Docentes universitarios piden al Senado que apruebe “urgente” la ley de financiamiento

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), al igual que lo hicieron otras agrupaciones del sector, se sumó al reclamo para que el Senado nacional trate “de manera urgente” la ley de Financiamiento Universitario aprobada semanas atrás en Diputados.

“Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, logramos que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora pedimos que, de manera urgente, la cámara alta trate este proyecto y lo convierta en ley”, dice un comunicado difundido este domingo.

Ante la falta de avances en la negociación con el gobierno el Plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) resolvió una serie de medidas como respuesta a la pérdida del poder adquisitivo salarial de los docentes. El conflicto, que ha impactado a 61 universidades públicas de todo el país, se ha intensificado con sucesivas jornadas de protesta.

Durante la última semana, tanto trabajadores docentes como no docentes llevaron a cabo medidas de fuerza que incluyeron paros de 24 horas y 48 horas, y lograron un alto nivel de adhesión en todo el país, calculado por las organizaciones en torno al 90%. Estas actividades se complementaron con jornadas de visibilización en apoyo del reclamo salarial, según informaron desde la FEDUN.

En este contexto de lucha, los docenes universitarios lograron que la Cámara de Diputados diera media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso ahora, el objetivo es que la Cámara Alta trate y apruebe esta ley de manera urgente, tal como han demandado los secretarios generales de la federación. Según fuentes del Senado consultadas por Infobae, la semana que viene el proyecto comenzará a tratarse en comisión.

Entre las resoluciones del plenario se destacan:

• Instar a los senadores de la Nación a manifestar su apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
• Gestionar reuniones con los senadores que representan a las provincias para solicitar su respaldo en la aprobación de la ley.
• Participar en el Plenario de Rectoras y Rectores del próximo 30 de agosto, donde se coordinarán acciones conjuntas entre sindicatos universitarios, autoridades académicas y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Estas acciones buscan mantener la continuidad del plan de lucha bajo la consigna “No hay universidad de calidad sin salarios dignos”. Además, comenzará una campaña para fomentar la pronta aprobación de la ley de financiamiento.

La semana siguiente tendrá lugar una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Provincia de La Pampa, donde se decidirán los próximos pasos y acciones a seguir en este conflicto que afecta al sector educativo superior.

Los representantes gremiales subrayan que la pérdida de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también impacta negativamente en la calidad educativa de las instituciones públicas. Por ello, consideran vital la aprobación y rápida implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Los que nosotros llamamos docentes y no docentes siguieron perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo con la inflación a lo largo del tiempo. El Gobierno, lo que no pudo hacer de un golpe, lo viene haciendo a cuentagotas mes por mes. Deja que la inflación haga su trabajo”, resaltó la semana pasada Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA. en declaraciones radiales. En ese sentido, apuntó contra el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, al asegurar que cada vez que se le hace un planteo, desde su cartera “a los profesores se les toma el pelo”.

“Yo siento que se nos toma el pelo porque el Ministerio de Capital Humano contesta con comunicados diciendo ‘se le dio el 71% de aumento’ cuando la inflación del período ese fue casi el doble. Sabe que no fue el 71%, que es menos”, sostuvo.

Yacobitti reiteró que muchos docentes, ante la situación que viven en la universidad pública, deciden ir a trabajar a instituciones privadas, y que eso va a provocar un deterioro en la calidad educativa. Y aprovechó para asegurar que la intención de Milei es terminar con la educación libre y gratuita.

“La universidad pública es parte de lo que él llama una organización criminal que es el Estado, ¿no? Es como que se normaliza un poco que el presidente pueda decir cualquier cosa, porque la gente dice ‘bueno, viste cómo es Milei, pero después no lo va a hacer´. Entonces te come la violencia, las persecuciones. Los escraches a través de las redes sociales. Y es normal que un presidente diga que el Estado es una organización criminal”, advirtió.

En medio de los reclamos, el Consejo Superior de la UBA declaró en julio la emergencia salarial por la caída de más del 40% del poder adquisitivo de sus trabajadores. El órgano de gobierno de la UBA (integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes de los profesores, graduados y estudiantes) dispuso “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.

El pasado 4 de julio, un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”. El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril.

La aprobación de esta ley es vista como un paso fundamental para mejorar la calidad y la operatividad de las universidades, que actualmente atraviesan serias dificultades financieras. Los estudiantes y autoridades universitarias sostienen que la falta de recursos adecuados afecta negativamente la infraestructura, los programas académicos y las oportunidades de investigación.

La ley en discusión propone un incremento significativo en el presupuesto universitario, lo que permitiría no sólo el mantenimiento de los servicios actuales sino también una mejora en la infraestructura y la capacidad de las universidades para ofrecer programas educativos de calidad.

Un documento elaborado por los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, indicó que en 2024 los salarios universitarios perdieron 55 puntos porcentuales con respecto a la inflación acumulada. El informe señala que la caída es mayor a la del promedio del sector público e incluso de los trabajadores no registrados, y advierte que, sin una recomposición significativa, la proporción del PBI destinada al sistema universitario podría retroceder 20 años, a valores de 2005.

“En la medida en que no se resuelva la paritaria del Gobierno con los gremios docentes y no docentes, las instancias de protesta se van a ir profundizando porque es un tema que está latente”, consideró la diputada nacional Danya Tavela, impulsora del proyecto de ley para garantizar el financiamiento universitario que recibió media sanción la semana pasada. Tavela estimó que, si la situación no se resuelve, la conflictividad se agudizará de cara a la discusión del presupuesto 2025. “En la medida en que la protesta se radicaliza y no hay respuesta por parte del Gobierno, se hace cada vez más difícil este resolver este tema”, señaló Tavela.

El proyecto sobre financiamiento universitario establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo referido específicamente a los salarios, en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.

Para el período posterior y hasta el 31 de diciembre de 2024, establece que el Gobierno deberá “actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC”, salvo que en la paritaria universitaria el Poder Ejecutivo y los gremios acuerden otra cosa.

La iniciativa también prevé que la Auditoría General de la Nación “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas”. Además, hay un artículo referido a la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

“Más allá de que todos estamos de acuerdo en mejorar los sueldos de los docentes universitarios, creemos en que las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado, en el contexto que ya ha explicado el presidente Javier Milei: con las cuentas públicas en orden, de acuerdo con una sana eficiencia administrativa. De esa forma se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades”, consideró el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

“Lo que queremos es mejorar de manera progresiva esos sueldos sobre la base efectiva de ingresos”, dijo Torrendell a Infobae días atrás. “En algunos meses, como mayo y julio, el aumento superó el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento de las universidades con un incremento de 270%”, afirmó Torrendell.