Quién es y los antecedentes de Ariel Lijo, el juez propuesto por Javier Milei para integrar la Corte Suprema

El juez Ariel Lijo defendió este miércoles su postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Comisión de Acuerdos del Senado. La Audiencia Pública se realizó en el Salón Azul del Congreso, y contó con la presencia del magistrado. Lijo había sido propuesto como candidato al máximo tribunal judicial por el presidente de la Nación, Javier Milei, para ocupar el lugar que dejó vacante la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021.

El actual titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 se presentó hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se llevó adelante la audiencia y compartió su visión sobre el estado de la Justicia y sus propuestas para el máximo tribunal. Su postulación sumó, durante las semanas previas a esta instancia, 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Ariel Lijo realizó la secundaria en el Nacional 7 de San Telmo y estudió Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se recibió de abogado. Se especializó en administración de Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Inició su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación como meritorio en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 y luego se incorporó como Auxiliar Administrativo en la Defensoría Oficial Criminal y Correccional N° 1. Luego de pasar por diversos cargos, fue nombrado Secretario en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, luego Prosecretario de Cámara en la Sala I y posteriormente Secretario de esa Sala.

En la actualidad, es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py, donde ingresó en 2004 durante la renovación de jueces del menemismo al ser designado junto a Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Allí tuvo a su cargo causas de alto impacto político, como el caso Ciccone, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.

A lo largo de su carrera, investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó al militar Cristiano Nicolaides. También tuvo causas vinculadas al atentado a la AMIA, como fueron las irregularidades en la investigación judicial del caso, y procesó y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.

Además, el juez tiene una amplia trayectoria como docente en la educación pública y privada. Fue docente en la UBA, en la Universidad Nacional de Lanús, del Salvador, del Museo Social Argentino, entre otras, y en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. Y fue profesor en el Posgrado de Prevención de Lavado de Dinero y Crimen Organizado en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeñó como director y profesor del Curso Delitos Complejos, organizado por la Secretaría de Capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Otro de los puntos importantes en su carrera fue el hecho de haber sido uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), entidad que nuclea a jueces federales de todo el país, y de la que es su actual secretario general. Por otra parte, es autor de numerosas publicaciones académicas, entre ellas: “Parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas”; “Los delitos de tenencia, o el tótem normativo al que se recurre para prohibir con tipos penales constitutivos” (publicado en marzo de 2009 por Editorial Albremática); “La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos” (publicado en Justicia Argentina On line); “La mirada de los jueces” (publicado en junio 2011 en el Centro de Información Judicial).

En la actualidad, además, se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía, UBA, donde dicta Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional. Y, debido a las vacantes de jueces que hay en Comodoro Py, Lijo también tiene hoy a su cargo los juzgados 6 -donde está la causa por el atentado a la AMIA- y el 12.

Ariel Lijo tuvo causas contra el kirchnerismo. La más resonante fue el caso Ciccone, cuando en 2014 el entonces vicepresidente Amado Boudou fue procesado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. Como resultado, en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4.

Como parte de su trayectoria judicial, Lijo también encabezó la investigación sobre el encubrimiento en la causa AMIA. En esta investigación, ordenó llevar a juicio oral a varias figuras prominentes, incluyendo al expresidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y a los fiscales federales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia. Sin embargo, en 2017, Lijo fue apartado de la causa AMIA por decisión de la Sala ad hoc de la Cámara Federal. Esta decisión se tomó a pedido de las querellas, argumentando su fallo de falta de mérito para cuatro ex secretarios del juez Galeano, es decir, Carlos Velasco, Javier De Gamas, Susana Spina y José Pereyra, todos en el Juzgado Federal Nº 9.

También investigó la gestión de Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino. Este expediente, aún abierto, llevó a la indagatoria del exministro Oscar Aguad, y el expresidente está imputado. Recientemente, Lijo tuvo a su cargo la investigación contra el hombre que le arrojó una botella al presidente Milei el día de su asunción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del Poder Judicial en Argentina. El proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema sigue un mecanismo indirecto donde el Poder Ejecutivo elige a los candidatos, según parte de las atribuciones que tiene el presidente en el artículo 99 inciso 4, de la Constitución Nacional, y el Senado debe aprobar sus nombramientos. Es requerido un quórum especial de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara Alta para validar la designación, después de un proceso de selección que incluye la consulta a la ciudadanía sobre sus apoyos o impugnaciones sobre los candidatos.

El procedimiento inicia cuando el presidente de la Nación selecciona a su candidato y envía su nombre al ministro de Justicia. De allí, el expediente avanza hacia el Senado. La Cámara Alta se encarga entonces de revisar el perfil del candidato, entrevistarle, y recoger opiniones de la ciudadanía antes de votar su pliego en sesión.

Según una ley aprobada por el Congreso, la Corte debería estar compuesta por cinco jueces. Pero, actualmente, la Corte está compuesta por cuatro miembros: Horacio Rosatti como presidente, Carlos Rosenkrantz como vicepresidente, junto a Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde octubre de 2021, la quinta silla se encuentra vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Cabe señalar que el proceso también está regulado por el decreto 222/03, firmado en junio de 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que apunta a mantener una serie de pautas en busca de transparencia y la participación de la ciudadanía en el procedimiento llevado adelante en el Poder Ejecutivo, y también un régimen participativo para la etapa ante el Senado de la Nación.

Los requisitos para la definición por parte del Poder Ejecutivo de los candidatos a integrar la Corte Suprema plantean que el aspirante a ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia debe ser abogado con al menos ocho años de ejercicio de la profesión; tener al menos treinta años de edad y seis años de ejercicio de la ciudadanía argentina. Asimismo, establece requisitos como “aptitud moral, idoneidad técnica y jurídica, trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”.

En su artículo 3 el decreto también dispone que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

Según se establece allí, una vez producida la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo, con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Etica de la Función Pública N° 25.188 y su reglamentación.

Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.

“Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración”, dice el decreto. Además se recabará en la AFIP información relativa al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

“En un plazo que no deberá superar los 15 días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento respectivo, a los fines del acuerdo”, se detalla.

En ese sentido, Ariel Lijo defendió su postulación como juez de la Corte Suprema de Justicia este miércoles 21 de agosto en una audiencia realizada en el Senado desde las 10 de la mañana, con la presencia del magistrado. Tuvo lugar en el Salón Azul del palacio legislativo, y fue transmitida por el canal de YouTube del Senado de la Nación.

“Es la segunda vez que me toca venir a esta Comisión de Acuerdo, ya que la primera fue hace 20 años. Se discutía mi candidatura al Juzgado Federal de la Capital. En ese momento me acompañó mi padre, que ya no está, y mi madre, quien hoy también está acá (momento en el que se emocionó al nombrarla)”, sostuvo el magistrado este miércoles, durante la defensa de su postulación a la Corte Suprema de Justicia. Allí, compartió su visión sobre el estado de la Justicia y sus propuestas para el máximo tribunal. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten”, aseveró.

Además, en su presentación, Lijo afirmó: “Le quiero agradecer al Presidente (Javier Milei) por proponerme. Es un gran honor para mí como abogado y como integrante del Poder Judicial. Le quiero agradecer al Honorable Senado de la Nación y a esta Comisión de Acuerdos por recibirme, es una enorme responsabilidad personal e institucional. Los parlamentos son la gran conquista de los procesos constitucionales y el Senado no solamente representa a las provincias en el debate de ideas y en la toma de decisiones del parlamento, sino que también tiene la representación de las provincias, lo que le otorga un valor adicional en cuanto al federalismo que está representado muy especialmente en esta cámara”.

El abogado académico Manuel José García-Mansilla fue el segundo candidato que postuló el presidente Javier Milei, en este caso, para ocupar la vacante que el actual ministro Juan Carlos Maqueda dejará en diciembre. Entre 1997 y 2005 trabajó en el departamento de derecho público de un estudio jurídico “Marval, O’Farrell y Mairal” liderado por el Dr. Héctor A. Mairal. Entre 2000 y 2001, completó una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown, en Washington, DC. Allí se especializó en derecho constitucional estadounidense, Después trabajó en “Liendo & Asociados”. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

El año pasado obtuvo el título de doctor en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. En 2008 y 2012, García-Mansilla fue elegido por sus pares como uno de los abogados más destacados y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está cargo del Consejo de Dirección de la Facultad y de la Escuela de Gobierno que tiene las carreras de grado de Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y todos los doctorados, maestrías y programas de posgrado de la facultad. Además desde 2006 da cursos referidos al derecho constitucional.

García-Mansilla también integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integra el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, y de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde 2006.

Participó de diversos institutos en el ámbito académico, tanto a nivel local como internacional. Desde 2006 soy miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integré su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integro el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, así como de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde 2006.