Ganancias, RIGI y dolarización: García-Mansilla defendió su postulación a la Corte Suprema Justicia

Tras el acto realizado ayer por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, Di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, fue la respuesta de García-Mansilla.

Seguido a ello, quiso conocer la visión del postulante sobre una potencial ley relacionada con tipificar el delito de negacionismo. “Me hace una pregunta complicada”, expresó el candidato. Y agregó: “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”. En tanto, enfatizó: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.

En medio de forcejeos entre jubilados y fuerzas de seguridad ocurridos minutos atrás en las inmediaciones del Congreso, la senadora kirchnerista Juliana di Tullio quiso saber qué piensa García-Mansilla sobre el protocolo anti piquete. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, respondió.

El senador cristinista Oscar Parrilli realizó varias consultas con definiciones contundentes de parte de García-Mansilla. Un punto fue la acusación de sesgo antiperonista. Sobre esto, el postulante le recordó sus críticas a la proscripción de dicho partido, así como a la prohibición de simbología justicialista. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, agregó el académico, quien sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implica tener “un sesgo anti radical”.

Ante una pregunta por la relación del candidato con una cámara de hidrocarburos, García-Mansilla dejó en claro que cumplirá a “rajatabla” con las normas de recusación. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, enfatizó. También fue clave lo que opinó sobre el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del Gobierno libertario, que desregula la economía: dijo que no puede “opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado” y que aplicaría “el mismo criterio” explicado más temprano, que lo presumiría “inconstitucional”, aunque destacó que “el Estado tendría que acreditar que estaban las condiciones para poder considerar válido” a dicho mecanismo.

En cuanto a las encuestas sobre la mala imagen de la justicia, el postulante aseveró que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.

Sobre el proyecto del kirchnerismo para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, opinó que “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.

Cerca del final de las preguntas de Parrilli, García-Mansilla respondió sobre pagar Ganancias o no, momento en el que resaltó que desde hace largos años trabaja en el ámbito privado y que no sólo ya lo paga, sino que no tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago de dicho tributo.

Ante la consulta de la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre el RIGI, respecto a los recursos naturales, García-Mansilla manifestó: “Ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo. La Constitución pesa más que una ley y eso es esclarísimo”.

“Tengo una postura tomada desde el punta de vista académico. Entiendo que el Congreso en ejercicio de las atribuciones sanción una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnico. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, sostuvo García-Mansilla.

Y agregó: “En el marco de un proceso judicial la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional”.

“Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el congreso ha legislado en la materia”, manifestó el candidato. Y remarcó: “No soy experto. No puedo más que aceptar lo que los expertos dicen que hay cambio climático”.

Ante la consulta del senador Lousteau, acerca de sus declaraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto, el abogado aseguró: “No hablé de toda la ley. Creo en que hay que distinguir entre despenalización y legalización”.

“Para hacer un analisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y a partir de ese analisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se stá sancionando”.

“Hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y que habia que hacer un analisis con la compatibilidad de esas constitución. Marqué que veía un conflicto entre normas de distntas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, manifestó García-Mansilla.

Asimismo, la senadora por Mendoza de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para recordarle al abogado que en el 2018 fue expositor cuando se trató en el Senado y se manifestó totalmente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y le consultó sobre su posición al momento de fallar sobre causas vinculadas a este tema.

“Mis argumentos no son confesionales, salvo que explicar el derecho positivo, a constitucionales provinciales, eso es tener una postura confesional. Creo que no es así. Si tuviera que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho”, fue la respuesta del postulante a juez de la Corte Suprema.

Además, sostuvo: “Le quiero hacer una declaración que es importante. Si tengo que decidir cualquier caso lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta, lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes, lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tienen muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etc. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La corte suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz. Y si implica un esfuerzo para saber cuando deponer ciertas visiones del derecho”.

“Respecto del principío de progresividad es importante, está previsto en la comisión interamericana de los DDHH”, agregó. Y a su vez, marcó: “Respecto de las manifestaciones, honestamente no lo vi, pero desde ya la ley de identidad de género es una ley vigente y se tiene que cumplir. Noté en los últimos años en ciertos casos donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Eso no se puede hacer. Los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”.

“Todas las opiniones que vertí las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo, como fallaría no porque estaría prejuzgando”, aseveró.