Capital Humano respondió un pedido del juez por la distribución de alimentos, pero advirtió que el Gobierno define la asistencia

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le recordó a la Justicia que el diseño de las políticas alimentarias es potestad del Poder Ejecutivo y no del Judicial. Lo hizo a través de un escrito de 24 páginas en la que le responde al juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa un requerimiento en el que solicita saber si la cartera asiste a una serie de comedores comunitarios vinculados a movimientos sociales, entre ellos uno que no está funcionando porque se incendió en febrero. También se había pedido detalles sobre “los convenios de colaboración con trece provincias para la distribución de los alimentos entregados”, que fueron retirados de dos depósitos que dependen de esa cartera.

El requerimiento fue solicitado a través de un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “para que se garantice el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares”.

“Política pública”

“Es una potestad de la Administración la implementación de programas de seguridad alimentaria a fin de asistir a las poblaciones vulnerables toda vez que compete a la Subsecretaría de Políticas Sociales entender en el diseño, gestión y evaluación de las políticas sociales tendientes a incluir, acompañar y proteger a la población en estado de vulnerabilidad”, argumentó el Ministerio a través del escrito formado por la subsecretaría Legal de Capital Humano, Leila Gianni y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano. Y le recuerdan al magistrado que: “En términos generales los convenios celebrados con las provincias constituyen una política pública tendiente a asistir subsidiariamente diversas necesidades de la población”.

Los abogados de la cartera le precisaron al magistrado que “en el caso específico de los convenios de la distribución de alimentos a los que se hace referencia en lo consultado, corresponde aclarar que es una acción desplegada para distribuir alimentos en comedores de escuelas vulnerables de todo el país que fuera elaborado en el marco de la medida judicial dispuesta en la causa que tramita ante el juzgado de Sebastián Casanello, quien ya había solicitado que Pettovello, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -ex Ministerio de Desarrollo Social-, informe el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires y de Tafí Viejo en Tucumán; y el cronograma de su entrega.

Quien impulsó esa medida cautelar fue el abogado y ex precandidato presidencial Juan Grabois. También denunció a la ministra Pettovello por tener almacenados unos seis millones de kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires y Tafí Viejo, en Tucumán.

Gianni y Romano le respondieron al juez Lara Correa antes que se cumplieran los cinco días hábiles que había impuesto. En ese escrito también sostienen que conforme a la atribuciones establecidas en la Ley de Ministerios le “compete al Ministerio de Capital Humano asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad alimentaria; y que en particular le compete entender en la formulación, normatización, coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas alimentarias implementadas en el ámbito nacional, provincial y municipal, como así también en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de todos los programas alimentarios implementados en el ámbito nacional”.

Los amparistas, entre los que también está Grabois, reclamaron conocer “si se ha finalizado la acreditación mensual de fondos a 21 comedores, y si entre ellos figuran “Monseñor Angelelli de Merlo y Mártires Populares de Isla Maciel”. Ambos dependen de la Fundación Isla Maciel, que conduce Francisco “Paco” Olveira, el sacerdote que forma parte del Grupo de Curas en Opción por los Pobres y un religioso cercano a Grabois.

Capital Humano respondió que a través de la Resolución 2024-487, con fecha 5 de agosto de 2024 “se incorporó al comedor Monseñor Angelelli de Merlo al Programa Alimentar Comunidad”. También que “se aprobó el Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Fundación Isla Maciel de la provincia de Buenos Aires a los fines de la implementación de dicho Programa”. A punto seguido se le informa a Lara Correa que “la transferencia de los fondos objeto del Programa será efectuada con la acreditación del mes de agosto, que se efectivizará en el mes de septiembre”.

Sin embargo, sobre el comedor “Mártires Populares de Isla Maciel”, el Ministerio informó que “no se encuentra incorporado al Programa Alimentar Comunidad porque no está funcionando”.

Los abogados de Capital Humano le recordaron al juez que la propia fundación del cura Olveira “informó mediante nota de fecha 28 de mayo de 2024 que el comedor Mártires Populares sufrió un incendio en el mes de febrero que provocó la destrucción total del espacio de funcionamiento”.

La cartera de Pettovello destacó en el escrito que ese fue uno de los comedores que visitaron “en el marco de los relevamientos a los comedores” y los auditores pudieron constatar que “se está construyendo en forma avanzada un nuevo espacio”.

Los abogados de Capital Humano le aseguraron al juez que “una vez terminado y puesto en funcionamiento el nuevo espacio del Comedor -y no antes- se llevarán adelante las gestiones para su correspondiente incorporación al Programa Alimentar Comunidad”.

En diálogo con Infobae el sacerdote ratificó que desconocido prendieron fuego el lugar, que se está reconstruyendo el espacio, pero para no dejar sin atención a las familias vulnerables que todos los días se alimentaban allí “mudamos el comedor a tres cuadras, en las instalaciones de la Fundación Isla Maciel, el Ministerio de Capital Humano nos audito varias veces, hasta nos felicitaron, pero no nos brindan ningún tipo de asistencia. Nos llegaron a entregar una tarjeta Alimentar Comunidad pero estaba vacía”.

Olveira también explicó que ante la mudanza el Gobierno “nos pidió realizar una nueva inscripción, un trámite burocrático que lo único que hace es estirar el tiempo y la ayuda para las personas más necesitadas. Mientras tanto, con lo que le le dice capital Humano al juzgado, nos quieren hacer ver como unos chorros que reclamamos por lugares que no existen, cosa que nos es así. Inmediatamente después del incendio se siguió cocinando con recursos nuestros, donaciones, rifas, espectáculos para juntar fondos en nuestra sede, que está ubicada en la calle las Heras 241 isla maciel”.

La Fundación Isla Maciel, sus dos comedores y el cura “Paco” tuvieron una polémica exposición pública el 24 de noviembre. Fue después que el sacerdote Olveira solicitó que los votantes de Javier Milei no se acerquen a sus comedores. La frase completa fue así: “Cómo ganó la opción que dice que ‘dónde hay una necesidad NO hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei ‘coherencia’ y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ‘No con la mía’ como dice la vicepresidenta electa (Victoria) Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

De inmediato el obispado de Merlo-Moreno salió al cruce de las palabras del cura villero a través de un comunicado. “La atención de nuestras comunidades, comedores y/o merenderos, a los más necesitados se realiza normalmente con el esfuerzo de muchos voluntarios/as, y se seguirá recibiendo a todas aquellas personas y familias que, ante su necesidad, se acercan a los mismos (…) Nuestra Diócesis tiene una larga y rica tradición de servicio a los empobrecidos sin acepción de personas por sus creencias, origen, opción partidaria, etc”.

En diálogo exclusivo con este medio, el cura “Paco”, intentó restarle importancia a sus palabras: “Solo pedimos un poco de coherencia, a nadie le pedimos ni el carnet de afiliado, ni los interrogamos. Que vengan a comer los que votaron a Milei. De paso, los que tanto critican y votaron a Milei, por qué no son coherentes y renuncian ya al subsidio al transporte y no siguen chupando de la teta del Estado, como ustedes dicen”.

La Casa del Niño de la Fundación Isla Maciel, dónde funcionaba el comedor Mártires Populares fue incendiada el 14 de febrero. Un día antes, el “Padre Paco”, como lo llaman la Isla Maciel, había repudiado la decisión del Gobierno de congelar los fondos destinados a los alimentos y señaló que el principal interés de La Libertad Avanza es “destruir toda organización comunitaria, social y política”.

“Las semillas del odio y la violencia institucional germinan. Atentaron contra la Fundación Isla Maciel que preside nuestro compañero Paco Olveira”, repudiaron los curas villeros quienes habilitaron una cuenta para donar dinero que sería utilizado para reconstruir el espacio comunitario que afirmó el Gobierno, será incluido en el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”.

Capital Humano también destacó ante el magistrado que “a través de dicho Programa se financian cinco tipos de prestaciones alimentarias: desayuno, almuerzo, merienda, merienda reforzada y cena, de forma presencial, viandas o módulos”. Y explicaron que “Otra línea de financiamiento se otorga para la adquisición de módulos secos destinados a familias en situación de vulnerabilidad y pueden estar compuestos por 100% de alimentos secos o hasta un 30% de alimentos frescos (huevos, vegetales y frutas) y un 70% de alimentos secos”.