García-Mansilla defendió su pliego para la Corte y habló del DNU del Gobierno: “Lo presumiría inconstitucional”

El catedrático y candidato a la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, defendió este miércoles en el Senado su pliego al máximo tribunal de justicia de la Nación. El postulante revalidó su amplia experiencia académica y respondió un frondoso cuestionario realizado por la oposición dialoguista -radicales, en particular- y del kirchnerismo, que buscó sin éxito unir al postulante a intenciones políticas, de género, judiciales y sobre sesgos partidarios.

La audiencia pública de García-Mansilla fue realizada por la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro). Al igual que con el otro candidato a la Corte Suprema y juez federal, Ariel Lijo, el encuentro se consumó sin problemas y con un virtuoso manejo de los tiempos y formas por la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

Varias definiciones importantes de García-Mansilla ocurrieron por la tarde. En el Salón Azul del Senado, el cristinista Oscar Parrilli deslizó un potencial sesgo antiperonista del postulante. Sobre esto, el catedrático recordó sus críticas en diferentes artículos y publicaciones a la proscripción de dicho partido, así como a la prohibición de simbología justicialista. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, dijo, y sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implicaba tener “un sesgo anti radical”.

Ante una pregunta por la relación laboral con una cámara de hidrocarburos, García-Mansilla dejó en claro que cumplirá a “rajatabla” con las normas de recusación. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, enfatizó. También fue clave lo que opinó sobre el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del Gobierno libertario, que desregula la economía: aseguró que no puede “opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado” y que aplicaría “el mismo criterio” explicado más temprano, que lo presumiría “inconstitucional”, aunque destacó que “el Estado tendría que acreditar que estaban las condiciones para poder considerar válido” dicho mecanismo.

En cuanto a las encuestas sobre la mala imagen de la justicia, el postulante aseveró que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.

Sobre el proyecto del kirchnerismo senatorial para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, opinó que “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.

Cerca del final de las preguntas de Parrilli, García-Mansilla respondió sobre tributar Ganancias, momento en el que resaltó que desde hace largos años trabaja en el ámbito privado y que no sólo ya lo paga, sino que no tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago de dicho impuesto.

Después del acto empujado ayer por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la también cristinista Juliana di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, indicó García-Mansilla.

Seguido a ello, quiso conocer la visión del postulante sobre una potencial ley relacionada con tipificar el delito de negacionismo. “Me hace una pregunta complicada”, expresó el candidato. Y agregó: “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”.

Por otra parte, García-Mansilla enfatizó: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.

En medio de desmanes entre grupos de jubilados y fuerzas de seguridad ocurridos en las cercanías del Congreso, Di Tullio quiso saber qué pensaba García-Mansilla sobre el protocolo anti piquete. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, aseveró.

*DNU. “Tengo una postura tomada desde el punto de vista académico. Entiendo que el Congreso, en ejercicio de las atribuciones, sancionó una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El Congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnica. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, sostuvo García-Mansilla. Y mencionó, al igual que lo hizo por la tarde, que “en el marco de un proceso judicial, la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional”.

*Cambio climático. “Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el Congreso ha legislado en la materia”, advirtió el candidato. Y remarcó: “No soy experto. No puedo más que aceptar lo que los expertos dicen”.

*Aborto. “Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y, a partir de ese análisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”, reflexionó.

“Hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y había que hacer un análisis con la compatibilidad de esas constituciones. Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, precisó.

Sobre sus argumentos en 2018, cuando se discutió -sin resultado positivo- la legalización del aborto, García-Mansilla subrayó: “Si tengo que decidir cualquier caso, lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta. Lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes. Lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etcétera. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La Corte Suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz”.

“Desde ya, la ley de identidad de género es una ley vigente y se tiene que cumplir. Noté en los últimos años en ciertos casos donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Eso no se puede hacer. Los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, evaluó.

García-Mansilla también manifestó: “Todas las opiniones que vertí, las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo; cómo fallaría, no, porque estaría prejuzgando”.

*Dolarización. “Publiqué dos trabajos sobre este tema, que tenían que ver con un momento particular durante la campaña presidencial, donde la dolarización era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto a analizar. En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, es inconstitucional”, replicó el postulante.

Tras ello, aclaró: “Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el Congreso el que puede disponer o no la dolarización”.

*Autonomía de la Capital Federal. “Tiene que tener su poder judicial completo. Es un mandato constitucional. A 30 años de la reforma de 1994, hay que cumplirlo. Cuando se transfiere la competencia, se transfiere con los recursos correspondientes. Una vez pasada la Justicia a la Ciudad, puede hacer su Código Civil y Comercial”, opinó el académico.

*Reelecciones indefinidas. Si bien adelantó que “no podría adelantar una opinión sobre un caso que hoy está en la Corte Suprema”, sugirió que “las provincias pueden establecer sus propios sistemas de gobierno”. De igual manera, observó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.