En medio de la presión internacional por el fraude en las elecciones de Venezuela del 28 de julio, la asociación civil argentina Bases Republicanas denunció hoy al régimen de Nicolás Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por delitos de lesa humanidad. Se trata de un organismo ligado al PRO, que tiene como referentes a Valeria Viola, presidenta, y a los abogados Jimena De Latorre, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, y a Mauro Vazón, presidente del mismo órgano de la provincia de Entre Ríos. La asociación solicitó en el documento, al que accedió Infobae, que la CIDH “intervenga con medidas cautelares ante la cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dicho país tras el fraude cometido por la dictadura de Maduro en las elecciones presidenciales”.
Bases Republicanas es una asociación civil que surgió durante la pandemia con el objeto de investigar y denunciar hechos irregulares e ilícitos del gobierno de Alberto Fernández, como el vacunatorio VIP. Cercana al PRO de Mauricio Macri, tiene entre sus integrantes a dirigentes como Federico Pinedo, actualmente sherpa de la Argentina ante el G20.
En la petición, los denunciantes enumeran todos los hechos que fueron violatorios de los derechos humanos de los venezolanos. “Creíamos que era necesaria hacer esta denuncia y lo trabajamos todo el fin de semana para hacer la petición”, le explicó a este medio Vazón. Estuvieron en contacto con dirigentes de la oposición venezolana, como Elisa Trotta, ex embajadora de Juan Guaidó que se encuentra asilada en Argentina.
En la petición de seis páginas, Viola, De Latorre y Vazón le exigen a la CIDH que “tome las medidas que considere pertinentes y necesarias para detener e impedir que funcionarios del gobierno o personas en nombre de él, realicen detenciones arbitrarias como las que se están cometiendo en suelo venezolano, y que son de público conocimiento”.
En ese sentido, señalan que durante las protestas civiles de los últimos días, en Venezuela hubo asesinatos y desapariciones forzosos. Enumeran 13 personas -de las cuales dos son menores de edad-, de los cuales no dan nombres por una cuestión de reserva.
El documento focaliza las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad en en Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el comandante del Ceofanb Domingo Hernández Lárez, el comandante general del Ejército bolivariano, José Murga Baptista, comandante general de la armada bolivariana, Neil Jesús Villamizar Sánchez, el comandante general de la aviación militar bolivariana, Santiago Infante Itriago, el comandante general de la guardia nacional bolivariana, Elio Estrada Paredes, el comandante general de la milicia bolivariana, Javier José Marcano.
Si bien Venezuela se retiró de la CIDH, aún forma parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuyo organismo principal es la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde el punto de vista formal, para que una petición ante la CIDH se admisible, se deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, el agotamiento de los recursos internos. Es decir, que la denuncia en cuestión haya pasado por todas las instancias judiciales del país en el que se violaron los derechos humanos denunciados.
En este caso, Bases Republicanas señala que tal requisito no se puede garantizar porque en Venezuela hay una dictadura que vicia la división de poderes y el Poder Judicial no es independiente. Por eso, apelan a que la Comisión haga lugar y exija medidas urgentes para el país caribeño proteja, respete y garantice los derechos humanos.
“Solicitamos a la CIDH que requiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas provisionales con el fin de detener la ocurrencia de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se agravan día a día en Venezuela”, consignó el equipo de Bases Republicanas que elaboró la presentación.
“Estamos convencidos que esta vez lo lograron, pero el régimen de Maduro cometió un fraude feroz que hizo tergiversar los resultados. El gobierno no puede mostrar las actas porque no quieren dejar el poder”, sostuvo Vazón, que es miembro fundador de Bases Republicanas.
Según supo este medio, la asociación tendió puentes con Sonia Cavallo, representante de Argentina ante la OEA para movilizar la petición. La CIDH no tiene plazos para recepcionar y expedirse sobre una petición. Por eso, en Bases Republicanas apelan a esas gestiones y a la presión internacional para que la denuncia llegue a buen puerto.
Al mismo tiempo, De La Torre, Viola y Vazón evalúan la posibilidad de presentar otra denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro como responsable internacional de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La petición tiene lugar en el mismo momento en el que el Gobierno de Javier Milei declaró al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones. Fue esta tarde a través de un comunicado de la Cancillería, que lidera Diana Mondino. “Argentina condena la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición, así como la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa”, señaló el texto que difundió hoy el Palacio San Martín.
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