![Superintendencia de Servicios de Salud](https://www.infobae.com/new-resizer/fx5XuwPNc2v1a3vx6tzu0tBdSBk=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ESLNGDTOWZCVZIICB3KEXDCLRM.jpg 420w)
El Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), descubrió presuntas irregularidades en la rendición de millonarios subsidios otorgados por parte del Estado a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a obras sociales por servicios de transportes destinados al supuesto traslado de 32.518 beneficiarios con discapacidad, a quienes debían derivar a servicios de atención, establecimientos educativos, o centros de día, entre otros lugares. La cifra que estas empresas le facturaron el mes pasado a las obras sociales y que estas, sin aparente control, o en “complicidad”, derivaron a la Superintendencia es “desmesurada”, según la calificación de uno de los funcionarios de La Libertad Avanza; dado que el monto es de $14.480.200.798. La cifra se corresponde con las distancias que combis, utilitarios y autos habrían recorrido para transportar a esos afiliados: 28.680.480 kilómetros. Sí, más de veintiocho millones de KM, o el equivalente a 74,61 viajes a la luna. Esto es más de 882 kilómetros por persona. Algo más que un viaje ida y vuelta a Mar del Plata. Una enormidad si se tiene en cuenta que los centros de atención de estos afiliados no suelen estar a más de 10 o 20 kilómetros a la redonda de su hogar. Claro, siempre puede haber alguna excepción.
![Funcionarios de la SSS descubrieron presuntas irregularidades en la rendición de millonarios subsidios otorgados por parte del Estado a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR)](https://www.infobae.com/new-resizer/V12iR-I5YMOskqskZgyCzBXcCzs=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AJHB2NI3KNC4XMHMS4F72PAKWU.jpg 420w)
Esta presunta sobrefacturación a la Superintendencia de Servicios de Salud determinó que las autoridades de la SSS modificarán la resolución vigente para que de aquí en más “el control sea más estricto y no ocurra lo que viene sucediendo”. Esto significa -explicaron los funcionarios consultados por este medio- “que la documentación se presentará en forma digital para que la Superintendencia revise la legitimidad de las facturas a través de los servicios de AFIP”. Es decir que se podrían haber estado utilizando facturas apócrifas o emitidas por “empresas usinas”.
Ante cualquier anomalía detectada, y que no haya sido verificada por la obra social “generará automáticamente una detracción de fondos a la obra social de parte del organismo. Esto es porque la Superintendencia abona el subsidio contra factura. Por eso, si la misma “presenta alguna anomalía se le descontará el monto a la obra social”.
Desde la SSS también explicaron que “se van a disminuir los tiempos de pago que tienen las obras sociales a los prestadores”.
Las autoridades también están evaluando “desvíos de prestaciones que no están incluidas en el mecanismo de integración (discapacidad) pero son facturadas a la obra social y aceptadas como si estuvieran incluidas y giradas a la SSS” para que el organismo pague un subsidio que no corresponde.
![El superintendente Gabriel Oriolo realizará modificaciones para mejor control en la facturación de las obras sociales](https://www.infobae.com/new-resizer/C9Wd90wN0GOSwycyAOHNQtfMDXQ=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GATZRGLLW5FTLLBVUF5MMONJMY.jpg 420w)
“Todo esto se realiza en el marco del reordenamiento que está llevando adelante la Superintendencia de Servicios de Salud a partir de recuperar el rol fiscalizador que el organismo había perdido”, afirmaron.
Consultados por Infobae, los funcionarios de la SSS opinaron: “Estos números son una muestra más del descalabro que existía en el sistema y cómo desde la Superintendencia se miraba para otro lado”.
La SSS está a cargo del superintendente Gabriel Oriolo. Como gerente general se desempeña Claudio Stivelman. Para el Gobierno, ni en la SSS ni en ningún otro organismo del Estado, “no hay más lugar para los curros de algunos pocos con la plata de todos” y aclararon que: “El objetivo es tener un Fondo Solidario más transparente y eficiente”
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR); consiste en un reintegro de dinero a las obras sociales que se ideó para evitar el colapso económico que significaría solventar tratamientos complejos y de alto costo, como tratamientos oncológicos, medicamentos para enfermedades sanguíneas, para personas con HIV-SIDA o trasplantados. También para la atención y servicios a personas con discapacidades, como motoras, visuales, auditivas, o con síndromes como Down o Asperger, entre muchas otras.
El trabajo de auditoría realizada sobre la última facturación del rubro trasporte para la atención de “integración” arrojó los siguientes resultados:
•Los transportistas le facturan a las Obras Sociales los kilómetros realizados.
•Las Obras Sociales, sin control alguno, presentan esas facturas en la Superintendencia y se paga con plata del Fondo Solidario de Redistribución.
•El Mecanismo de Integración (discapacidad) representa hoy un 82% del Fondo Solidario de Redistribución. Casi 85 mil millones de pesos.
•De esos 85 mil millones de pesos, 14.5 mil millones corresponden a transporte.
•El informe también refiere que: “En el sector, históricamente hubo dudas sobre la cantidad de kilómetros que los transportistas y las obras sociales presentaban a la SSS”.
•El descubrimiento de estas presuntas anomalía fue posible porque la actual gestión pidió a las obras sociales las facturas para comprobar que hay un mal manejo y un fraude de parte de los transportistas”.
•En el mes de junio, que se va a pagar en agosto, se facturaron 28.680.480 kilómetros.
•Esto para un universo de 32.518 afiliados (de todas las obras sociales).
•La cuenta da más de 800 kilómetros por afiliado en el mes.
•Se detectaron facturas de más del cuádruple del promedio por afiliado, más de 3.000 km. Una distancia similar a la que hay entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.