Tras el ajuste en la Conadi, Axel Kicillof creará un organismo para buscar a personas apropiadas en la dictadura

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy la creación de una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. Tomó esa decisión luego de reunirse con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ante el cierre del organismo en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional que se dedicaba a dicha tarea.

“Ayer nos enteramos que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo”, aseguró el mandatario bonaerense.

“En la Provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, remató en su mensaje oficial en su cuenta personal de X.

La medida de Kicillof se resolvió en respuesta a la reciente disolución de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que dependía de la Conadi. Ayer, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 727/2024, que elimina la entidad que asistía a solicitudes judiciales y fiscales relativas a bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. La unidad se había creado en el año 2004 y siempre se había mantenido en funcionamiento, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.

El organismo tenía facultades para “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional”, entre otras tareas. También efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El gobierno libertario defendió la eliminación de esta unidad especial, al señalar que la entidad tenía competencias que corresponden al Poder Judicial y que, por lo tanto, afectaba a la “división de poderes” y “violentaba el régimen constitucional”.

“Gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”, señaló el comunicado que emitió el ministerio de Justicia de la Nación, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona.

“Este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda, que es un derecho humano y universal. No es algo nuestro. Llevamos más de 47 años de lucha y este impedimento creo que es aberrante. Esto es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más, y se hable de cosas que realmente siempre perjudican a la sociedad”, sostuvo Estela de Carlotto sobre esa medida en diálogo con El Destape 1070.

La reacción de Kicillof, con el anuncio de un nuevo organismo de búsqueda de los nietos e hijos apropiados durante la represión ilegal, se enmarca en un contexto donde las políticas de derechos humanos están siendo discontinuadas o se ven alcanzadas por fuertes recortes en el gobierno de Javier Milei, que sostiene un discurso respecto del tema que es opuesta al de los gobiernos anteriores.

Algunas de esas medidas son, por ejemplo, el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA). Esta dependencia se había sido creado en marzo de 2010 y funcionaba para asistir en la elaboración de información para conocer las estructuras y cadenas de mando del sistema represivo y personal militar involucrado en acciones ilegales. El ministro de Defensa, Luis Petri, calificó al equipo como “un grupo de persecución y macartismo” y cuestionó su legalidad al calificarlo de “parajudicial”.

También se discontinuó el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que surgió de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008 sobre publicidad de los juicios.

Se interrumpió la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 en la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Faltan nombramientos en puestos claves como la dirección del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.

En paralelo, según denunció el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), se están desfinanciando los sitios de memoria en todo el país y hay dilaciones en la política de reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura, a partir de “denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública”.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, varios funcionarios que responden a La Libertad Avanza (LLA) defendieron posturas que niegan el terrorismo de Estado en el gobierno de facto de 1976 o minimizan la gravedad de los delitos cometidos por las FFAA en el período de represión ilegal. La última controversia fue la de los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Julio César Arguello, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra que visitaron en la cárcel de Ezeiza a Alfredo Astiz y los represores de la última dictadura. Los militares condenados cuestionan los juicios de lesa humanidad y piden ser liberados.