El Gobierno volverá a proponer el divorcio exprés y la simplificación de las sucesiones patrimoniales

El Gobierno tiene decidido avanzar con una nueva etapa de desregulaciones que no tienen que ver no sólo con cuestiones económicas, sino también con cambios en el ámbito social y en regulaciones fijadas en el Código Civil. Es un regreso al espíritu original que se cristalizó en la denominada Ley Ómnibus, que incluía decenas de cambios, entre ellos el divorcio exprés.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentará en los próximos días dos proyectos de ley para que el Congreso Nacional vuelva a debatir la instauración del divorcio exprés y para crear un sistema flexible de inscripción de las sucesiones patrimoniales de común acuerdo de manera simple y rápida, sin que deban intervenir juzgados ni abogados.

En el caso del divorcio exprés, se trata de una de las propuestas originales que tenía la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que presentó el presidente Javier Milei en el inicio de su mandato. En ese proyecto, que se lo llamaba Ley Ómnibus, por tener más de 650 artículos, se había incluido esa reforma, pero terminó rápidamente afuera del plexo normativo cuando empezó a discutirse en las comisiones.

En el capítulo III de la redacción original de la Ley Ómnibus se propuso en el artículo 352 el siguiente texto: “Incorpórase como inciso d) del artículo 435 del Código Civil y Comercial aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, el siguiente: ‘d) comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio’”.

En el Código Civil y Comercial vigente -que con el proyecto de ley podría ser reformado-, las causales de la disolución del matrimonio -que figuran en el Capítulo 8, Sección 1°- eran “a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente”. Al incluir el inciso d, el trámite salía de la esfera judicial y lo enviaba al ámbito administrativo.

Las fuentes que adelantaron esta iniciativa evitaron dar precisiones sobre cuál será el contenido, pero no se descarta que tenga en lo medular una propuesta similar.

Cuando se presentó la Ley Ómnibus llamó la atención que entre los considerados del inabarcable proyecto se incluyó un párrafo que buscó justificar la reforma: “En línea con la modernización de la legislación y el respeto a la preponderancia de la libertad individual, se incorpora un novedoso instituto para nuestro país, de uso común en muchas otras naciones del mundo, que es la posibilidad para los cónyuges de solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial”. Era el texto que había enviado Milei al Congreso y que finalmente quedó reducido a poco más de 230 artículos.

El divorcio exprés no será la única reforma que tiene previsto impulsar el Gobierno, como parte de los proyectos de desregulación de la actividad económica y las relaciones sociales en general. Como parte del objetivo que plantea Milei de ser el país con mayor libertad de todo el planeta, el Ministerio de Sturzenegger presentará una iniciativa legislativa para que las sucesiones patrimoniales “pacíficas” -donde haya litigiosidad- puedan definirse mediante la simple inscripción en una escribanía.

Tanto en el divorcio exprés como en el caso de las sucesiones las principales “víctimas” serán los abogados, que son los encargados en la actualidad de llevar esos trámites ante la Justicia Civil y Comercial. En caso de se aprobados, trámites que duran largos meses y a veces años -en los que el patrocinio legal es esencial- podrían reducirse a horas e incluso minutos. Esa es la aspiración que tienen en Casa Rosada.

Junto a eso, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado también impulsará nueva normativa para ampliar la firma digital, como así también removerá obligaciones que tenía el sector público para contratar como proveedores a empresas estatales, desde bancos, combustibles, seguros, transporte, viajes.

Esta semana Javier Milei habló sobre “el plan de desregulación que afecta a cada uno de los sectores de la economía” y destacó que “la evidencia empírica está de nuestro lado porque -como ya me han escuchado decir muchas veces- los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos; al margen que tienen 50 veces menos de pobres en el formato extremo y 25, si lo toman en el estándar”.

“Esto implica luchar, entre otras cosas, contra los intereses particulares de la casta empresarial, los intereses de la casta sindical y, en especial, contra los intereses de la casta política, que es la que protege esos intereses sectoriales, algo que el ministro Sturzenegger llama, ingeniosamente, el Triángulo de las Bermudas, porque en el vértice, entre esos elementos, el país entero desaparece”, afirmó en un discurso ante empresarios.