Las fricciones entre Milei y Macri se profundizan por una decisión libertaria que beneficia a los metrodelegados

A Mauricio Macri le está saliendo cara su decisión de criticar al gobierno de Javier Milei. Ya se sabe que, luego de asumir como titular del PRO, el ex presidente le apuntó a los problemas de la gestión libertaria. Por eso no fue casual que la venganza mileísta se haya concentrado en la ciudad de Buenos Aires, el distrito que gobierna el macrismo: primero fue el retaceo de los fondos de la copartipación, luego el anuncio de que le quitarán los subsidios a los colectivos que circulan por CABA y, en el plano laboral, hubo una decisión de la Secretaría de Trabajo que beneficia a los metrodelegados, el gremio de los subtes dominado por kirchneristas y trotskistas, que es enemigo del gobierno porteño.

El problema se originó cuando el director nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, del equipo de Julio Cordero, instrumentó una decisión que fue adoptada antes de irse por Kelly Olmos, la última ministra de Trabajo de Alberto Fernández, al aprobar una nueva fecha para realizar una compulsa entre los metrodelegados y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con el fin de determinar cuál se quedará con la representación de los trabajadores de los subterráneos.

Esa resolución tenía instalada una bomba de tiempo para el gobierno de Jorge Macri: la compulsa es un procedimiento previsto por la Ley de Asociaciones Sindicales que implica un cotejo de la cantidad de afiliados cotizantes entre dos o más organizaciones para determinar quién se quedará con la personería gremial, ese reconocimiento del Estado al sindicato más representativo por rama de actividad que le permite firmar las paritarias y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos. Hoy, ese “poder de lapicera” lo sigue manteniendo la UTA desde que, en 2018, la Corte Suprema les quitó la personería gremial a los metrodelegados, otorgada por el gobierno de Cristina Kirchner 10 días antes de dejar el poder, en 2015, tras una compulsa entre los dos sindicatos.

Sin embargo, los ministros de la Corte confirmaron un fallo de primera instancia que consideró que el ministro de Trabajo Carlos Tomada no le dio la debida intervención a la UTA en la audiencia de compulsa de afiliados con la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), el nombre oficial de los metrodelegados. Aun así, el conflicto no finalizó con la sentencia del máximo tribunal. En 2020, el sindicato de Pianelli y Segovia pidió nuevamente en el Ministerio de Trabajo una compulsa para dirimir la personería gremial, pero Claudio Moroni no quiso meterse en ese tema.

En cambio, Kelly Olmos reactivó el reclamo de los metrodelegados y citó a la compulsa para el 26 de enero, cuando ya no iba a estar en su cargo de ministra de Trabajo. El gobierno de Milei heredó este pleito envenenado y, pese a que se trataba de un gremio opositor, dio luz verde a la audiencia: la primera fecha se fijó en marzo, luego se postergó hasta mayo y finalmente se volvió a diferir por pedido de una de las partes. Allí fue cuando la administración de Jorge Macri se movió con más intensidad para alertar al gobierno nacional que la compulsa podría beneficiar una vez más al sindicato combativo de los subtes y perjudicar a un gremio de perfil dialoguista como la UTA.

Hubo una llamada entre el secretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Jarvis, y Aquino, el promotor de la compulsa desde la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, pero la charla fue infructuosa. Los diálogos subieron de nivel hasta llegar a Cordero, el secretario de Trabajo de la Nación. En el gobierno porteño creen que el tema quedó virtualmente bloqueado y deslizan que se trató de una represalia del mileísmo contra el bastión político macrista ante la postura del titular del PRO.

Desde la UTA, liderada por Roberto Fernández, un peronista clásico que negocia con todos los gobiernos desde que asumió, en 2006, aseguraron que aún no recibieron ninguna notificación oficial para la compulsa y que no están preocupados por los resultados de ese procedimiento: “Como tenemos una sola personería, que incluye tanto a los trabajadores del subte como a los choferes de colectivos de corta media y larga distancia, deberíamos participar con todos nuestros afiliados ya que no existe una personería especial para los subtes”, interpretó uno de sus voceros.

La pelea por la representación sindical de los subtes lleva muchos años y llegó a su punto máximo en 2009, cuando el cuerpo de delegados del sector, que cuestionaba la estrategia de la UTA, impulsó un plebiscito entre los trabajadores en el que ganó la propuesta de crear un sindicato propio.

Allí nacieron los metrodelegados, liderados desde entonces por Roberto “Beto” Pianelli, ex militante del Movimiento al Socialismo (MAS), y Néstor Segovia, adherente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y luego del partido MILES, de Luis D’Elía. Con el paso de los años se acercaron al kirchnerismo y fueron moderando su perfil ultracombativo que atormentaba a los usuarios del subte con sus protestas. En el camino perdieron terreno ante el trotskismo duro de Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

En las últimas elecciones del AGTSyP, en 2022, la lista del oficialismo que fue por la reelección de la dupla Pianelli-Segovia logró el 59% de los votos, pero la izquierda dura, con la lista Multicolor, logró un impactante 41%, cifra que representó un crecimiento del 8% respecto de la votación de 2018, y ganó en las líneas B (donde ya predominaba a través de Dellacarbonara) y, por primera vez, en la C.

Por eso, en el fondo, la eventual oficialización de los metrodelegados si obtienen la personería gremial es un dato que preocupa tanto a la empresa concesionaria del subte, Emova, como al gobierno porteño. Aunque los canales de diálogo están más aceitados que hace 15 años, sentarse a discutir con la UTA es una garantía de poder alcanzar acuerdos salariales y laborales con más facilidad.

En el entorno de Cordero, le restaron dramatismo a esa posibilidad y afirmaron que la audiencia de la compulsa no está frenada: “La fecha la había fijado Olmos antes de irse, pero después se suspendió. Aunque retomamos ese expediente, hubo una presentación de los metrodelegados y después otra de la UTA pidiendo la nulidad. Pero es un expediente que no está detenido y sigue su trámite”.

La misma fuente confirmó que “el gobierno porteño expresó su preocupación por lo que podía pasar” con la compulsa, pero “tampoco dijo que habría que hacer una cosa u otra”, y enfatizó que el impulso al cotejo de afiliados entre los metrodelegados y la UTA “bajo ningún punto de vista es una vendetta” contra el macrismo. “Igual es cierto que no los estamos ayudando”, admitió, tras lo cual tuvo una frase sugestiva: “No hay una decisión del Gobierno de ayudar (al gobierno porteño) con este tema. Somos totalmente asépticos en esto. La compulsa se hará cuando corresponda”.