La Coalición Cívica ARI realizará una fuerte campaña en contra del veto anunciado por el presidente Javier Milei a la reforma de la movilidad jubilatoria. La propia líder del partido, Elisa Carrió, liderará la propuesta que incluirá publicaciones en redes sociales y distintas manifestaciones públicas.
En las piezas de video que compartirán (incluidos en esta nota), remarcan situaciones cotidianas a las que los jubilados argentinos no pueden acceder por falta de recursos. De hecho, a cada interrogante que plantean lo mezclan con la frase pronunciada por el mandatario en su participación en el Latam Economic Forum de este año, cuando dijo: “Les voy a vetar todo, me importa tras carajos”.
“A nosotros sí nos importa. Vetar las leyes es silenciar la voz de los argentinos expresada a través de sus representantes en el Congreso. Sin república, no hay libertad posible”, es la respuesta de la Coalición Cívica ARI, que se deja leer en el cierre de los videos, y que deja en claro su postura contra Javier Milei.
Las publicaciones del partido opositor se realizarán hasta el próximo miércoles, bajo el título “Los jubilados no pueden esperar. Si a vos también te importa, compartirlo”. Y en los videos plantean:
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados está mal alimentada porque no les alcanza para adquirir los alimentos básicos?
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados no toma o espacia medicamentos porque no pueden comprar la cantidad necesaria?
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados no sale de sus casas porque no tiene dinero para actividades sociales?
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados no puede hacerle un regalo de cumpleaños a sus nietos porque no puede pagarlo?
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados hizo aportes durante toda su vida con la esperanza de tener una vejez digna?
- ¿Sabía que la gran mayoría de los jubilados no enciende un calefactor en invierno porque no puede costear los altos servicios?
El presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley sancionada la semana pasada en el Congreso con el fin de mantener el déficit cero, tal como había advertido cuando comenzó a tratarse el proyecto.
A través de un comunicado, la Casa Rosada aseguró que la ley “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y apuntaron directamente contra el Congreso de la Nación. “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, sostuvieron.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como esta, hoy son mayoritariamente pobres”.
El comunicado continúa con las críticas al proyecto al tildarlo de ser una “estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”. “Por lo tanto, será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”, confirmaron.
Qué dice el proyecto
El proyecto que se aprobó en el Congreso de la Nación establece una actualización mensual basándonos en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.