Alberto Fernández pidió que la causa por violencia pase a San Isidro y se demora la declaración de Fabiola Yañez

El ex presidente Alberto Fernández pidió en las últimas horas que la denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez, por violencia y otros delitos, salga de los tribunales Comodoro Py y se traslade a la justicia federal de San Isidro, donde tramita la causa por la Fiesta de Olivos. Fuentes judiciales le confirmaron a Infobae que la nueva abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, hizo una presentación ante el juez federal Julián Ercolini.

Ese escrito modificó el curso de la causa, al menos en las próximas horas. La defensa de Fabiola Yañez, ahora en manos de la abogada Mariana Gallego, analiza postergar la declaración ante el fiscal Ramiro González, que quedó a cargo del expediente. “Si la causa pasan a San Isidro no tiene sentido que declare este fin de semana, sino terminaría declarando dos veces”, explicó una fuente desde Madrid.

Formalmente, Yañez todavía no declaró. Hizo una exposición ante el juez Ercolini el martes pasado.

En las próximas horas no habrá novedades, al menos desde el punto de vista judicial. Si no hay sorpresa, la nueva abogada de Fabiola haría una presentación ante el consulado argentino en Madrid el próximo lunes para formalizar su designación. Y luego podría pedir ser querellante.

La causa por violencia comenzó el martes, cuando Yañez llamó al juez Ercolini y le informó que quería hacer la denuncia. El magistrado la delegó al fiscal Carlos Rívolo, pero ayer se mandó a sorteo y le volvió a tocar a Ercolini. De esa manera, el caso salió del juzgado federal 11, donde sigue tramitando la causa de los seguros, y quedó en el juzgado 10, con la intervención de Ramiro González.

Sin embargo, el pedido de allanamiento en el departamento de Alberto Fernández lo firmó Rívolo, que reemplazaba hasta la medianoche del viernes a su colega por una licencia.

Durante ese operativo, a cargo de la Policía Federal, se secuestraron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y 2 memorias, según publicó Infobae. “La orden era secuestrar todos los dispositivos”, dijo una fuente de la causa. Como rige el secreto de sumario, apenas trascendieron algunos detalles.

A partir de hoy, la investigación tramita en la fiscalía de González, que también intervino en la causa por la Fiesta de Olivos. En ese expediente imputó a Fernández, a Yañez, y el resto de los invitados por violar las normas contra el COVID-19. Pero luego el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y mandó todo a la Cámara Federal de San Martín.

La nueva abogada de Yañez, Mariana Gallego, llegó esta madrugada a Madrid (España) y ya tomó contacto con la ex primera dama para definir la estrategia jurídica. En principio, no declarará hasta que se aclare el conflicto de competencia.

La causa que conmovió al país comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. En una de esas conversaciones, Yañez le relató a Cantero varios actos de violencia. También le mandó fotos.

La existencia de esos mensajes fue revelada el domingo pasado por el diario Clarín. Alberto Fernández se enteró que todo se iba a hacer público el sábado a la tarde. “Es el final de mi carrera”, le dijo a un interlocutor ese mismo día.

Tras la revelación periodística, Yañez y el ex presidente volvieron a comunicarse, según pudo saber este medio. Esas conversaciones, por momentos muy tensas, derivaron en la denuncia. El martes al mediodía (hora de Argentina), la ex primera dama tomó su teléfono y llamó al número fijo de la secretaria privada del juez Ercolini. Pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama apenas le contestó. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia por Zoom.

Además de confirmar los hechos de violencia, Yañez dio a entender que el ex presidente la había amenazado para que no haga la denuncia. Por ese motivo, el juez le ordenó a Fernández que no se comunique más por teléfono, ni por redes sociales. Y le prohibió la salida del país.

Anoche, ante la presentación del fiscal Rívolo, Ercolini ordenó el allanamiento en el departamento del ex presidente y el secuestro de los teléfonos, que ahora serán peritados como el resto de los aparatos. Ese material también podría dar un vuelco en la causa de los seguros.

Ahora, el juez deberá decidir si se declara incompetente. La nueva abogada de Alberto Fernández sostuvo en su presentación que el caso debería continuar en el fuero federal por su condición de ex presidente, aunque fuera de Comodoro Py. Pero el fiscal González podría oponerse. En ese caso, debería intervenir la Cámara Federal. Esa discusión tomará algunos días.

Todo indica que el caso terminará finalmente a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de muy bajo perfil. Ese magistrado ya estuvo a cargo de la causa por la Fiesta de Olivos. En ese momento, el expediente también arrancó en Comodoro Py y luego pasó a la jurisdicción de la quinta de Olivos.

Pese a los reiterados intentos de sus abogados, Fernández nunca fue sobreseído por la “Fiesta en Olivos”. El único impedimento para que eso ocurra depende de la Corte Suprema, que todavía no contestó un recurso de queja de los padres de Solange Musse para ser aceptados como querellantes. Mirabelli dijo varias veces que no tomará una decisión hasta que no estén firmes todos los recursos.