Ariel Lijo defendió su postulación para ser juez del máximo tribunal: “La Corte Suprema debe enfocarse en garantizar el acceso a la Justicia”

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, se presentó hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su postulación a la Corte Suprema, y compartió su visión sobre el estado de la Justicia y sus propuestas para el máximo tribunal. El magistrado es uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la cabeza del Poder Judicial.

El juez llegó acompañado por su madre y su hijo y empezó, minutos después de las 10, una presentación personal, en la que detalló sus antecedentes, que se remontan a más de treinta años trabajando en el Poder Judicial. En el principio de su exposición destacó que la función de los magistrados no se agota en intervenir en los casos que le tocan, ya que hay según su perspectiva otras dimensiones a abordar, entre ellas, establecer políticas judiciales que irradien a todos los integrantes del Poder Judicial.

“Para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, algo que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, explicó Ariel Lijo. En ese sentido, destacó la importancia de respetar la autonomía de las provincias, de las economías regionales y los recursos naturales.

“Es saber que atrás de cada decisión hay una realidad que no se puede volcar en los papeles. Son, centralmente, las experiencias humanas. Por eso deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro y hacia afuera”, manifestó, a la vez que subrayó que el Máximo Tribunal ya viene haciendo este trabajo en varios aspectos, entre ellos, el plan de Políticas de Estado para el Poder Judicial, presentado en 2007.

“Los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio. Detrás de los casos de criminalidad organizada hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”, consideró.

Ariel Lijo remarcó la cuestión del acceso a la justicia. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten.”, aseveró. Y al describir esta problemática mencionó como factores clave la barrera cultural y social -personas que no se animan a presentarse en Tribunales o no saben cómo acudir a la justicia, a donde denunciar ni cómo hacerlo- y, también, que los diseños administrativos son complejos y a veces las personas cometen errores en ese proceso de admisión por no conocerlos. “Debe existir sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de un conflicto”, propuso.

“La Corte debe enfocarse en garantizar el derecho a la Justicia, debe esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuesta a los problemas que tienen las personas En el acceso a la justicia hay una barrera cultural y social: personas que no se animan a presentarse en Tribunales; personas que no saben cómo acudir a la justicia, a dónde denunciar, cómo hacerlo. También puede mencionarse la autoexclusión, aquellos que consideran “¿para qué voy a ir si no me van a solucionar nada?”, consideró.

Además, Lijo destacó que “la Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”, y en este punto remarca la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”.

El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia de la UBA y profesor de Derecho Constitucional. Inició su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación como meritorio en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 y luego se incorporó como Auxiliar Administrativo en la Defensoría Oficial Criminal y Correccional N° 1.

Luego de pasar por diversos cargos, fue nombrado Secretario en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, luego Prosecretario de Cámara en la Sala I y posteriormente Secretario de esa Sala. En el año 2004 fue designado por concurso para ser Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, función que desempeña hasta el día de hoy.

Al frente de dicho tribunal, se especializó en crimen organizado y la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, y gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales, según la descripción que fue descripta a los senadores que acudieron a la sesión de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

En su presentación, Lijo afirmó: “Le quiero agradecer al Presidente (Javier Milei) por proponerme. Es un gran honor para mí como abogado y como integrante del Poder Judicial. Le quiero agradecer al Honorable Senado de la Nación y a esta Comisión de Acuerdos por recibirme, es una enorme responsabilidad personal e institucional. Los parlamentos son la gran conquista de los procesos constitucionales y el Senado no solamente representa a las provincias en el debate de ideas y en la toma de decisiones del parlamento, sino que también tiene la representación de las provincias, lo que le otorga un valor adicional en cuanto al federalismo que está representado muy especialmente en esta cámara”.

“Es la segunda oportunidad que tengo el privilegio de ser recibido por esta Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación. La primera vez fue en el año 2004, en este mismo salón, cuando fui propuesto para el cargo de juez federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, que actualmente ocupo”, recordó.

Volviendo sobre su exposición, el juez también habló sobre la modernización de la Justicia, no solo en su aspecto tecnológico, sino el relativo a dinamizar los procesos de producción de sentencias en la Corte. En este punto subrayó la importancia de trabajar con el Congreso para encontrar mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte Suprema por diversas vías, y que además “debería incluir la discusión sobre si es necesario imponer plazos”. Asimismo expresó que internamente el máximo tribunal debería trabajar en mejorar o modificar las reglas de superintendencia, aumentando la delegación en las cámaras federales en la adopción de decisiones que hacen a la gestión de los recursos.

“Hay que ir a un proceso de segmentación. Hoy en todos los sectores las propuestas de servicios están estructuradas en función de las múltiples demandas, y el Poder Judicial para un universo de conflictos tiene una propuesta única, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y los mismos tiempos para una catástrofe ambiental o para el arrebato de un celular”, explicó.

Por eso la Corte, como cabeza del Poder Judicial, “debe trabajar en conjunto con el Poder Legislativo para brindar respuestas idóneas, diferenciando los procesos según la demanda, la gravedad, el grado de conflicto. Es razonable que tengamos distintos métodos para distintas demandas, para distintos problemas, esto permite respuestas más rápidas y más acorde a los conflictos de las personas. No hay que quedarse en los diagnósticos hay que trabajar en las soluciones”, sostuvo.

Posteriormente, Lijo remarcó que la Constitución estableció esferas de competencia para cada uno de los poderes, y a su vez la Constitución fijó un sistema de frenos y contra pesos de funcionamiento entre los tres poderes. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto al mandato constitucional en la forma y en el fondo tienen una presunción de legitimidad, y soy de la idea de la estabilidad de los actos de los poderes”, dijo.

Y agregó que los controles recíprocos son mecanismos institucionales complejos con múltiples aristas, pero “en este escenario tengo una convicción central: declarar la invalidez de una norma es de una gravedad institucional extraordinaria, y sólo debe reservarse a aquellos casos en los que sea imposible sostener su constitucionalidad o cuando se haya violado el proceso deliberativo establecido por la Constitución”. Según expresó, “esto implica que las cuestiones de la política deben resolverse en los ámbitos de la discusión pública de ideas. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que está llamado a resolver esa categoría de conflictos”.

Finalmente mencionó la creación de la Secretaría de Investigación del Atentado a la Embajada. “El Poder Judicial debe dar pruebas de que aprendió, se capacitó y está en condiciones de enfrentar cualquier conflicto independientemente de su complejidad”, consignó. “La Corte tiene dos funciones, una centrada en la investigación propiamente dicha, y la otra en la capacitación de los miembros del Poder Judicial y en la implementación de acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas, en particular contra el antisemitismo, dado que es sin dudas la causa de los dos atentados terroristas, que produjo un crisis global a partir de los acontecimientos del 7 de octubre”, enunció el juez, que luego aseguró que el valor agregado de la creación de una secretaría especializada es establecer una política de Estado desde la Corte, “a través de la cual generar conciencia, compromiso y acciones de todos los actores del Poder Judicial en todo el país”.