![El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (EFE/Shawn Thew)](https://www.infobae.com/new-resizer/mzSUiqsMNDn4ubegnpBnEqAs4mQ=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IF5WWHMEBZDAHJLNNSXQVNIHMM.jpg 420w)
El Gobierno nacional oficializó los cambios al sistema de firma digital que había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Estos cambios tienen como objetivo eliminar las burocracias y agilizar los tiempos del Estado.
La medida se hizo oficial a través del decreto 743/2024, que establece que, de ahora en más, la verificación de identidad puede realizarse de manera virtual, sin la necesidad de realizar ningún trámite presencial.
Para esto, se realizará la verificación de identidad a través de la tecnología de autenticación biométrica y los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Además, incorporaron modificaciones para el régimen de Certificadores licenciados, quienes hasta el momento se encontraban obligados a comprobar la identidad y cualquier otro dato de los solicitantes considerado relevante de forma presencial, mediante los datos biométricos. Ahora, podrán delegar en “autoridades de registro” las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de las presentaciones y trámites que les sean formuladas. “La presencia física del solicitante o suscriptor ante el Certificador Licenciado o sus Autoridades de Registro no será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites necesarios para la emisión, renovación o revocación del correspondiente certificado digital”, aclara la normativa.
En el considerando, el decreto alega que estas medidas tienden a “facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus trámites administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa”.
![Sturzenegger es el encargado de llevar adelante el proceso de modernización del Estado (Adrián Escandar)](https://www.infobae.com/new-resizer/iM71YUefhWCIeNJlOF4NKBFKgqw=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WLMLL3525RDM3PKD3HPC7EBQXM.jpg 420w)
Estas modificaciones se dan en el marco de un proceso de modernización tecnológica en la que se encuentra inmersa la administración pública, que “conlleva la elaboración de un marco normativo adecuado que contemple las particularidades que trae aparejadas la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de su actividad, tanto internamente como en sus relaciones con los ciudadanos”, tal como sostiene el texto.
En ese sentido, el ministro Stuzenegger ya había adelantado las modificaciones en este sistema durante una entrevista con TN. En esa oportunidad, dijo que la sociedad argentina está “empachada de Estado”, por lo que planteó que “hay que quitar las malezas, pero sin cortar lo que está bien”.
Según el funcionario, la ampliación del régimen de firma digital permitirá a los trabajadores y empleadores formalizar contratos de manera remota, sin necesidad de encuentros presenciales. “Cualquier contrato, que antes requería que te encontraras en un lugar para firmarlo y verificarlo, ahora podrá hacerse de manera remota. Esto le facilitará la vida a mucha gente”, afirmó el ministro.
Sobre las normativas que se avecinan, el funcionario dijo que el Gobierno ya reglamentó el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el capítulo de energía y que le falta reglamentar la parte de reforma laboral, algo que tiene un tiempo límite y que las tareas sobre eso las está coordinando el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Sturzenegger dijo que así como el sector de la construcción el sindicato (Uocra) y las empresas pudieron acordar un “fondo de cese” en función de las características del sector, un artículo de la ley bases, que todavía debe reglamentarse, permitirá que en cada sector de actividad, entre empresas y sindicatos puedan ponerse de acuerdo. “¿Quién pierde?”, preguntó retóricamente. “La industria del juicio”, se contestó. Al eliminar ese factor, aseguró, los montos de indemnización deberían ser más altos, “porque se está reduciendo la incertidumbre y quitando los costos de la industria del juicio”. Además, aclaró, si el sistema que se propone no le conviene a la empresa o a los trabajadores, tendrán la opción de no adherir al mismo. “Eso se va a publicar la semana que viene”, adelantó.