Reforma laboral: los dos artículos que la CGT negocia en secreto con el Gobierno y que pueden pacificar la relación

El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral para instrumentarla la semana próxima mediante un decreto, mientras el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hace malabares para condensar en ese texto las sugerencias de los empresarios y de la CGT. En este último caso, hay negociaciones reservadas de funcionarios laborales con el sector dialoguista que apuntan a atenuar el efecto de dos artículos que preocupan al sindicalismo: el que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerarlos “grave injuria laboral” y el que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta a 3 autónomos para llevar adelante un emprendimiento productivo.

Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA, Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) son las principales figuras de la fracción moderada de la CGT y aportaron dos de sus abogados para negociar con Cordero e intentar llegar a un acuerdo sobre la reglamentación. Si lo consiguen, llevarán los resultados a una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que tendría lugar la semana próxima, para debatir la reanudación del diálogo con la administración libertaria y la postergación indefinida del tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei.

Para contener a la fracción dura, integrada por moyanistas y kirchneristas, los dialoguistas quieren exhibir el logro de haber suavizado los dos puntos que afectan al poder sindical. La clave para calmar a Pablo Moyano, de todas formas, es bajar la intensidad del artículo “anti-bloqueos”, que es el que más preocupa al Sindicato de Camioneros: pone en jaque la modalidad de protesta preferida de ese gremio porque la figura de “grave injuria laboral” en casos de bloqueos les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de esas acciones.

En realidad, rebajar la intensidad de la penalización a los bloqueos apunta a satisfacer a Hugo Moyano, el líder de Camioneros, de excelente relación con los dialoguistas de CGT y el único que puede frenar a su díscolo hijo mayor si se limitan los alcances del artículo que rechaza el gremio.

La Secretaría de Trabajo está dispuesta a moderar ese artículo para no facilitar los despidos de los “bloqueadores” y obtener así el respaldo sindical: la CGT busca la inclusión en ese artículo de un procedimiento previo ante la Justicia para que los magistrados determinen si hay una injuria grave y que la decisión no recaiga en los empleadores. Es un mecanismo similar al rige para el desafuero de un delegado, que debe tramitarse ante un juez para que no sea “discrecional”, como dicen en la CGT, aunque los empresarios critican “la discrecionalidad del fuero laboral”.

Los empresarios están en desacuerdo con ese procedimiento y reclaman que el artículo “anti-bloqueos” no sea modificado a gusto del sindicalismo. A Cordero le resultará una misión casi imposible conformar a todos. La diputada nacional del PRO Verónica Razzini, que hasta el 10 de diciembre fue la titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y tuvo su empresa paralizada durante 90 días en 2020, le pidió por escrito al secretario de Trabajo en que ese artículo se incluya la utilización de filmaciones para no haya que llamar a un escribano para certificar esas protestas y que se espere hasta una hora para el cese de la conducta injuriosa antes de despedir.

El otro artículo de la reforma laboral que también rechaza el sindicalismo es el que que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo, sin relación de dependencia alguna, hasta otros 3 trabajadores autónomos. La CGT lo critica porque “consagra la desprotección laboral” de esos trabajadores, ya que carecerán de vacaciones pagas, salario mínimo, aguinaldo y licencias por maternidad, paternidad o enfermedad. Cordero defendió esa nueva figura porque es “muy útil y muy sana para generar trabajo” y consideró que “la propia Corte tiene dicho que el trabajador autónomo existe y (en la ley) se deja perfectamente claro que se trata de trabajadores independientes”.

Sobre este punto entraron en pánico sindicatos como Comercio y la UOCRA, que podrían verse afectados por la generación de fuentes de trabajo por fuera de sus filas. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agrupa a unas 600 mil pymes de todo el país, propusieron a Cordero que la figura de trabajador independiente pueda utilizarse “cuando la actividad esté comprendida dentro de un convenio colectivo de trabajo” y que “las relaciones sean declaradas altas, bajas y modificaciones– en el sistema que establezca la Secretaría de Trabajo”.

En la CGT pusieron sobre la mesa variantes para limitar el artículo: por ejemplo, que sea una figura que no se utilizaría para actividades de contratación o subcontratación cuando son tareas afines a la actividad principal de la empresa. “Esto es para que no te hagan cuadrillas en todos lados”, dicen.

De todas formas, en el Gobierno hay una decisión política de tratar de conformar al sector dialoguista de la CGT porque es, a la vez, una forma de debilitar al moyanismo y al kirchnerismo que empujan cada vez con más fuerza la realización de un nuevo paro general, alentados por Cristina Kirchner.

Como parte de los gestos de buena voluntad, esa corriente cegetista gestiona una audiencia con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Con uno de los dos o con ambos. La idea es alcanzar a ese alto nivel del Gobierno un “acuerdo político amplio” que abra instancias de diálogo para resolver desde los despidos en el Estado y la recomposición salarial hasta la generación de empleo, pasando por una solución para la crisis de las obras sociales.

Quien se adelantó a los planes de los dialoguistas es uno de sus aliados, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y este martes se reunió con Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Allí, la ministra le informó al sindicalista que el Gobierno firmó el nuevo salario mínimo docente, de 420 mil pesos, ya rechazado por todos los gremios del sector. Aun así, Romero logró el apoyo ministerial para que se active el Fondo de Compensación Salarial con el fin de garantizar ese monto en distritos donde está por debajo, como La Rioja y Catamarca, donde es de aproximadamente 360 mil pesos.

Pero la UDA hizo otra propuesta que tuvo luz verde: Pettovello irá a la asamblea del miércoles próximo del Consejo Federal de Educación y, como el Gobierno insiste en no restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para mejorar los salarios del sector, se analizará en ese ámbito un nuevo aporte adicional para los maestros que participen de cursos de formación y capacitación.

¿Alcanzará para que afloje la tensión entre el mileísmo y los gremios docentes? CTERA, enrolada en el kirchnerismo, volvió a rechazar esta tarde los 420 mil pesos de salario mínimo y anticipó que la semana próxima convocará a su plenario de secretarios generales para decidir una nueva medida de fuerza. Algunos sindicatos, pragmáticos, buscan alternativas para lograr mejoras salariales y laborales. Otros se mantienen fieles a sí mismos, implacables sobre todo durante los gobiernos no peronistas.

Casi la historia de siempre para el gremialismo argentino, con una CGT partida en dos y apostando cada una a un estrategia distinta. Los resultados, en general, no favorecieron a los trabajadores.