresaria santafesina también contempla un artículo suprimido en el DNU que propone incorporar en el Código Penal duras sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas: “Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión”.

Héctor Stefani (PRO) presentó 3 proyectos de ley en materia laboral, uno de los cuales impone la “ficha limpia gremial”, es decir, la imposibilidad de que los dirigentes condenados por diversos delitos integren los órganos directivos ni otro tipo de cargos en ningún tipo de asociación sindical.

En el caso de la iniciativa propuesta por Soledad Carrizo (UCR), plantea que los estatutos de los sindicatos deberán garantizar “la transparencia y la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus fines y actividades”, “la alternancia de los miembros de los órganos de dirección y administración, limitando su reelección indefinida; el acceso a la libre información pública en conformidad con la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y “el establecimiento de un código de ética o conducta para sus afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”.

Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), por su parte, es autor de uno de los diversos proyectos que elimina las cuotas solidarias: “La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas sólo para los afiliados”.