El Fondo de Cese Laboral, una clave de la reforma que el Gobierno negocia con los gremios contra la industria del juicio

El Gobierno avanza con la reglamentación de la reforma laboral, tomando en cuenta las observaciones del empresariado y del sindicalismo, pero hay un punto de la Ley Bases que todos los sectores miran con detenimiento porque abre el juego a una novedad: la creación del Fondo de Cese Laboral para reemplazar las indemnizaciones actuales y, destacan los libertarios, reducir la “industria del juicio”.

Es un sistema que existe en la UOCRA y que Javier Milei convirtió en uno de sus objetivos en materia laboral desde mucho antes de asumir el gobierno: en septiembre pasado se reunió en secreto con Gerardo Martínez, el líder de ese gremio y dirigente de la CGT, para “interiorizarse de primera mano” cómo es el sistema indemnizatorio que a partir de la ley se podrá generalizar, siempre de manera optativa, no obligatoria, y sin retroactividad: regirá para los nuevos trabajadores de las actividades que pacten esta modalidad en sus convenios colectivos de trabajo.

Otro de sus defensores es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien este lunes, en diálogo con TN, destacó que el Fondo de Cese que existe en la UOCRA fue “paradigmático” para resolver “un problema de las relaciones laborales en la Argentina vinculado con mucha incertidumbre y mucho costo asociado al proceso de despido y de indemnización que aumenta mucho el costo laboral a las pymes y a las empresas”. Y ahora, agregó, “la Ley de Bases le permite a cada industria hacer lo mismo en su propio convenio para resolver ese problema”.

El artículo 96 de la Ley N° 27742, en efecto, estableció: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.

Entre todas las objeciones de la CGT a la reforma laboral, ese artículo, que ya figuraba en el DNU 70, no fue cuestionado. Sobre todo porque la adhesión al nuevo sistema indemnizatorio es optativo y está sujeto a lo que negocien empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo.

Ya hay sindicatos que anticiparon su apoyo al Fondo de Cese, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, quien se convirtió en un pionero en este rubro ya que explicitó su postura el 27 de diciembre pasado durante una reunión que mantuvo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras la CGT embestía contra el Gobierno para impugnar el DNU 70, que incluía el artículo respaldado por los mercantiles.

“Hace rato que venimos negociando con las cámaras, que mantienen una discusión por el aporte. Hay cámaras que quieren poner menos plata y cámaras que quieren poner más. Conjugar todas esas cosas nos lleva trabajo. Pero nosotros estamos cerca de llegar a un arreglo y eso fue lo que le dijimos a la ministra (Pettovello)”, dijo Cavalieri a Infobae en ese momento. Ocho meses después, sin embargo, sigue sin haber avances sobre el tema entre el sindicato y las cámaras empresariales del sector.

En una nota enviada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que lidera Natalio Mario Grinman, sentó su postura sobre la reforma laboral del Gobierno y resaltó que el nuevo sistema indemnizatorio “no tiene el consenso de todo el arco empresario”. “Lo interesante es que la propia Ley de Bases no lo impone en forma generalizada -añadió-, sino que lo deriva al protocolo de la negociación colectiva, conforme las características y necesidades de cada actividad”.

De todas formas, la CAC-participante de la mesa técnica para consensuar la reglamentación laboral-* consideró que “el sistema del fondo de cese puede servir para determinadas actividades –analizando, por ejemplo, el nivel de rotación del personal– para ahorrar costos empresariales”.

Sin visibilidad aún, otros sindicatos exploran con los empresarios de cada actividad la probable adhesión al Fondo de Cese: desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que dirige Luis Barrionuevo, hasta el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), encabezado por José Minaberrigaray, pasando por una amplia lista que incluye, entre otros, a los ceramistas.

En su fugaz adhesión a la candidatura de Milei, Barrionuevo llegó a elogiar públicamente el Fondo de Cese: “Los gastronómicos también vamos a implementar un seguro de desempleo, hace mucho que lo quise hacer. Es como el fondo de despido que tiene la UOCRA. Bueno, esto es lo que plantea Milei y lo vamos a hacer”, dijo en octubre pasado al portal El Esquiú, de Catamarca.

Luis Barrionuevo propuso que cada gremio se haga cargo de este sistema indemnizatorio: “Los gastronómicos que están desocupados los va a tener que capitalizar gastronómicos. Cada uno va a tener que adecuarlo, organizarlo y que salga del sindicato el control que tenga que haber. La gente desocupada va a cobrar directamente con su QRL que va a tener, y va a tener su cuenta”.

Sin embargo, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, pese a promover una “adecuación laboral”, tomó distancia del Fondo de Cese: “Tendría que haber fondo de cese para todos los mal llamados cooperativistas o trabajadores de la economía popular que utilizan políticamente los municipios, diferentes gobiernos y muchas organizaciones y seudo dirigentes sociales”. Aun así, admitió que “muchas organizaciones gremiales van a optar” por este sistema “porque en su actividad dinámica les conviene más, tanto al sector sindical como al sector empresario”.

Además del beneficio que puede constituir para algunas actividades, algunos expertos laborales sostuvieron que el Fondo de Cese puede constituir un negocio para empresas y sindicatos que se asocien con compañías de seguro privadas, ya que la ley justamente permite esa posibilidad. Ese escenario hace recordar a la decisión de muchos sindicatos de crear sus propias AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) durante el gobierno de Carlos Menem.

Para el Gobierno, se trata de una reforma clave porque debilita la industria del juicio, tal como enfatizó Sturzenegger: “(El Fondo de Cese no genera) ninguna resistencia ni de los empresarios ni de los sindicatos porque en realidad ambos ganan. ¿Quién pierde? La industria del juicio. Si el sindicato y la patronal son inteligentes, ese conjunto gana y pierde la industria del juicio, que le chupa todos esos recursos. Entonces, ellos tendrían que poder ofrecer a los empleados un esquema que sea mejor que la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad, estás reduciendo la incertidumbre de la relación y eso permite que tanto la empresa como el trabajador tengan un acuerdo que sea mejor del que tienen hoy”.

Según el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el Fondo de Cese es “una alternativa que los firmantes de los convenios colectivos deben decidir si implementar o no”, mientras defendió la reforma laboral al afirmar que “no es contra el trabajador sino contra una legislación que tiene más de 50 años”. Añadió que busca que “el empresario no tenga miedo a contratar” porque “hay una industria del juicio indiscutible que castiga a la pequeña empresa”.

Marcelo Aquino, abogado laboralista que asesora al sector empleador, opinó que el Fondo de Cese Laboral generará “un incremento de costos fijos para las empresas porque implica una obligación de aportar todos los meses a un fondo”, por lo que “deberían tener un índice de rotación muy alto como para que esto se justifique”. Además, anticipó que “hay algunos jueces que consideran que puede llegar a ser inconstitucional porque existe la obligación, de acuerdo con el artículo 14 bis de la Constitución, de una reparación por estabilidad relativa para los empleados del sector privado que representa una indemnización, pero un fondo de cese no haría las veces de la indemnización”.

Entre los sindicalistas que respaldan el Fondo de Cese, uno de los más entusiastas es Gustavo Rossi, titular de UECARA (el gremio de los peajes y los mandos medios de la construcción de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos), quien busca convertirse en el primer gremialista en firmar el nuevo sistema de indemnizaciones, pero ya se encontró con algunos reparos del sector empresarial: “Me advirtieron que el 98% de las empresas son pymes y lo toman como una verdadera solución, porque les sacaría la deuda de eventuales indemnizaciones fuera de la empresa, pero el 2% de las grandes firmas conducen las distintas cámaras empresarias y no la aceptarían, lo ven como un costo innecesario”, señaló el dirigente cordobés.

Para Aquino, de todas formas, hay un punto importante: “La ley dice que se va a establecer el Fondo de Cese Laboral por negociación colectiva conforme a las pautas que determine el Poder Ejecutivo, pero todavía no se sabe cuáles son esas pautas”. Eso precisamente es lo que deberá definirse mediante el decreto reglamentario que Cordero y Sturzenegger están elaborando y se dictará en los próximos días. Habrá que ver si contemplará los pedidos y sugerencias de los empresarios y de los sindicalistas, y cómo se instrumentará el Fondo de Cese, la herramienta mileísta contra la “industria del juicio”.