La Cámara de Diputados empieza a debatir una legislación para regular la inteligencia artificial

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados empezará hoy a debatir una legislación que regule a la inteligencia artificial (IA), uno de los sectores de la economía que despierta el mayor interés del presidente Javier Milei. Hay siete proyectos que se presentaron ante el Congreso y, aunque la discusión aún no arrancó, las empresas tecnológicas ya expresaron su oposición ante la posibilidad de la sanción de una norma contraria a sus intereses.

La reunión está prevista, a las 14.30, en la Sala 4 del 3° piso del Anexo “A”. A la sesión, que estará presidida por el exministro de Salud bonaerense y diputado Daniel Gollán (Unión por la Patria), asistirán expertos y representantes de la industria para intercambiar miradas sobre las propuestas legislativas.

Las propuestas abarcan aspectos que incluyen desde la regulación y uso de la IA y su “funcionamiento ético”, como la “responsabilidad algorítmica”, los “algoritmos verdes”, la “promoción” de este tipo de tecnologías y aplicaciones puntuales como en el ámbito de la robótica y la educación.

Los distintos proyectos en danza tienen las firmas de los diputados Jimena Latorre y Facundo Manes (UCR); Victoria Morales Gorleri y María de las Mercedes Joury (PRO); Pamela Calletti (Innovación Federal); Anahí Costa (Unión por la Patria); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Juan Fernando Brugge (Partido Demócrata Cristiano).

Las empresas nucleadas en Argencon, que agrupa a los grandes exportadores del sector de economía del conocimiento como Accenture, Globant o Mercado Libre, sostienen que, además del talento humano y la extensión de su territorio, el marco regulatorio flexible es una de las ventajas para el desarrollo de una actividad que está en constante desarrollo y evolución.

“Los entornos normativos, regulatorios y fiscales deberán adecuarse para no obstruir la radicación de tecnologías, el trabajo creativo de los profesionales, la experimentación y la puesta en marcha de productos y servicios”, señala la entidad en un informe de 45 páginas.

La representación empresaria defiende “el principio de libertad creativa” para el desarrollo de la IA y este tipo de tecnologías, y señala que “debe ser compatible con la aplicación de las mejores prácticas profesionales y la mitigación de los riesgos a los ciudadanos”.

En la industria consideran que la IA tiene una “capilaridad” que va más allá de las principales compañías de tecnología, y que ya la están aplicando distintos rubros de economía y del entramado productivo. Por lo tanto, cuestionan las regulaciones que sean demasiado intervencionista. De hecho, observan con desconfianza el marco regulatorio que sancionó la Unión Europea sobre el tema y que entró en vigencia la semana pasada.

“En tanto las nuevas tecnologías están en plena evolución entendemos que no es aconsejable imponer marcos regulatorios restrictivos y supeditar el desarrollo científico-tecnológico a la supervisión de organismos que no aseguran un conocimiento del estado del arte”, señala el documento de Argencon.

“Sugerimos que el marco normativo argentino concentre su regulación sobre los usos finales de las tecnologías aplicadas, confiando en el criterio profesional de los desarrolladores para la aplicación de las mejores prácticas profesionales disponibles”, consideraron en la hoja de ruta “Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas. Fundamentos para el desarrollo de las capacidades argentinas”.

Algunas de las iniciativas focalizan en la dimensión ética e incluso, la facultad de prohibir desarrollos tecnológicos en caso de que haya una vulneración de principios éticos y morales.

“El avance de la IA deberá asegurar la participación de todas las personas o grupos, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen étnico o social, condición económica o cualquier otra forma o condición que pudiera alterar el respeto a la diversidad e inclusión social”, señala, por ejemplo, el proyecto de ocho páginas impulsado por Manes y Latorre.

Esta propuesta establece que “la autoridad de aplicación podrá detener los avances de la investigación, desarrollo o aplicación cuando considere que se vulneran los principios y valores éticos”.

También apunta a otros aspectos, como el cambio climático y la libertad de los individuos para decidir. “El progreso de la IA deberá asegurar la paz y la justicia entre naciones y no podrá menoscabar la libertad de los seres humanos, ni reducir su autonomía de decisión. Tampoco podrá poner en riesgo la seguridad individual o colectiva, ni dividir o enfrentar a las personas y los grupos, o amenazar la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio ambiente”, señala la propuesta de los legisladores radicales.

Varios de estos ejes forman parte del marco regulatorio de la UE, que habilita o prohíbe el uso de la IA en función del riesgo que genera para las personas. Además, identifica sistemas de alto riesgo que solo se podrán utilizar si respetan los derechos fundamentales.

Una posible regulación alcanzaría a la Resolución 710/2024 del Ministerio de Seguridad, publicado de la semana pasada, que creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para prevenir, detectar, investigar y perseguir los ciberdelitos. Se trata de uno de los usos tecnológicos que son controversiales para los especialistas. Por caso, esta aplicación estaría prohibido para la legislación de la Unión Europea.

El marco regulatorio del Viejo Continente señala que “los sistemas o aplicaciones de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir la libre voluntad de los usuarios, como los juguetes que utilizan asistencia vocal que fomentan el comportamiento peligroso de los menores, los sistemas que permiten la ‘puntuación social’ por parte de Gobiernos o empresas, y determinadas aplicaciones de la actuación policial predictiva”. Tampoco habilita la vigilancia masiva en espacios públicos y aplicaciones de tecnologías biométricas.

El presidente Javier Milei manifestó en más de una ocasión su deseo de convertir a la Argentina en un hub tecnológico de relevancia mundial. Según un reporte de la consultora McKinsey, el país es uno de los potenciales receptores de inversiones. En 2013, este sector acumuló una inyección de capital que asciende a los 125.000 millones de dólares en 2023.

Varios de los viajes a nivel internacional del mandatario argentino involucraron reuniones con los principales empresarios de la actividad. Durante una gira realizada en Silicon Valley, en Estados Unidos, Milei se reunió con Sundar Pichai de Google, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Meta, y Sam Altman, artífice de ChatGPT y Worldcoin. También tuvo un encuentro con Ellon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

Según Argencon, tiene que existir una adecuación de la legislación. Es que el cuerpo normativo e institucional aún vigente “fue desarrollado bajo el paradigma de sectores menos dinámicos, menos integrados al mundo y más asociados a bienes físicos”. Sin embargo, más allá de las cuestiones reglamentarias, la estabilización y normalización de la macroeconomía es un factor estructural que se deberá resolver para el despliegue nacional de la industria de IA.

“Debe garantizarse a los agentes privados la percepción plena del valor exportado eliminando brechas cambiarias, eventuales derechos de exportación, retenciones impositivas por falta de acuerdos de doble tributación con países con los que se comercia y toda traba que afecte su operación y esté fuera de los usos y costumbres de las economías libres”, señaló la cámara empresaria en su último reporte sectorial.

“De tal forma, Argentina evitará la fuga constante de profesionales y empresas que habiendo madurado en nuestro ecosistema deciden migrar a entornos laborales y empresariales más favorables”, concluyó.