Raúl Zaffaroni criticó la baja de imputabilidad a 13 años: “Es el resultado de un punitivismo bochornoso”

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, cuestionó el proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de los adolescentes a los 13 años, y lo calificó como “el resultado de un punitivismo bochornoso”. Lo hizo durante una actividad de juristas y referentes en niñez que rechazaron la iniciativa oficial.

Para el profesor emérito de la UBA y especialista en derecho penal, se trata de una “grosera mentira” las cifras utilizadas por el gobierno de Javier Milei para sostener la propuesta oficial. “En delitos graves, la incidencia de menores de 16 años es despreciable. En la Ciudad de Buenos Aires, del 2010 al 2022, nos hemos ahorrado un 50% de homicidios, es decir, 100 cadáveres por año. Y la incidencia de menores de 16 años a veces es de uno, a veces de dos, a veces de ninguno”, advirtió.

El ex juez de la Corte también llamó a “no confundir la baja de responsabilidad de los niños para aplicarle la misma pena que los adultos, lo cual es una barbaridad, con la baja de procedibilidad, que es otra cosa”. “Si se va a internar a un niño en un instituto, eso es una pena. La institucionalización es una pena que es más grave en un adolescente, en un niño, que en un adulto. Y para imponer una pena se necesita un proceso”, consideró el directivo del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).

“No puede bajarse la edad de responsabilidad de los niños y de los adolescentes para aplicarles la misma pena que a los adultos -continuó Zaffaroni-, pero a los niños y a los adolescentes, antes de imponerles cualquier sanción con el nombre que sea, hay que hacerles un proceso con las mismas garantías que tienen los adultos. Es un ciudadano, tenga la edad que tenga”.

El ex magistrado dio esas definiciones en el encuentro “Más derechos sociales, menos cárcel para los pibes”, realizado el miércoles pasado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) y el IFBC, encabezado por el juez Roberto Andrés Gallardo.

Con el mismo mensaje se pronunciaron referentes de la justicia, la Iglesia Católica y organismos públicos vinculados a la defensa de los derechos de las infancias. Del mismo panel asistieron como expositores Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara y secretario de COPAJU; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Monseñor Gustavo Oscar Carrara, vicario general del Arzobispado de Buenos Aires; Federico Samudio, acompañante par del Hogar de Cristo.

Al iniciar la actividad, el juez Roberto Gallardo se refirió a las estadísticas sobre los niveles de pobreza en el país y apuntó que ese deterioro es una “violencia estructural” que le estamos imprimiendo al 70% de la población, de las que son 7 de cada 10 menores. “Es la violencia que vuelve y que va a seguir volviendo día tras día”. “Esto indica que un enorme conjunto de nuestra población está en un cono de sombra, donde no hay horizontes, no hay esperanzas, no hay perspectivas”, afirmó el titular de Copaju.

Sobre el proyecto oficial para bajar la edad de punibilidad, el magistrado porteño aseguró: “Nos proponen trabajar sobre los efectos y no sobre las causas. Lo que dicen es ‘hay delincuencia y la única forma de terminar es haciendo una gran red y encarcelando a todos los que sean en el futuro sospechosos de haber cometido un delito’”.

En su intervención, Gustavo Moreno recordó una carta de 2005 en la que el entonces cardenal Jorge Bergoglio se oponía a propuestas como la del oficialismo: “Decía ‘no a la baja’, porque esto no le soluciona el tema a los chicos. Era 2005, otro gobierno, pero un mismo proyecto, que cada tanto vuelve y hay que llamarlo por su nombre. Hoy no estoy hablando como asesor, sino como secretario de COPAJU: hay una demagogia punitiva que quiere poner a los chicos y a las chicas como enemigos sociales”.

Por eso, Moreno rechazó el mensaje que intenta instalarse: “Pareciera que si ponemos a los chicos presos vamos a encontrar mayor seguridad. Pero la verdadera inseguridad no son los adolescentes, es el narcotráfico, la trata, la venta de armas”. A la vez, hizo énfasis en que “el Estado sí debe darles una solución a los chicos no punibles”. Y recordó que de los 17 proyectos que están hoy en el Congreso, todos bajan la edad, salvo cuatro. “Algunos a los 12 años, otros a los 13, a los 14, pero ¿y cuál es la solución para los chicos no punibles? La derivación a los organismos de protección”, puntualizó, y advirtió que estas entidades atraviesan una “difícil situación presupuestaria y salarial”, que están marcan “los límites reales de su capacidad de acción”.

A su turno, la defensora Stella Maris Martínez citó a Luis Niño, quien dijo que “el sistema penal es una trampa para cazar niños”. “Con este proyecto de ley lo único que vamos a hacer es ampliar la trampa”, afirmó, y lo definió como “una suma de mentiras” donde “lo mediático tuvo mucho que ver”, al crear “la falsa idea de que la seguridad está en peligro por los terribles delitos que cometen los adolescentes”.

Al respecto de las estadísticas oficiales, Martínez evaluó que los datos enviados por los juzgados nacionales que utilizó el Gobierno provienen de la Ciudad de Buenos Aires, donde “la mayoría son hechos mínimamente lesivos de delitos contra la propiedad”, y que además “cotejan la actualidad con la pandemia, donde claro que hubo mucho menos casos porque la gente no salía a la calle”. “Son cifras construidas de manera perversa y sobre esa base quieren hacer una ley de reforma penal juvenil”, expresó.

Sin embargo, al igual que otros expositores, señaló que “la ley actual es muy mala”, y lo atribuyó a que “los jueces no se preocupan mucho por aplicarla bien y porque no están preparados los verdaderos mecanismos, que nada tienen que ver con la cárcel”, sino con “el fortalecimiento de la familia”. Pero advirtió sobre la propuesta del Gobierno: “Sin dudas va a aumentar el nivel de reincidencia”.

A su turno, Marisa Graham apuntó contra el Congreso si decide avanzar con la aprobación del proyecto, al afirmar que “es muy difícil legislar sobre un sujeto que no conocen”. “No saben quiénes son nuestros pibes, qué hacen, dónde están, qué necesitan”, fustigó, al calificar que “todos los proyectos son punitivistas”. “El del Poder Ejecutivo es el peor, los otros son más prolijitos, pero todos están pensando en lo mismo y todos son perversos. Los índices de criminalidad no se bajan así, va a haber más reincidencia y eso va a generar mayor inseguridad”, remarcó.

Con esas consideraciones, la funcionaria aseguró que “los niños, niñas y adolescentes son más víctimas que victimarios” por las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría. “En la Argentina, sólo el 0,45% de los chicos comete algún delito. Quiere decir que el 99,55% no comete ningún delito. Están bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de indigencia, pero no están cometiendo ningún delito”, reafirmó.

El obispo Gustavo Carrara propuso cambiar la óptica: “Estos proyectos de ley plantean qué hacer con los menores, pero la gran pregunta es qué hacer con nosotros, los adultos. Tenemos la tendencia de buscar algún chivo expiatorio para que cargue nuestros males, nuestras culpas. En este caso, por ahí queremos cargar todas las culpas sobre los más chicos”.

Como ejemplo, el vicario general del Arzobispado de Buenos Aires se preguntó: “¿Cómo llega un arma con la cual un adolescente podría hacer muchísimo daño? El tráfico de armas es una cuestión del mundo adulto, no de los niños, niñas y adolescentes”. Y pidió también estar atentos a lo que Adela Cortina define como la “aporofobia”, que es el rechazo a los pobres. “El odio a los pobres –advirtió– se filtra sutilmente de una u otra manera”.

Carrara citó al sacerdote y educador San Juan Bosco, quien decía: “Cuando visito a un joven en la cárcel, lo primero que tengo que decir es que llegué tarde”, en referencia a que “hay una historia de sufrimiento y de dolor que se podría haber evitado”. En ese sentido, sostuvo que “trabajar por los derechos sociales es trabajar para que los niños, niñas y adolescentes sean felices, pero también para evitar mucho sufrimiento silencioso, que aunque no lo escuchemos, existe”.

Otra de las voces que se oyeron fue la de Federico Samudio, un acompañante par del Hogar de Cristo. El joven compartió su dura historia de vida, donde la pobreza en la niñez corrió en paralelo al consumo de drogas y el ingreso a la delincuencia a muy temprana edad. “Vivo en Barracas, en la Villa 21-24. Yo era un chico normal. Iba a la escuela, tenía mi papá, que siempre trabajó. Vivía con mi mamá y éramos siete hermanito más chicos. Pero cuando tenía 10 años a mi papá me lo mataron y ahí empezó a faltar la comida en mi casa”, inició su relato.

Desde ese momento, pasó a vivir más en la calle que en su hogar o la escuela, y a frecuentar a adultos vinculados a la delincuencia. “Empecé a robar con la gente más grande. Llevaba la plata a mi casa y le decía a mi mamá que me había ido a llenar una losa, a levantar una pared, que ayudaba a algún vecino”, reconstruyó. “Era una carga muy pesada –reflexionó, hoy con 30 años–. Siendo muy chico agarré la calle, no tuve una infancia, no tuve ninguna ayuda tampoco”.

En un episodio, Samudio reveló que mató a una persona. Entró y salió de cárceles de todo el país –la última vez, en 2018–, hasta que conoció el Hogar de Cristo, donde pudo encontrar contención y un proyecto de vida.

“Me empezaban a acompañar, me visitaban y me desahogaba con ellos. Hoy acompaño a los chicos que están privados de su libertad, los voy a visitar a la cárcel de Devoto, y eso me hace bien al corazón, ayudar al otro, devolver un poco de lo que hicieron conmigo”, compartió Federico.