El Gobierno apuesta sus últimas cartas para modificar la ley que mejora las jubilaciones

En un último intento para evitar una derrota y salvar a Javier Milei de un veto -total o parcial-, funcionarios de Jefatura de Gabinete aterrizarán esta tarde en el Senado para negociar cambios a la ley que mejora las jubilaciones, de cara a una sesión que se realizará el jueves en la Cámara alta. En tanto, desde las 18.30 de hoy, los titulares de las bancadas participarán de la reunión de Labor Parlamentaria junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para delinear la reunión de pasado mañana en el recinto.

Con el agua hasta el cuello y demoras evidentes que tensaron el escenario legislativo, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, entre otros -no sería de la partida Guillermo Francos-, se juntarán con sectores considerados dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical y silvestres provinciales para ofrecer una vía de escape al proyecto, aprobado en Diputados en junio pasado, que establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

La iniciativa demás incorpora una compensación extra -o “empalme”- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El oficialismo senatorial sugirió que esto fuera a partir de la publicación de una eventual ley, sin retroactividad, algo inaceptable para los dialoguistas. En un momento se pensó en ofrecer un mes intermedio -abril o mayo-, pero esto nunca ocurrió.

Para evitar que la actualización de la canasta básica -se efectiviza después del pago de los haberes- no quede desfasada, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Esto fue observado en el Senado y el Gobierno pidió dinamitarlo. Algunos diputados que votaron este artículo reconocieron después que se les fue “la mano”. Son los mismos que criticaron a la Cámara alta por las modificaciones que hizo a la Ley Bases y al paquete fiscal y que, según la semana, son amigos o enemigos acérrimos de Milei.

Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que la Casa Rosada no tolera.

Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.

El Gobierno dejó en claro que este artículo significará la resignación absoluta y total de déficit cero. No obstante, anoche se especulaba con un guiño u ofrecimiento desde el Ejecutivo relacionado con las cajas jubilatorias no transferidas para calmar las ansias de apremiados gobernadores -en medio de un feroz ajuste- para activar una vía de escape y así salvar una ley que, en caso de ser modificada, volverá en segunda revisión a Diputados.

Tras meses de discusión trabada por un empate virtual, que no puede ser saldado por Villarruel -cuestión electoral precisa mayoría absoluta, es decir, 37 voluntades-, el equipo de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta y un puñado de senadores dialoguistas -como el radical Maximiliano Abad o el peronista disidente Juan Carlos Romero- sellaron un preacuerdo semanas atrás para una iniciativa que promueve el modelo cordobés, de una sola boleta para todos los cargos nacionales.

Las sugerencias del Gobierno van en sentido contrario a dicho entendimiento, lo que generó incertidumbre en el sector dialoguista. Por caso, la Casa Rosada quiere que un distrito pueda adherir sus cargos provinciales y municipales a los nacionales. Una misma BUP para todo y una sola urna. Y va más allá: incorporar el casillero para votar lista completa también en las PASO, no sólo para las generales, como el texto de Diputados. Este punto fue bastante discutido en 2022. Bajo este precepto, los partidos provinciales -clave para un entendimiento- acusarían desventaja.

Otros movimientos sobre los que direcciona la lupa el Ejecutivo apuntan a trocar plazos de campaña -aumentar-, así como también la presentación de candidatos, la potestad de conformar la BUP, la ubicación del primer domingo de agosto para las PASO y el reconocimiento de alianzas electorales, entre otros asuntos.