Javier Milei manifestó su apoyo al proyecto de ley que impulsa el PRO en Diputados para quitarle la pensión de privilegio y la custodia a aquellos funcionarios que sean condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. La iniciativa apunta a Alberto Fernández, quien enfrenta un proceso penal por la causa de los seguros y por violencia de género acusado de golpear a su ex pareja, Fabiola Yañez.
“Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma”, dijo el Presidente sobre la norma, citando un tuit del diputado Damián Arabia, autor de uno de los textos.
Los proyectos para quitarle la pensión de privilegio al ex presidente fueron dos. Uno encabezado por Silvana Guidici y 12 diputados del PRO y otro por Damián Arabia, también del bloque que comanda Cristian Ritondo. La propuesta es modificar la Ley 24.018, sobre pensiones de vitalicias de privilegio para presidente, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Busca incorporar dos párrafos que establezcan que aquellos funcionarios condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública quedarán fuera del régimen especial que rige actualmente y pasarán a regirse por el régimen general conforme las previsiones.
El texto señala que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia. Y enumera los siguientes delitos: causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, delitos contra la integridad sexual. Además, incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones.
Por su parte, Arabia presentó una propuesta similar, pero que introduce la eliminación de la pensión a partir de un procesamiento judicial y no incluye el retiro de la custodia. Ambos legisladores tienen la intención de unificar eventualmente los proyectos para avanzar en las comisiones.
Según información brindada por ANSES en el mes de abril, la pensión a la que accede Alberto Fernández en calidad de ex presidente de la Nación alcanza los 7 millones de pesos. El trámite fue iniciado por él mismo en el mes de diciembre, a tres días de su salida de la Casa Rosada. Tres meses después, el organismo autorizó el pago.
En el contexto de la denuncia de Yáñez se ha argumentado la necesidad de revisar los privilegios otorgados a ex presidentes en función de sus condenas judiciales. Puntualiza el articulado que la mala conducta de un ex jefe de Estado no solo traiciona la confianza ciudadana sino que perpetúa ciclos de injusticia y desigualdad.
La génesis de esta iniciativa legislativa fue la denuncia de Yáñez en la causa judicial sobre presuntos hechos de corrupción asociados con los seguros desde febrero. La Justicia investiga a María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, y a Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero y broker de seguros, por posibles beneficios obtenidos a través de contactos con el ex presidente. En el curso de esta investigación surgieron evidencias de violencia de género, lo que llevó a Yáñez a formalizar su denuncia.
En el documento presentado, con la asistencia técnica de la abogada Mariana Gallego, Yáñez describe las agresiones, golpes y malos tratos sufridos durante su relación con Fernández. La ex primera dama también acusó al Ministerio de la Mujer de Alberto Fernández de no brindarle apoyo.
Actualmente, Yáñez se prepara para declarar ante el fiscal federal Ramiro González y ampliar su denuncia. La justicia deberá decidir si la causa continúa en los tribunales de Comodoro Py o se traslada a jurisdicción de San Isidro, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en la quinta de Olivos.
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