Se prolonga la tensión entre CABA y el gobierno nacional frente a un PRO incómodo

El nerviosismo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires se exacerba cada semana con nuevos frentes de conflicto. Con el reclamo de los fondos de la coparticipación federal que reclama Jorge Macri y permanece sin solución de parte del ministro de Economía, Luis Caputo, otra inquietud llegó en los últimos días con la quita de subsidios a las 31 líneas de colectivos que circulan por los barrios porteños.

Ayer, faltó un espaldarazo del PRO frente los renovados reclamos del jefe de Gobierno porteño. Aunque el propio Mauricio Macri ofició de vocero en los últimos meses en relación al planteo de su primo alcalde, el tema estuvo ausente de la agenda del último encuentro.

“No hablamos del tema coparticipación más allá de que hay un fallo. Entendemos que están tratando de ponerse de acuerdo entre el Ministro de Economía y el Jefe de Gobierno de la Ciudad”, señaló el diputado nacional, Diego Santilli, sobre la reunión, en una clara señal de distensión. “Tema coparticipación entiendo que está encaminado”, afirmó el legislador nacional, quien ratificó el apoyo partidario a Milei porque es lo que eligió la sociedad. “Vamos a trabajar sin mezquindad”, apuntó.

En ese cónclave estuvieron Mauricio Macri, los gobernadores Nacho Torres, de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos (por Zoom); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), que es vicepresidenta del PRO, y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti; el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis. La cita fue de rutina y se abordaron temas de índole partidaria.

El tema empieza a resultar incómodo. Desde Uspallata evitaron hacer comentarios sobre el encuentro. De hecho, Jorge Macri no pudo estar presente.

Si bien hay gestos de acercamiento desde los lugartenientes de Mauricio Macri, las diferencias entre el PRO y el gobierno libertario siguen latentes. El apoyo político en el Congreso y en el rumbo de la gestión está garantizado, pero hay impaciencia en la implementación de las reformas de la Ley Bases y otras medidas. De manera lateral, los recursos coparticipables de la Ciudad es otro de los puntos controversiales que atraviesa a la relación, cuyas vías de resolución se reducen mientras el Gobierno avanza en un plan de ajuste drástico del gasto público.

Para Jorge Macri, el ministro Luis Caputo incumplió con lo acordado de transferir los fondos de la coparticipación que estableció la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2022, el máximo tribunal le dio la razón al reclamo de CABA contra la gestión de Alberto Fernández y dictaminó que se aumente la coparticipación a la Ciudad del 1,4% al 2,95%. Tras una reunión con Jorge Macri, había expectativas y un compromiso de que se acate la medida, pero al final el asunto está lejos de estar encaminado.

Desde agosto, estaba previsto que el Gobierno nacional iba a pagar el diferencial de los fondos. No es lo que ocurrió, y el GCBA protestó ante Nación. El viernes 2 de agosto, la cartera de Economía de Nación empezó a regularizar los pagos y liquidó $20.000 millones. Y se pagaron otros $20.000 más el viernes 9 de agosto. El compromiso es que se hagan estos depósitos de manera semanal.

Fuentes de Uspallata indicaron a Infobae que lo transferido no lo consideran como cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, sino como “a cuenta” de la coparticipación adeudada en los últimos años, desde que se generó el conflicto en 2020.

En total, son entre 80.000 y 90.000 millones de pesos mensuales adicionales que deben ingresar a las arcas del fisco porteño. Pero esta solución no conforma a Jorge Macri. El problema está en que la metodología de pago es discrecional y lo definió el ministerio de Economía de manera unilateral. Se esperaba que las transferencias fueran automáticas, como establece la legislación de la coparticipación. El GCBA se opone firmemente a estos pagos, porque depende de la voluntad política de Caputo y Milei. Hoy la plata está, pero en el futuro cercano podría sacarse.

Por eso, el jefe de Gobierno porteño instruyó a que el procurador General porteño, Martín Ocampo, vuelva a denunciar el “incumplimiento reiterado” del fallo. Además, exigió la ejecución “inmediata” de la cautelar y solicitó, incluso, apercibimientos de penas económicos (astreintes) en caso de persistir la displicencia sobre lo ordenado por la Justicia.

La pulseada por estos recursos se inició en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández. El ex mandatario, mediante un DNU, dejó sin efecto la suba del 1,4% al 3,5% que había dispuesto Mauricio Macri por el traspaso de la Policía Federal al gobierno porteño. Un decreto del gobierno del Frente de Todos volvió a la coparticipación anterior a la época del macrismo. Por esta medida, se le transfirieron 30.000 millones de pesos anuales a la provincia de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad en aquel momento, recurrió inmediatamente a la Justicia. Alberto Fernández no cumplió con el fallo de la Corte Suprema, y por el momento, tampoco lo está acatando Milei en términos formales.

Los recortes a los recursos de las jurisdicciones comenzaron a poco de la asunción del presidente Javier Milei, quien podó las transferencias a las provincias con el argumento de “no hay plata”. El recorte alcanzó a las partidas discrecionales y otras que surgían de leyes específicas, y que se habían mantenido en los últimos tres gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Estas erogaciones, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se realizaban de manera automática, pero se redujeron en bloque con la marcha de la administración libertaria. La quita provocó la rebelión de los gobernadores patagónicos. Pronto, los jefes de Estado locales de todo el país apoyaron el reclamo. Entre ellos, Jorge Macri.

A tono con el plan oficial de reducir los fondos de Nación a las provincias a su mínima expresión, el Gobierno nacional añadió otro frente de conflicto con CABA la semana pasada, tras intimar a la jurisdicción a que se haga cargo del transporte de colectivos que circulan por el distrito. “Hemos establecido que, desde septiembre, la Ciudad de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado nacional no va a poner un peso en la Ciudad”, sostuvo el secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta. El costo económico de la medida, si la asume el distrito porteño, alcanzaría los $8.500 millones de pesos. El esquema actual de financiamiento es mixto: el 55% aporta la Ciudad y el 45% del Tesoro nacional.

Como es de esperar, el gobierno porteño se opone a este traspaso unilateral. El ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, le envió una carta a Luis Caputo en el que recuerda que los colectivos en discusión tienen jurisdicción nacional, por lo que Nación tiene el “exclusivo cargo de las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento”. Y agregó: “La Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación. Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación”.

Hasta ahora, el gobierno nacional mantuvo bajo su órbita la regulación de las tarifas, los mecanismos de control y fiscalización, así como el establecimiento de recorridos, frecuencias y horarios. Por lo que Bereciartúa también le advirtió al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que frente al caso de que el Estado Nacional “no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”.

La gestión de Jorge Macri no quiere asumir estos costos políticos y económicos. Ayer, subieron las tarifas de los viajes de colectivo en la Ciudad en un 37,5% promedio, fijando el boleto mínimo en $371,13. Si se considera la quita de subsidios, los cálculos sectoriales apuntan un boleto de menor valor a un costo de 850 pesos. Se trataría de un nuevo golpe al costo de vida que afectaría a un sector significativo de la base electoral del macrismo.