Fuerte advertencia de la UTA en medio de la disputa del Gobierno con CABA y PBA por los subsidios al transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le respondió a las cámaras empresariales del sector, desde donde habían advertido que el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría verse afectado desde el 1 de septiembre. El sindicato publicó un comunicado en el que pidieron certezas sobre la continuidad de la actividad, a la vez que llamaron a alcanzar consensos entre las autoridades y las compañías de transporte.

“Somos víctimas del sistema de subsidios, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas (en perjuicio de público usuario)”, plantearon desde la UTA.

La advertencia del gremio llega luego de que las cámaras del sector dieran aviso de que todavía no se alcanzó un acuerdo con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia y Nación por los subsidios, y que con los valores actuales de las tarifas no llegan a cubrir los costos operativos del servicio.

Entre otras demandas, las empresas piden que se actualice la estructura de costos que se usa para calcular los subsidios. Y dicen que si esos fondos no salen del Estado, debería trasladarse al boleto.

El comunicado de la UTA, que firma su secretario general Roberto Fernández, apuntó directamente a los empresarios y a las autoridades nacionales y provinciales: “Arreglen sus cuentas entre ustedes (en estado en sus diversos formatos, divisiones y jerarquías y empresarios), los trabajadores tenemos que tener la certeza que el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley. Estamos cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente”.

En el texto destacaron “el abandono por parte de las autoridades, desde el presidente a gobernadores e intendentes”, y anunciaron que se mantendrán “en estado de alerta ante las posibles caídas de servicios”. Y remataron: “Cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Con el trabajo no se jode”.

Este lunes también se pronunciaron las cámaras empresariales respecto de la crisis en el sector, mientras desde la Secretaría de Transporte de la Nación se mantienen inflexibles en cuanto a la no renovación del Boleto Integrado en las líneas que no sean de jurisdicción nacional. Al mismo tiempo, los gobiernos la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires descartaron la posibilidad de absorber por su cuenta ese beneficio para los usuarios.

Por eso la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) comunicaron que con los valores actuales no se puede solventar el funcionamiento normal del servicio.

“Se necesita que alguien asuma la garantía de pago de subsidios, o en su defecto se cubra con tarifa la diferencia entre los costos y lo que perciben las empresas. Perciben algo más de $860 (entre lo que paga el pasajero y lo que subsidia el Estado) promedio por viaje, con un costo que está en $1.400″, manifestó en diálogo con Infobae el vicepresidente de AAETA, Luciano Fusaro.

Las cámaras empresarias confirmaron que desde la semana que viene empezarán a reducir la circulación de algunas líneas durante la noche y los fines de semana. Afirman que es una medida de contención, para evitar la paralización total del servicio.

Además, se quejaron de que el último aumento del boleto, que fue del 37% a mediados de agosto, se usó para compensar la reducción de los subsidios pero no mejoró los ingresos de las compañías, por lo que los ingresos siguen siendo menos de lo necesario para mantener la actividad y mejorar la infraestructura, según argumentaron.

Por otro lado este sector de las empresas de transporte de colectivos denunció en el comunicado que el reparto de subsidios que siguen vigentes beneficia al Grupo DOTA por encima de las demás compañías. Acusan al Estado de haber girado a este conglomerado de líneas ”más de 30.000 millones de pesos en fondos públicos desde 2022″.

La Secretaría de Transporte aclaró que Nación seguirá haciéndose cargo normalmente de los costos de la Tarifa Social, que prevé un 55% de descuento en todo el transporte público para jubilados, pensionados, personal del Trabajo Doméstico, beneficiarios de planes sociales, monotributistas sociales y veteranos de la Guerra de Malvinas.